En un contexto de recesión poscuarentena que disparará la tala ilegal, la agricultura migratoria y en el que los conflictos por la tierra aumentarán en el mediano plazo, el Gobierno tiene que explicar por qué se ha priorizado en la reactivación económica al sector forestal, cuando ni siquiera hay evidencias de que se aplicarán controles eficaces que eviten la expansión de la pandemia en las comunidades indígenas. La reactivación del sector forestal podría ser un nuevo vector de contagio para las poblaciones indígenas.

Servindi, 15 de mayo, 2020.- “En Pucallpa, todo el mundo maneja madera ilegal, absolutamente todo el mundo”, le confió a InSight Crime en mayo pasado, el fiscal de la unidad de crimen organizado de Pucallpa Julio Reátegui. “Y entre más grandes, más protegidos están; esa es la realidad”.

Ante esta cruda situación, que se reporta en todas las regiones amazónicas ¿es prudente poner en la primera línea de reactivación económica a empresas que volverán a operar en un sector sobre el cual el Estado peruano no ha demostrado tener capacidad de control?

Una poderosa razón económica quizás lo justificaría, sin embargo el sector forestal aporta un modesto 0.17% al PBI, es decir, casi no tributa; y más bien, su estímulo podría disparar los contagios por Coronavirus en los territorios indígenas.

El estímulo de la reactivación preocupa en un contexto en el que habrá trabajadores urgidos de acudir al dinero rápido que ofrece la tala ilegal, luego de soportar meses de cuarentena, y con otras fuentes de trabajo aún cerradas en ciudades amazónicas.

A lo anterior se agrega que el Estado peruano aún no cuenta con una estrategia sanitaria diferenciada y operativa para la realidad de los pueblos indígenas de la Amazonía.

El denominado “negocio de la madera” emplea un gran número de mano de obra campesina migrante mediante el modelo de la “habilitación” o reclutamiento de taladores, cuya madera luego se blanquea en los aserraderos.

Es así que el estímulo de la reactivación preocupa en un contexto en el que habrá trabajadores urgidos de acudir al dinero rápido que ofrece la tala ilegal, luego de soportar meses de cuarentena, y con otras fuentes de trabajo aún cerradas en ciudades amazónicas.

Este peligro inminente se agrega a lo que muchos dirigentes indígenas están alertando en diversos espacios de coordinación: Se viene un enorme aumento de la agricultura migratoria, pues miles y miles regresan desde las ciudades hacia sus comunidades de origen.

Se viene un enorme aumento de la agricultura migratoria, pues miles y miles regresan desde las ciudades hacia sus comunidades de origen.

“Sin trabajo en la ciudad, ya estamos viendo que vienen al campo a pedir chacra”. No hay que ser mago o adivino para advertir que los conflictos por la tierra aumentarán en el mediano plazo, tal como se aprecia en la cuenca del río Ene y en Ucayali.

¿Quién garantiza la aplicación de los protocolos?

La norma que aprueba los protocolos de seguridad del sector forestal está pensada para mitigar riesgos de contagio dentro de las concesiones forestales; pero, pasa por alto, el hecho evidente, de que muy poco de las operaciones forestales ocurren dentro de las concesiones. Ocurren fuera, con la “habilitación”, en los territorios.

¿Cómo piensa el Estado garantizar la aplicación de los protocolos en lugares donde ni siquiera ha podido evitar que líderes indígenas en la primera línea de defensa contra de la tala de sus bosques, sigan muriendo asesinados? No olvidemos el nombre de Arbilio Meléndez y de tantos otros defensores aniquilados.

Otro problema ocurre con las concesiones forestales que colindan con Reservas para indígenas en aislamiento y contacto inicial, para las que es aún más difícil esperar un mayor control.

No hay que ser mago o adivino para advertir que los conflictos por la tierra aumentarán en el mediano plazo, tal como se aprecia en la cuenca del río Ene y en Ucayali.

Reactivación sin los actores del bosque

Los planes de reactivación de los sectores agroforestales ya se están impulsando en las regiones de Loreto, Huánuco y Ucayali, pero sin la participación de las organizaciones indígenas, que ahora ocupan todo su tiempo en proteger sus vidas y las de sus comunidades.

La Aidesep y sus bases regionales se han pronunciado sobre las innumerables superposiciones de las concesiones forestales sobre sus territorios ancestrales y otros derechos otorgados sobre la tierra; mientras que sus títulos y solicitudes de ampliación siguen sin resolverse.

El Gobierno tiene la obligación de explicar por qué ha priorizado en la reactivación económica al sector forestal, sin que exista evidencia alguna de que se aplicarán controles eficaces para evitar la expansión de la pandemia.

¿Se está tomando en cuenta las innumerables amenazas que esta actividad genera en los territorios indígenas? O es que la población indígena continuará siendo la más abandonada y desatendida como siempre, tal como lo seguimos viendo durante esta pandemia.

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