Servindi y la Fundación Friedrich Ebert organizaron el foro virtual “Pueblos indígenas amazónicos frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, que se desarrolló con éxito y en el que se obtuvo grandes aportes de los expositores.

Una de las finalidades del evento fue esclarecer la situación de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana en el contexto de la pandemia, en atención de los retrocesos y brechas de los ODS rumbo hacia el Bicentenario del Perú y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Servindi, 27 de noviembre, 2020.- Con sustanciales aportes culminó el foro virtual “Pueblos indígenas amazónicos frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, que se realizó el jueves 26 de noviembre.

Gracias a la organización de la Fundación Friedrich Ebert (FES) y Servindi, el evento inició a las 10 de la mañana y culminó con puntualidad a las 12 del mediodía, en dos horas de un diálogo sustancial.

El conversatorio comenzó con la moderación de Jorge Agurto, director de Servindi, quien agradeció la presencia de los panelistas.

Agurto refirió que los pueblos amazónicos están pasando por una de las crisis más graves, debido no solo a la pandemia, sino también por una secuela de enfermedades como el dengue y la malaria.

Mencionó que esta situación, junto con otras brechas, dificultan que se alcancen las metas de los ODS, en el marco del Bicentenario del Perú y de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

María del Pilar Sáenz, especialista de la Fundación Friedrich Ebert, estuvo presente en el foro y destacó el desarrollo de este evento. Asimismo, agradeció la presencia del panel.

El consultor independiente Johnattan Rupire inició el diálogo a partir de la presentación de un panorama general sobre la situación de los ODS en el país.

Su finalidad fue identificar los retrocesos ocasionados por el COVID-19 en el contexto de los pueblos indígenas amazónicos, a fin de abrir discusión en torno a enfoques y políticas públicas sobre el tema.

Como parte de los 17 ODS adoptados por los Estados miembros de las Naciones Unidas en el 2015, conocido como Agenda 2030, el foro se centró en cuatro de ellos.

Estas son educación, salud, hambre cero, y agua y saneamiento. Además, se incidió sobre un quinto punto: la territorialidad, que es un aspecto fundamental para la garantía de los derechos de los pueblos indígenas.

Foto: Mónica Suárez/PNUD Perú

Intervenciones

Malva-marina Pedrero, especialista en derechos de pueblos indígenas y consultora de la División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), tuvo la palabra como panelista.

Mencionó que es necesario hacer una relectura de los ODS en atención de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, desde un enfoque de derechos humanos.

Este enfoque consiste en garantizar sus derechos políticos y la “base material” para el desarrollo, que son los derechos territoriales y, por ende, el ejercicio de un control autónomo.

“Sin esta base material, pensar en seguridad alimentaria, en soberanía alimentaria de los pueblos originarios, resulta absolutamente inviable”, mencionó.

Así, según su apreciación, el Perú es uno de los países que presenta serios rezagos en los procesos de titulación de tierras indígenas.

Pedrero predice una suerte de fracaso en la Agenda 2030 si no se incorpora los intereses y derechos de los pueblos indígenas.

La especialista remarca que si no se reformula los pactos sociales a nivel global, estamos condenados como humanidad a retomar eventos pandémicos.

Estos se originan por modelos de desarrollo actual, como son las actividades extractivas, la expansión de las ciudades, entre otros, que son causantes, además, del cambio climático.

Esteban Morales, miembro del equipo técnico del Programa Bosques y Clima y de REDD+ Indígena Amazónico (RIA) de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), continuó con la intervención.

El representante de Aidesep incidió sobre la territorialidad, pues el control territorial garantiza los derechos de los pueblos indígenas.

Para él, el Ministerio de Agricultura (Minagri), a pesar de que cuenta con el Proyecto de Inversión Pública “Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa – PTRT3” desde hace años y con presupuesto, no ha titulado a ninguna comunidad indígena.

Además, considera que la actual Constitución del Perú no incluye la etnoculturalidad, por lo que genera una visión desfasada de los pueblos nativos.

Así, se requiere una nueva Constitución que esté acorde con la realidad de esta población, a fin de proteger sus derechos, adujo.

Por otra parte, Morales indicó que Aidesep está avanzando en la generación de información sobre indicadores de salud, educación y otros, en base a la gestión de alertas y acciones tempranas.
 

Fuente: Fenamad

A su turno, Marcel Estuardo Velásquez, representante de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas en Perú, expresó que es necesario acelerar en los próximos años los servicios básicos (agua, luz, educación, etc.).

Estos servicios prestados por el Estado, en atención a los ODS, son insuficientes y deben tener una pertinencia cultural en su implementación, explicó.

Refirió que desde el sistema de las Naciones Unidas, se viene dando seguimiento al impacto que ha tenido la pandemia en los pueblos indígenas.

Razón por la cual se ha realizado una propuesta de plan de trabajo –desde las Naciones Unidas y a través de sus agencias y programas– para coordinar una intervención en los pueblos indígenas.

Según explicó Velásquez, se trabajará en zonas fronterizas de Perú, Colombia y Brasil, respecto de labores en agua y saneamiento, salud, seguridad alimentaria, educación, protección, entre otros.

Luego intervino Majed Velásquez, director de Bienestar y Seguridad Social del Colegio de Sociólogos del Perú, quien puntualizó que existen límites en los planteamientos de los ODS.

Explica que no se ve la integralidad de la cosmovisión de los indígenas, pues se atiende por sectores y no en su conjunto.

Brindó comentarios en base al observatorio de conflictos del Colegio de Sociólogos del Perú, que es un espacio para hacer seguimiento a los ODS.

Indicó que en la Amazonía peruana existe una disputa por el territorio entre los pueblos indígenas, el Estado y otros agentes.

Sobre este problema de quién administra el territorio, comenta que diversos estudios científicos señalan que la gestión comunitaria tiene mayor efectividad a la hora de cuidar el bosque.

Añade que una variable de éxito para una mayor sostenibilidad del bosque y el territorio amazónico, se da por medio de la administración comunitaria.

Hallazgos

Una de las observaciones de Jhonattan Rupire fue que existen limitaciones por parte del Estado peruano para generar datos actualizados sobre el seguimiento de los ODS en el Perú.

Esto dificulta el entendimiento de las situaciones en las que se encuentran las poblaciones indígenas de la Amazonía peruana.

Por ejemplo, el sistema de monitoreo de los indicadores de los ODS –a cargo del INEI– solo registra información hasta el 2018 y, en parte, no existe data o está en proceso de ser creada.

En base a esto y a otras fuentes, en lo que respecta a educación, Rupire señaló el déficit de maestros bilingües para primaria, pero sobre todo para secundaria, en las comunidades amazónicas.

Cuando se menciona a docentes bilingües, se refiere a aquellos que hablan, además del español, la lengua nativa donde se imparte la enseñanza.

La falta de conectividad a internet es otro punto, en el contexto de la pandemia. Se estima que en el área rural peruana, solo el 10 % de los hogares tiene acceso a internet.

Otro problema recurrente en las instituciones educativas es la violencia sexual contra las niñas por parte de sus compañeros y personal docente.

Esta violencia muchas veces es naturalizada o encubierta bajo supuestas prácticas consuetudinarias de sus comunidades.

A modo general, en lo que va del año en la Amazonía, 10 181 casos de violencia sexual fueron denunciados a través de los Centros de Emergencia Mujer.

Foto: Andina

Sobre el hambre cero, se proyecta que el Perú retrocedería hasta 6 años en la lucha contra el hambre, debido a las repercusiones por el coronavirus.

El acceso a la tierra y otros recursos productivos (fauna, pesca, agua, etc.) son de vital importancia para el derecho a la alimentación de los pueblos indígenas.

Sin embargo, los sistemas agroalimentarios tradicionales, como la caza y la pesca, son los más amenazados por los impactos severos e irreversibles de actividades extractivas, el narcotráfico y la tala de los bosques.

Un informe del INEI, de julio del 2020, revela que los mayores índices de anemia infantil aún se registran en las áreas rurales de la sierra (48.8 %) y selva (44.6 %) del Perú.

Esto incide con preocupación en pueblos indígenas. El registro de mayor prevalencia de la anemia se encuentra en Ucayali, Loreto y Madre de Dios.
 

Fuente: Radio Nacional

En salud, se observa un aumento de casos de infectados con VIH y tuberculosis principalmente en regiones amazónicas, como Amazonas, Loreto y Ucayali.

Además, cabe señalar que Loreto es una de las principales regiones con mayor incidencia en muertes maternas.

La Amazonía ha sido la más golpeada con el COVID-19. Iquitos, capital de Loreto, tendría al 71 % de su población contagiada por coronavirus y habría alcanzado la inmunidad de rebaño.

En una década, el número de médicos se ha duplicado a nivel nacional; sin embargo, las ciudades amazónicas mantienen un retraso de una década.

En este punto, se tiene que ningún departamento amazónico supera la cifra de 17 médicos por cada 10 000 habitantes.

En agua y saneamiento, se estima que, junto con el servicio de electricidad, solo el 3.1 % de la población indígena amazónica accede a los 3 servicios contra el 76.8 % de los no indígenas urbanos.

Sobre esa cifra es importante indicar que el porcentaje de hogares peruanos con acceso a agua potable es de 67.4 %, y 77 % de los hogares tiene desagüe.

Sobre la territorialidad, un dato interesante es que recién en mayo del 2020, por parte del entonces presidente Martín Vizcarra, se entregaron los primeros títulos de propiedad a 66 comunidades nativas de Loreto.

Más de 8 mil personas fueron beneficiadas con la titulación, según fuente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

No obstante, hay un atraso en los instrumentos para los procesos de titulación en los pueblos indígenas.

El resumen de Rupire es que el impacto de la pandemia en los pueblos indígenas amazónicos se puede explicar desde dos cuestiones.

La primera se orienta al descuido histórico de parte del Estado hacia estos pueblos. La segunda, se relaciona a la capacidad de autogestión y resiliencia de las comunidades.

“Para que esta segunda capacidad pueda fortalecerse, es necesario que el Estado peruano cumpla con sus responsabilidades y al mismo tiempo abra un espacio de coordinación política con las organizaciones amazónicas”, puntualiza.
 

 

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