Servindi, 9 de julio, 2020.- “Nos declaramos en emergencia indígena y en movilización permanente” anunció Lizardo Cauper, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
En conferencia de prensa realizada el 9 de julio de 2020 la principal organización territorial de los pueblos indígenas amazónicos demandó al presidente Martín Vizcarra dialogar el viernes 10 de julio.
Demandas urgentes de AIDESEP:
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El dirigente nacional, acompañado por dirigentes de las nueve organizaciones regionales que conforman AIDESEP, expresaron su malestar por la desatención y falta de ejecución de los fondos para atender a las comunidades.
Ante la situación de incumplimiento anunciaron movilizaciones los días 13, 14 y 15 de julio para exigir la ejecución de los 88 millones de soles prometidos por el Estado para socorrer a las comunidades indígenas.
Jorge Pérez Rubio, dirigente de la Organización de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) sostuvo que los fondos destinados por el Ministerio de Salud no son suficientes.
La atención itinerante no se corresponde con la letalidad de la emergencia y las Direcciones Regionales de Salud no aplican la variable étnica al momento de realizar los diagnósticos por lo que el impacto está subvalorado.
Jorge Pérez destacó que se requiere una estrategia adicional de plan de salud para que se pueda llegar a los lugares más lejanos, donde ya entró el virus.
“No podemos esperar la burocracia, tenemos que avanzar y llevar la medicina a nuestros hermanos que están reposados” manifestó Salomón Awananch de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN P).
Ely Tangoa, de la Coordinadora de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la región San Martín (CODEPISAM) exigió planes integrales de atención a las comunidades nativas a nivel local, regional y nacional.
Tangoa lamentó que en las postas de salud exista un clamoroso desabastecimiento. “No tenemos medicamentos, ni una pastilla para aliviar el dolor o la fiebre, necesitamos personal médico”, puntualizó.
Berlin Diques, de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), explicó que los 88 millones de soles para atención de la salud en regiones amazónicas no han sido ejecutados debido a la burocracia.
“La pandemia desenmascaró el desinterés por las brechas que tiene el gobierno hacia estas poblaciones”, acotó Diques.
Gregorio Díaz Mirabal, coordinador general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) respaldó las denuncias de los dirigentes de Aidesep y exigió al presidente Martín Vizcarra dar una respuesta inmediata. “El mundo está viendo lo que está pasando en la selva peruana”, señaló.
Reactivación económica pone en riesgo la salud
Los dirigentes fueron enfáticos en rechazar de plano la idea de la "consulta previa virtual" que anunció María Antonieta Alva, ministra de Economía y Finanzas, con el fin de acelerar el inicio de proyectos mineros.
“Para nosotros es una aberración completa el promover la consulta previa virtual, cuando ha sido un mero formalismo desde los sectores del estado”, expresó Berlín Diques de ORAU, desde Ucayali.
Los dirigentes amazónicos también manifestaron su rechazo a las actividades extractivas en sus territorios.
Julio Cusurichi, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), alertó que las concesiones de hidrocarburos, minería y tala afectan los derechos de los pueblos a la salud.
“Mientras nosotros cumplimos el aislamiento, las empresas tienen luz verde del gobierno y les dan permiso para reactivar sus actividades incluso afectando a los pueblos en aislamiento. Esto no es correcto”, exprsó.
Datos:
- En la región Loreto aproximadamente hay 2500 indígenas afectados por la pandemia y más de 1000 muertes en total.
- En abril AIDESEP y sus federaciones indígenas denunciaron al Estado peruano ante el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos por daños permanentes que podían sufrir los pueblos debido al ingreso de la COVID-19 en los territorios.
- La Defensoría del Pueblo advirtió a inicios de la emergencia sanitaria que seis de cada diez comunidades no cuentan con un centro de salud; además, las que existen carecen de equipos de protección personal, se encuentran desabastecidos y con fallas de infraestructura para afrontar la crisis.