Según un estudio elaborado por el Instituto de Recursos Mundiales y la Raisg, 1131 tierras indígenas en la Amazonía se ven perjudicadas por la minería industrial e ilegal. Asimismo, 30 ríos fueron afectados. El oro de primer nivel, que hay en este pulmón del mundo, impulsa que la actividad extractiva se extienda más en las áreas de la selva causando daños irreparables en el medioambiente.
Servindi, 30 de octubre, 2020.- La minería afecta al 31 % de las tierras indígenas en la Amazonía, según el estudio elaborado por el Instituto de Recursos Mundiales y la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg).
A través del informe Minando derechos. Tierras indígenas y minería en la Amazonía, se indica que 1131 tierras nativas –de las 3653 que existen– se ven perjudicadas por la minería industrial e ilegal.
La afectación por esta actividad extractiva alcanza a Venezuela, Guyana, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil (excluyendo Guayana Francesa y Surinam).
El estudio concluye, además, que la minería formal e ilegal se produce directamente en 450 mil kilómetros cuadrados, aproximadamente, de tierras indígenas amazónicas.
Esto representa un 20 % de los 2.1 millones de km² del territorio indígena en la Amazonía, que alberga 1.5 millones de indígenas de 385 diferentes grupos étnicos, así como otros pueblos tradicionales.
Como consecuencia de la minería en este pulmón del mundo, unos 30 ríos se encuentran afectados, cuyas aguas sirven de rutas para el ingreso de maquinaria e insumos y la salida de minerales.
Los ríos vulnerados se ubican dentro o en la frontera de 88 tierras indígenas, incluidas 32 en Perú y 29 en Colombia.
De igual forma, el informe señala una gran pérdida de bosques en áreas donde se desarrolla la extracción de minerales, siendo Bolivia, Ecuador y Perú los más impactados.
Cabe resaltar que, según Global Witness, la minería fue el sector más letal para los defensores de la tierra entre el 2018 y 2019. Solo el año pasado, 212 defensores fueron asesinados en el mundo.
De esta cifra, 7 de las 10 naciones más afectadas se encuentran en América Latina, donde se produjeron más de dos tercios del total de asesinatos.
Fuente de la imagen: Extraídas del informe Undermining Rights (WRI y Raisg).
En busca del oro
La Amazonía contiene depósitos de cobre, estaño, níquel, hierro, bauxita, manganeso y, sobre todo, oro de primer nivel.
Esta riqueza motiva que los gobiernos nacionales promuevan y apoyen la exploración, explotación y exportación de minerales. Las concesiones mineras a gran escala se sitúan en tierras indígenas.
“Los gobiernos han encontrado en la minería un componente clave de sus estrategias de desarrollo nacional […] La minería como porcentaje del producto interno bruto (PBI) ha aumentado en varios países amazónicos”.
Así refiere el estudio del Instituto de Recursos Mundiales y la Raisg, que precisa que la minería industrial domina el este de la Amazonía.
No obstante, la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) –que es parte de la estrategia de sustento de los hogares rurales– es una verdadera amenaza.
En busca del oro, la MAPE se lleva a cabo en toda la Amazonía. Se estima que, hoy en día, más de 500 mil mineros realizan operaciones y muchos brindan servicios de MAPE.
¿Qué los motiva? La respuesta radica en el aumento de los precios del oro, pero también por las limitadas oportunidades de sustento.
Centrémonos en el “valor” del oro, cuyo precio se ha incrementado en los últimos años, pero en particular en este 2020, debido a la afectación de la economía global causada por el COVID-19.
Este año provocó un significativo incremento de alrededor de 35 %, cuyo precio de oro alcanzó un récord de casi 2100 dólares por onza en agosto pasado. Actualmente, bordea $ 1800.
En este contexto, a medida de que los precios suben, aumenta la demanda por el oro; por tanto, la minería también incrementa.
Y es que la extracción y comercio del mineral causan una seguridad económica para todos aquellos que se involucran con esta actividad, sea formal o informal.
“Estas y otras circunstancias han conducido a que la minería se extienda en la Amazonía […] con importantes consecuencias para los pueblos indígenas y los bosques”, refiere el documento.
Fuente de la imagen: Extraídas del informe Undermining Rights (WRI y Raisg).
El caso de Perú
El informe Minando derechos. Tierras indígenas y minería en la Amazonía refiere que el Gobierno del Perú permite que continúe la minería a gran escala y alienta su expansión.
Esta actividad representa porcentajes significativos del PBI nacional, siendo la minería a gran escala uno de los grandes contribuyentes al Fondo de Estabilización Fiscal del país.
Sin embargo, como explicamos líneas arriba, la minería impulsa que la MAPE se extienda más en las áreas de la selva.
En referencia solo a sitios conocidos, las operaciones mineras ilegales tienen presencia en 260 tierras indígenas del Perú. Lo que implicaría más si atendemos los lugares remotos de la Amazonía.
En este sentido, el informe propone al Perú, y a otros países, “promulgar leyes que reconozcan derechos a la tierra y a los minerales para los pueblos indígenas”.
Asimismo, establecer salvaguardas idóneas y monitorear eficazmente la minería para asegurar el cumplimiento de las leyes nacionales, dirigido tanto a las empresas mineras como a los mineros ilegales.
De igual forma, el documento invita a los pueblos nativos a desarrollar las habilidades necesarias para proteger sus derechos.
Un gran ejemplo es el caso de la comunidad nativa Tres Islas –conformada principalmente por los pueblos indígenas Shipibo y Ese'Eja– ubicada en Madre de Dios.
Ellos utilizaron eficazmente los tribunales locales, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para proteger sus tierras de la minería.
