El nuevo aplazamiento de las elecciones generales podría ser el detonante de una relación cada vez más áspera entre el gobierno y las organizaciones sociales e indígenas de este país.

Por Renzo Anselmo

Servindi, 31 de julio, 2020.- Las recientes imágenes de miles de obreros e indígenas bolivianos marchando por las calles principales de este país podrían volverse a repetir.

Al rechazo por la postergación de las elecciones presidenciales, se suman otros factores que motivarían un paro indefinido a fin de lograr que los comicios se realicen en setiembre y no en octubre, como lo dispone una reciente modificación.

Estos factores son el manejo cuestionado del gobierno interino de Jeanine Áñez ante la crisis provocada por la pandemia y la desatención de los pueblos indígenas, advertida incluso por organismos internacionales.

Marcha premonitoria

El martes 28 de julio, miles de obreros e indígenas marcharon en el municipio El Alto y otras ciudades de Bolivia en contra de un nuevo aplazamiento de las elecciones presidenciales.

La decisión de posponer las votaciones del 6 de septiembre al 18 de octubre, fue adoptada hace una semana por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras una fuerte presión de parte del oficialismo y la derecha.

Junto a esta decisión, el TSE dio a conocer que la medida no necesitaba pasar por la Asamblea Legislativa, órgano encargado tradicionalmente de tramitar las convocatorias electorales, por lo que fue catalogada de “unilateral”.

Desde el gobierno, consideran que no es oportuno convocar a elecciones cuando el país se encuentra inmerso en la peor crisis de su historia, con un aumento claro de contagios y un sistema de salud colapsado.

Por su parte, desde el Parlamento dominado por el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del expresidente Evo Morales, consideran que esta postergación buscaría beneficiar a Áñez —quien confirmó que postulará a los próximos comicios— e impedir que el MAS vuelva al poder.

Lo cierto es que las elecciones en Bolivia están pendientes desde octubre de 2019, cuando se celebraron las votaciones que dieron como ganador a Morales en medio de acusaciones de fraude. Esto último lo haría renunciar y asilarse en Argentina.

Desde entonces y ya con Jeanine Áñez a cargo del gobierno interino, ha habido dos fechas programadas para las elecciones: 3 de mayo y 6 de setiembre, ambas aplazadas ahora por la crisis de la pandemia.

POSTULANTE. Jeanine Áñez, actual presidenta interina de Bolivia, también participará en las próximas elecciones que debieron realizarse en mayo; pero que ahora, con la nueva postergación, se darían recién en octubre / Foto: AFP

Crece descontento

Pese a que la pandemia azota a muchos países, el contexto actual no deja de ser particular en Bolivia.

A los cuestionamientos del Parlamento contra el manejo del Ejecutivo, se han sumado las demandas de las organizaciones sociales e indígenas que exigen que las elecciones se den cuanto antes.

“El problema en el país no es el COVID-19, el problema es este gobierno incapaz que no ha brindado atención en el momento oportuno”, señaló Juan Carlos Huarachi.

Huarachi es ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), organización que junto a una coalición de sindicatos afiliados al Movimiento al Socialismo (MAS), convocó a la reciente movilización.

Además de las constantes postergaciones, Huarachi asegura que el descontento de la población se ha acrecentado por la falta de capacidad del gobierno para hacer frente a la pandemia.

“¿Por qué el pueblo pide elecciones? Por falta de políticas en salud, en educación y otros. No se han incorporado esas políticas para salvar la vida de miles de bolivianos”, aseguró el dirigente en una entrevista local.

Según el reporte del Ministerio de Salud de Bolivia al jueves 30 de julio, el país registra 75,234 casos confirmados de COVID-19 y 2,894 decesos, con una tendencia al alza y estimaciones de estar cerca a su punto más crítico.

Apenas hace una semana, la policía boliviana tuvo que recoger 420 cadáveres en solo cinco días. Los cuerpos yacían sobre domicilios, calles, autos e incluso en los alrededores de los centros de salud.

La situación es aún más grave para los pueblos indígenas de Bolivia, cuyo estado se ha precarizado bajo la administración de Jeanine Áñez, tal como lo advirtió hace un mes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De acuerdo al reporte de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) al 28 de julio, más de 47 mil indígenas bolivianos estarían contagiados y 1,940 habrían fallecido a causa del COVID-19.

ABANDONADOS. Pueblos indígenas han denunciado en reiteradas ocasiones el abandono de parte del gobierno.

Paro indefinido

Las tensiones en Bolivia continúan en ascenso luego de que el miércoles 29 de julio el gobierno interino formalizara una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales; el ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi y otros dirigentes del MAS.

Para el gobierno, estas personas son las que estarían instigando las “irresponsables” manifestaciones “exponiendo a sus mismos seguidores y a toda la población al riesgo de contagios masivos”, según ha señalado el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.

Con este mismo argumento, el gobierno ha solicitado a la Fiscalía procesar al candidato del MAS, Luis Arce, por “daños a la salud”, delito penado con hasta ocho años de prisión.

Pese a las críticas del gobierno, este jueves 30 de julio un grupo de líderes sociales encabezados por Juan Carlos Huarachi se reunió con las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Tras conocer los argumentos del TSE para aplazar las elecciones hasta octubre, el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) señaló que están dispuestos a discutir la fecha para las próximas elecciones.

Sin embargo, aclaró que esto dependerá de las autoridades del TSE, quienes tendrán que evaluar los argumentos presentados por el COB para llevar acabo las elecciones en setiembre.

Hasta antes de esta reunión, el dirigente de la COB había ratificado la intención de organizar un paro indefinido que implicaría el bloqueo de caminos en los nueve departamentos del país a partir del lunes 3 de agosto, algo que no ha descartado tras la reunión.

Por el momento, la decisión ha quedado en manos de las autoridades bolivianas.

PORTAVOZ. El ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, no descartó la posibilidad de que las organizaciones inicien un paro indefinido si las elecciones no se realizan en setiembre. 

Con información de: El País, BBC News Mundo, CNN Español y Ministerio de Salud de Bolivia.

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