Los pequeños productores de papa de Boyacá, Colombia, han lanzado un llamado de auxilio al Gobierno por la caída sustancial del precio de este tubérculo. Los agricultores se han visto obligados a salir a las carreteras para vender sus productos e incluso regalarlos. Para revertir esta crisis papera, y de otros productos, es necesario canalizar urgentemente recursos públicos para compras masivas de alimentos que sirvan como auxilio de emergencia en los pueblos donde el hambre hace estragos.

Por Héctor Mondragón*

Revista Sur, 10 de noviembre, 2020.- Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en Bogotá solo el 71.4 % de las familias puede comer tres veces al día, mientras que antes del coronavirus este porcentaje llegaba al 85 %. Peor es la situación en Cartagena donde solo 35 % de los hogares pudieron tener tres comidas al día, mientras que antes de la pandemia esta cifra llegaba como en Bogotá al 85 % de la población.

Mientras tanto, los campesinos de Boyacá y Cundinamarca se quedan con la cosecha de papa en la finca, porque el costo de producción llega a 40 mil pesos por bulto de 50 kg y en Corabastos sólo les pagan 15 mil por bulto. En Córdoba hay represadas 20 mil toneladas de maíz, cuyo costo de producción ha sido de un millón de pesos por tonelada, pero al productor le pagan solamente 800 mil.

En lo que se refiere a la crisis del mercado de la papa, durante el debate al que el representante César Pachón citó a los ministros de Agricultura y Comercio Exteriores la comisión quinta de la Cámara, los diagnósticos confluían a determinar que la causa de los problemas es una “falta de demanda”, porque el total de la oferta no sólo no ha aumentado en 2020 con respecto a 2019, sino ha disminuido levemente.

Pero, como lo muestran bien, los datos, la demanda reducida no se debe a que la gente esté muy bien comida y no necesite papa, sino a la falta de dinero para comprar alimentos y la consiguiente reducción de lo que cada uno come. En este momento “falta de demanda” significa hambre física.

Según los investigadores Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Espitia, la pobreza habría alcanzado en 2019 el 30.1 % de hogares colombianos y al 35.7 % de las personas.  El nivel de pobreza de las mujeres superaba al de los hombres en más de 3.8 puntos porcentuales, mientras que el nivel de pobreza monetaria de los jóvenes menores de 25 años rondaría el 43 %.

De acuerdo a Garay y Espitia, debido a la crisis del coronavirus, la proporción de colombianos bajo la línea de pobreza pudiera haberse incrementado en 5 a 10 puntos porcentuales. Según el DANE, la tasa de desempleo es del 15%. Los auxilios entregados a la población más pobre son muy pequeños y alcanzan a una proporción muy baja de la población.

En una recesión tan grave como la que vivimos en el mundo, la única forma de evitar una reacción en cadena hacia la depresión prolongada, es la inversión pública dirigida y planificada para producir efectos multiplicadores.

Para resolver la crisis papera y la del maíz, el fríjol, las frutas, la cebolla y otros productos que han tenido dificultades de mercadeo, es necesario canalizar urgentemente recursos públicos para compras masivas de alimentos y su distribución como auxilio de emergencia en los barrios donde el hambre hace estragos. El DANE acaba de publicar un detallado mapa sobre la pobreza y el coronavirus, que vale la pena aprovechar para realizar con la mayor eficiencia este programa.

En el debate sobre la papa en la Cámara, los voceros oficiales minimizaron la importancia de los tratados de libre comercio y las importaciones de papa precocida congelada, porque equivalen al 5 a 6% de la producción. Aun así, se subestima la cuestión. 

Primero, no se tiene en cuenta que esas importaciones han ahogado y ahogan los esfuerzos de industrialización de la papa congelada y cuando el gobierno dice que hay que esperar a que despegue el centro de agroindustria de la papa en Villapinzón, oculta, como con la competencia desleal de las importaciones, esa agroindustria nunca despegará.

Por otra parte, se oculta algo fundamental, las importaciones y los TLC han cercado a los agricultores impidiendo la rotación planificada de cultivos para estabilizar los precios, porque desde que Bavaria decidió importar cebada una parte de los agricultores de la región se arruinaron y emigraron y los demás quedaron sin alternativa factible. 

El trigo fue paulatinamente extinguido desde los años 1950, abandonándose el mejoramiento y obtención de variedades andinas, hasta ser casi exterminado del territorio nacional. Las importaciones han limitado otras alternativas como las frutas y la producción lechera.

En cuanto al maíz, se importa el 85 % del consumido y los gobiernos han permitido el aumentado año tras año las importaciones de maíz amarillo. El maíz de Estados Unidos es altamente subsidiado desde hace 90 años y comercializado por transnacionales. Mientras, muchos campesinos maiceros colombianos ni siquiera tienen tierra propia y deben arrendarla.

Para completar, haciendo uso de la declaración de emergencia económica, el gobierno expidió el decreto 523 de 2020 que fomenta y libera totalmente las importaciones de maíz, sorgo y soya, argumentando la conveniencia de la industria avícola, pero en realidad negándose a subsidiar y hacer adquisiciones directas a los productores.

Los productores se van a movilizar por medidas adecuadas a la situación. El 25 de octubre la asamblea nacional de Dignidad Papera analizó las medidas anunciadas por el gobierno tras el debate en la Cámara y las consideró insuficientes, por lo cual convocó a una movilización nacional para el 13 de noviembre. Los productores de fríjol afectados por los bajos precios y las importaciones están también organizando su participación en esa jornada.

Según Óscar Gutiérrez, director de Dignidad Agropecuaria, durante octubre y noviembre se recoge la gran cosecha de papa de Boyacá y Cundinamarca y es necesario que el subsidio del gobierno se eleve 25 mil pesos por bulto.

Como ha sido sustentado, se requiere que estas compras subsidiadas se dirijan a ayudar a los colombianos con hambre. Un esfuerzo conjunto que una el presupuesto nacional, con el esfuerzo de los departamentos paperos y de las administraciones de los distritos y municipios urbanos requiere ser decidido, organizado y realizado para que los agricultores no se arruinen y la población urbana de estratos 1 y 2 pueda comer tres veces al día.

La mayoría de los productores de papa, el 85 %, son pequeños productores con menos de 3 hectáreas y obtienen cerca del 45 % de la producción. En Boyacá el promedio de tamaño de finca es inferior a una hectárea. Los grandes productores son el 2 % y obtienen el 20% de la producción.  

La entrega de ayudas puede ser graduada como se hizo en la década de 1990 con los cafeteros, pagando por más cantidad por tonelada a los campesinos que a los grandes, que generalmente tienen riego y producen incluso fuera de las épocas de gran cosecha. Igualmente la distribución gratuita es para los estratos 1y 2 y para otros se puede vender a precios módicos.

Los campesinos vendiendo papa a la orilla de las carreteras han visibilizado la exagerada diferencia del precio que se paga al productor con respecto a los que paga el consumidor. En Bogotá no se consigue una libra de papa a menos de mil pesos, mientras que el campesino recibe solo el 15 % de esta suma si vende por bultos a mayoristas en Bogotá y entre 25 y 35 % si vende en la carretera.

Encontrar canales de comercialización que reduzcan el margen de intermediación, exige fortalecer los mercados campesinos como los de Medellín y Bogotá, “parques” para mercados agrícolas como el que está construyéndose en Tunja y tiendas solidarias como existen en Medellín, así como redes de agricultura orgánica como las de Antioquia, Sumapaz y otros lugares de Cundinamarca y Paipa (Boyacá).

A mediano plazo, es necesario modificar o abandonar los tratados de libre comercio que impiden a Colombia concretar un sector agropecuario estable y eficiente, que con la soberanía alimentaria garantice la seguridad alimentaria. No se ve ninguna voluntad del gobierno para defender y ampliar la producción de alimentos.

El gobierno anunció que va a presentar un proyecto sobre crédito agrario, articulado a la asistencia técnica y a seguros de cosecha. Veremos si se diseña para beneficiar a los pequeños productores o si solo le servirá, como el AIS y otros proyectos, a los grandes.

La territorialidad campesina que pueden facilitar las reservas campesinas, permitiría incrementar el acceso a la tierra y desarrollar planes que permitan rotar los cultivos sustituyendo los productos que ahora se importan. Requerimos que se aprovechen los suelos de vocación agrícola que están sin utilizar y para ello se necesita tanto la protección de la producción nacional, como la redistribución de propiedad de la tierra.

Si no se actúa rápido para solucionar la crisis actual y con continuidad y profundidad para modificar las estructuras de las cadenas productivas y de comercialización, los campesinos seguirán llegando en masa desempleados a las ciudades o tendrán que ir a colonizar y dedicarse a cultivos ilegales para al menos sobrevivir y soportar esa farsa llamada “guerra contra las drogas”, que sirve para mantener el alto precio de las sustancias ilícitas, el poder de las mafias y el desplazamiento de los agricultores a las selvas.

La movilización del 13 de noviembre, como los paros y marchas de noviembre y diciembre de 2019, la Minga del 12 al 22 de octubre y las que vienen el 21 y 25 de noviembre, son el camino difícil pero cierto para conseguir la paz y los cambios sociales que Colombia necesita.

---
*Héctor Mondragón es economista e investigador. Además, es asesor del Movimiento Campesino, Indígena y de Afrodescendientes de Colombia. 

----
Fuente: Revista Sur: https://www.sur.org.co/mucha-gente-sin-papa-y-mucha-papa-sin-gente/

Te puede interesar: