Los antecedentes

La Ley 27360 sustituyó al Decreto Legislativo 885, Ley de Promoción del Sector Agrario, de noviembre de 1996, aunque en realidad los destinatarios de esa primera norma eran solo una reducida parte del sector agrario, como señalamos en un artículo anterior (1). El decreto legislativo declaró «de interés prioritario la inversión y desarrollo del sector agrario» y precisó que sus beneficiarios eran «las personas naturales o jurídicas que desarrollen cultivos y/o crianzas, con excepción de la avicultura, la agroindustria y la industria forestal».

Los beneficios del régimen establecido allí eran básicamente tributarios, por lo que solo alcanzaban al sector más moderno de la agricultura — pues se sabe que la gran mayoría de los agricultores no tributan—. Las normas laborales de promoción eran mínimas: registro, ante el Ministerio de Trabajo, de los contratos de trabajo sujetos a modalidad, y exoneración de pago de tasas administrativas. También se exoneró a los trabajadores del fenecido Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) y se creó el Seguro de Salud para los trabajadores —en sustitución del Régimen de Prestaciones de Salud—, con un aporte mensual de 4 %.

La Ley 27360, Ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario, repitió en el año 2000 el objeto del Decreto Legislativo 885, pero amplió sus beneficios a «las personas naturales o jurídicas que desarrollen cultivos y/o crianzas, con excepción de la industria forestal», e incluyó a las actividades agroindustriales fuera de las provincias de Lima y Callao, así como a la avicultura (2); solo excluyó a las actividades agroindustriales relacionadas con trigo, tabaco, semillas oleaginosas, aceites y cerveza. El tratamiento tributario quedó casi igual que en el Decreto Legislativo 885, y se hicieron algunas precisiones en el régimen laboral. En 2019, el Decreto de Urgencia 043-2019 amplió hasta 2031 la vigencia de este régimen pensado para la agroindustria y la agroexportación.

El resto es historia reciente: en medio de las protestas iniciadas en Ica, luego extendidas a La Libertad, el Congreso derogó la Ley 27360 y se comprometió a reemplazarla en quince días.

La Ley 31110, ¿un primer paso?

Tras un intrincado proceso, se aprobó el reemplazo de la derogada Ley 27360 con la Ley 31110. La nueva ley define como su objeto:

… promover y fortalecer el desarrollo del sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial, así como garantizar los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores reconocidos por la Constitución Política del Perú y los tratados internacionales laborales y de protección de los derechos humanos, y contribuir a la competitividad y desarrollo de las actividades de estos sectores.

Leyendo ese texto, nos preguntamos: ¿cuál es el objeto de la ley? Asimismo: ¿cuál es el sector de riego? ¿cuál es el sector agroindustrial? En todo caso, se trata de subsectores y no sectores propiamente dichos, algo que el reglamento debería precisar.

La respuesta sobre el «sector agroindustrial» se encuentra en el artículo 2 de la nueva ley. Allí se repite la fórmula de la derogada Ley 27360, incluyendo a aquellos que realizan actividad agroindustrial fuera de las provincias de Lima y Callao, a condición de que empleen principalmente productos agropecuarios. No se han establecido porcentajes mínimos de utilización de tales insumos (¿podrá incluirlos el reglamento de la ley?) ni se prohíbe usar productos importados. Se repite el encargo que hizo la ley derogada al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y al Ministerio de Economía para determinar qué actividades agroindustriales se podrán beneficiar de esta nueva ley, que no podrán incluir a las vinculadas al trigo, tabaco, semillas oleaginosas, aceites y cerveza.

La primera parte del inciso d) del artículo 2 incluiría a todos los productores agrarios (3), pero lo que sigue resulta muy confuso. Parecería excluirse de esta inclusión (valga el contrasentido) a los productores organizados en asociaciones de productores, contradiciendo así la primera parte del inciso d) y al inciso a). La parte final confunde más al lector, pues si se lee integralmente todo el inciso, resultaría que se beneficia a todos los agricultores, salvo que hagan parte de una asociación de productores y tengan más de 5 hectáreas de producción. Si los asociados tienen extensiones mayores, sí se beneficiarían de la ley, lo que resulta por lo menos discutible. ¿Y quién define, y cómo, qué son más de 5 hectáreas «de producción»?

El régimen laboral

La Ley 31110 mantiene, en esencia, lo regulado en la Ley 27360, con las modificaciones incluidas por el Decreto de Urgencia 043-2019. Se repite la regulación de la ley derogada: «la Remuneración Básica (RB) no puede ser menor a la Remuneración Mínima Vital (RMV); las gratificaciones legales equivalen a 16.66 % de la RB y la compensación por tiempo de servicios equivale a 9.72 % de la RB», manteniéndose los mismos porcentajes.

La crítica de los sectores empresariales acerca de que por ley se están fijando salarios para un sector de los trabajadores, pierde peso porque solo se está repitiendo una norma aplicada sin cuestionamientos durante casi un año (el D. U. 043-2019). El reglamento tendrá que establecer, en el caso de los trabajadores que opten por no incluirles en sus remuneraciones diarias la CTS ni las gratificaciones, la forma en recibirán esos beneficios.

«Otra modificación importante es la relativa a la inclusión obligatoria de los trabajadores del sector agrario y sus familiares en Essalud... »

Hay, sí, una mejora en el monto de la remuneración total, aunque no es la esperada por los trabajadores agrícolas (que plantearon un jornal diario de S/ 70). La ley optó por otorgarles una Bonificación Especial por Trabajo Agrario (BETA), equivalente al 30 % de la RMV, pero sin carácter remunerativo. Ese incremento no sirve para calcular las horas extras ni las vacaciones, cálculo que se hace sobre la base de la Remuneración Básica que, repetimos, no puede ser menor que la RMV. Las gratificaciones y la CTS, como señala la norma, se calculan como un porcentaje de la Remuneración Básica.

Asimismo, se ha incorporado el beneficio de la percepción de utilidades de las empresas, empezando desde 2021 con el 5 %, hasta llegar al 10 % en 2027. Aquí el reglamento deberá aportar mayores precisiones.

La ley ha otorgado a los trabajadores de la agroindustria y la agroexportación que laboren por periodos cortos en el mismo año, el derecho de preferencia para ser contratados por la misma empresa o por empresas vinculadas. Resulta indispensable que el reglamento aporte mayores luces, para evitar que esa preferencia quede en el papel.

Asimismo, la nueva ley encarga al reglamento incorporar las condiciones de trabajo que deben garantizar los empleadores a sus trabajadoras y trabajadores, adelantando algunas: traslado de los trabajadores hacia los centros de labores; alimentación; atención de emergencias; servicios higiénicos adecuados y lugares destinados a su disfrute, cuando corresponda de acuerdo a la ubicación del centro de labores, a la duración de la jornada y a la imposibilidad de acceder a los referidos servicios; así como la implementación de condiciones de salud e higiene adecuadas; pudiendo mejorarse estas u otras condiciones por pacto entre las partes.

Otra modificación importante es la relativa a la inclusión obligatoria de los trabajadores del sector agrario y sus familiares en Essalud, incrementándose de manera progresiva las tasas de aporte a dicha entidad, aunque diferenciando entre las empresas de 100 o más trabajadores o con ventas mayores a 1 700 UIT, de aquellas otras que están por debajo de esos límites. Además, los trabajadores que realicen labores de alto riesgo serán incluidos en el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). Se ha incluido en el régimen laboral de la ley a los trabajadores de las agroindustrias que cultivan palma aceitera y palmito.

Se asigna a Sunafil importantes tareas para fiscalizar las nuevas normas y, por ello, el Ejecutivo se compromete a fortalecer dicha entidad. No obstante, dicho fortalecimiento «se hace con cargo al presupuesto público del año fiscal correspondiente de la citada entidad pública, sin demandar recursos adicionales al tesoro público». Es decir, no habrá más presupuesto.