El juez Guillermo Bendezú libro de responsabilidades al exdirectivo Rubén Espinoza y decidió que la compañía no pague la reparación civil de S/15 millones que se le impuso por deforestar casi 2 mil hectáreas de bosques de la Amazonía. ¿Y la justicia? Ay, siguió muriendo…

Servindi, 18 de diciembre, 2020.- ¡Insólito! La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Loreto decidió no ratificar la histórica sentencia contra la empresa Tamshi SAC por traficar productos forestales maderables.

El juez Guillermo Bendezú tenía la opción de ratificar la sanción penal impuesta, por primera vez, contra una compañía acusada de deforestar casi 2 mil hectáreas de bosque primario en el fundo Tamshiyacu (Loreto).

Sin embargo, absolvió a Rubén Espinoza, exdirectivo de Cacao del Perú Norte (hoy Tamshi SAC) de la sentencia de 8 años por tráfico de madera y decidió que la compañía ya no pague la reparación civil de S/15 millones.

Sentencia apelada

La sentencia de 2019 contra Tamshi SAC y su exgerente Rubén Espinoza que fue considerada histórica por ser la primera sanción penal a delitos vinculados a la deforestación, sufrió un revés.

Como se recuerda, en julio de ese año, el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Maynas sentenció a dicha empresa por traficar productos forestales maderables.

Esto, luego de comprobar que Tamshi SAC deforestó, entre 2013 y 2016, casi 2 mil hectáreas de bosque primario del fundo Tamshiyacu, ubicado en el distrito de Fernando Lores, provincia de Maynas, Loreto.

La sentencia ordenó 8 años de prisión preventiva de libertad contra Rubén Antonio Espinoza, gerente general de la empresa, además del pago de una reparación civil de más de 15 millones a favor del Estado.

La apelación que impusieron contra dicha sentencia, tanto la compañía como el exdirectivo, fue acogida este viernes 18 de diciembre por el juez Bendezú, a cargo de la Sala de Apelaciones de Loreto.

En la audiencia, Bendezú declaró fundado el recurso de apelación de Espinoza, que había sido condenado a 8 años de pena privativa de la libertad.

De esa manera, lo absolvió en segunda instancia como autor del delito de obstrucción del procedimiento agravado y tráfico ilegal de productos forestales maderables.

La Sala de Apelaciones también decidió revocar la reparación civil de S/15 millones que se había impuesto en primera instancia contra Cacao del Perú Norte SAC (hoy Tamshi SAC), acusada de deforestación.

En el caso de los trabajadores Giovanni Cubas y Ernesto Vega, el juez decidió absolverlos como autores del delito de tráfico ilegal de productos forestales maderables.

Ambos habían sido sentenciados en primera instancia por dicho delito y condenados a 4 años de pena suspendida bajo reglas de conducta.

Asimismo, la sala declaró infundado el recurso de apelación del Ministerio Público que buscaba que se sancione a Cubas y Vegas por el delito de obstrucción del procedimiento agravado.

Cuestionan sentencia

Julia Urrunaga, directora de Programas en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas inglés) cuestionó la decisión adoptada por la Sala de Apelaciones de Loreto.

“Nos parece lamentable esta sentencia porque es un retroceso para la lucha contra los delitos ambientales en la Amazonía”, le dijo la especialista a Servindi.

Para Urrunaga, “permitir, legalizar y normalizar” procesos como los que siguió Tamshi SAC —como operar saltándose las normativas ambientales— “es seguir atrayendo este tipo de ‘inversión’”.

En ese sentido, también resaltó que la ratificación de la sentencia contra Tamshi SAC era más que la sanción contra una empresa.

Ello, debido a que, “en este tipo de casos, lo más importante es generar un disuasivo para que otros no cometan delitos similares”, señaló.

Tamshi SAC es acusada de deforestar casi 2 mil hectáreas de bosque en Loreto. Foto: Kené

Por su parte, la especialista del Instituto de Estudios Forestales y Ambientales – Kené, Lucila Pautrat, sostuvo que esta sentencia deja en la desprotección al patrimonio forestal amazónico.

“Siendo Loreto una de las regiones con mayor biodiversidad a nivel global, esta decisión desprotege ese patrimonio y vulnera los derechos de los ciudadanos a un ambiente adecuado, seguro y de buena calidad”, dijo.

Aunque consideró que es necesario que se haga justicia en este caso, Pautrat apuntó que lo más importante es que no se sigan cometiendo este tipo de vulneraciones.

“Una sentencia de un proceso judicial no es un buen indicador, en realidad, porque esto no debió ocurrir. A lo que debemos apuntar es a no tener procesos judiciales”, indicó.

Para conseguir eso, añadió que es crucial que no se sigan otorgando tierras forestales con bosques para actividades agroindustriales.

Minam anuncia apelación

Tras conocerse la sentencia, el Ministerio del Ambiente (Minam) informó que apelará la decisión para que sea la Corte Suprema de la República quien decida en última instancia el final de este caso.

“A través de su Procuraduría Pública, [el Minam] interpondrá un recurso de casación para que la Corte Suprema de la República resuelva en última instancia lo decidido por la Corte de Apelaciones de Loreto sobre el Caso Tamshiyacu”, señaló la entidad.

Julia Urrunaga, del EIA, agrega: “Me parece el mensaje correcto y la reacción adecuada por ser inmediata. Esto no ha terminado. El delito se ha cometido y eso tiene que ser sancionado”.

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