Según informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1614 personas han sido privadas de su libertad arbitrariamente desde abril del 2018 en Nicaragua, en el marco de las protestas sociales contra el gobierno de Daniel Ortega.

Servindi, 3 de diciembre, 2020.- Desde el 18 de abril del 2018, un número de 1614 personas han sido privadas de la libertad arbitrariamente en el contexto de la crisis de derechos humanos en Nicaragua.

Así señala el reciente informe Personas privadas de libertad en Nicaragua, publicada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las detenciones arbitrarias en aquel país se enmarcan en el contexto de las protestas sociales contra el régimen de Daniel Ortega, quien tiene previsto culminar su tercer gobierno consecutivo en enero del 2022.

La CIDH ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por la ausencia de registros oficiales que permitan determinar la cantidad exacta de personas que han sido privadas de su libertad.

Según revela el documento del organismo, al 31 de mayo del 2020, al menos 80 personas continuarían detenidas.

Al mismo tiempo, la Comisión ha instado al Estado de Nicaragua “a cumplir con su obligación de mantener y publicar información fidedigna sobre las personas detenidas y las víctimas de las crisis”.

Sin embargo, a la fecha, la administración de Ortega continúa incumpliendo con esta obligación.

“Adicionalmente, la población nicaragüense sigue afectada por la continuación de una práctica recurrente de detenciones arbitrarias y la imposición de un estado policial que mantiene cerrados los espacios de participación democrática”, detalla el informe.

Esta situación se agrava con las irregularidades presentadas en sus respectivos procesos y afectaciones derivadas de las condiciones de detención, “que serían incompatibles con la dignidad humana”.

Daniel Ortega, a sus 75 años de edad, se encuentra en su tercer mandato consecutivo como presidente de Nicaragua, que inició en el 2007 y culmina en el 2022.

Así, tendría 15 años de poder en el Ejecutivo. Además, Ortega también gobernó entre 1985 y 1990.

Acceda al informe a través del siguiente enlace:

• Personas privadas de libertad en Nicaragua (PDF, 148 pp.)

Sobre el informe

La CIDH destaca que Personas privadas de libertad en Nicaragua se construye principalmente desde las voces de las víctimas, quienes denunciaron la grave situación que vivieron.

Es decir, la dinámica de las detenciones, la realidad de su privación de libertad, la ausencia de respuestas de la justicia nacional y las consecuencias en sus vidas personal y familiar.

“La Comisión valora los testimonios aportados porque significan un acto necesario de denuncia y demuestran el compromiso y valentía de la población nicaragüense”, menciona el organismo.

El informe está dividido en siete capítulos: el capítulo 1 es introductorio y se establecen las consideraciones generales del informe y metodología; el segundo capítulo describe las detenciones en el contexto de la crisis.

El tercer capítulo analiza las graves condiciones a las que han estado sometidas las personas privadas de libertad, tanto en instalaciones de la policía nacional como en dependencias del sistema penitenciario nacional.

El cuarto capítulo presenta el papel del sistema de justicia nicaragüense en el contexto de la criminalización al facilitar y avalar la persecución judicial y criminalización.

El capítulo quinto analiza la persistencia de una práctica sistemática de afectaciones a los derechos de los familiares de personas detenidas y la grave situación de las personas excarceladas.

El capítulo sexto aborda los derechos de las personas privadas de libertad frente a los efectos de la pandemia COVID-19. 

Por último, en el capítulo séptimo, se presentan las conclusiones y se formulan una serie de recomendaciones al Estado nicaragüense.

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