El sector minero ha mostrado estar por encima de las autoridades y las leyes peruanas en el contexto actual frente al CoVID-19. Desde una excusa muy irreal hasta las consecuencias más trágicas, la minería pone en peligro a miles de trabajadores directos y asociados.

Por Kevin Oviedo

Servindi, 27 de abril, 2020.- Hasta la fecha, la cifra de infectados por CoVID-19, en el sector minero, no es exacta. Tanto las autoridades nacionales como las empresas han guardado la información con total hermetismo.

Sin embargo, de lo que se tiene conocimiento es la elevada cifra de infectados en una de las empresas mineras más grandes del Perú: Antamina, que hasta la fecha tiene 210 contagiados.

Debido a la petición de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) el 17 de marzo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) exceptuó al sector minero de las medidas de emergencia para todo el país. 

Mediante un Oficio N° 059-2020/EF/10.01, el Ministerio de Energía y Minas (MINEN) dio luz verde a toda la cadena productiva de la minería a nivel nacional:

“La actividad minera y otras actividades conexas, que incluye: explotación; beneficio; cierre de minas; construcción de proyectos mineros declarados de interés nacional; transporte de minerales por medios no convencionales; así como transporte y almacenamiento de concentrados y productos minerales transformados”.

Con la excusa irreal de que la actividad minera no puede parar, se ha puesto en peligro a miles de trabajadores y zonas cercanas a las empresas en el interior del país.

Casos de CoVID-19 en mineras

Tras la justificación inverosímil del presidente Vizcarra en conferencia de prensa de que las mineras se encuentran alejadas y en permanente confinamiento, no se hicieron esperar los casos positivos de contagiados.

El primer caso se daría en Cerro Verde (Arequipa), confirmandose el 25 de marzo; al día siguiente, se confirmaría el segundo en la empresa Tinka Resources y Buenaventura, en Pasco.

El tercer caso se confirmó el 31 de marzo, en Antamina. Y a casi un mes del hecho, la cifra de contagiados se elevó a más de 200.

El 16 de abril, en Marcona (Ica) los trabajadores de la minera Marcobre denunciaron que había casos de CoVID-19 y desde el campamento fueron evacuadas 2 posibles contagiados.

Sin embargo, un día antes la empresa informaba, mediante un comunicado, que: “un médico de la mina estaba verificando las condiciones de salud de un grupo de trabajadores que habían cumplido con el aislamiento social en las unidades mineras”.

Cabe resaltar que, después de la denuncia, la empresa minera Marcobre no ha emitido ningún comunicado para desmentir o confirmar los hechos.

Por otra parte, en Pasco, el 19 de abril, algunos medios de comunicación señalaron que un trabajador asociado a la empresa Nexa Resources, dio positivo en CoVID-19 en el centro de salud del distrito de Yarusyacán.

El último reporte de un trabajador minero infectado lo dio la empresa Aluminum Corp of China (Chinalco), en Junín. El 23 de abril, la gerencia general alertó que un trabajador del campamento Tuctu dio positivo de CoVID-19.

Caso Antamina

Según el portal web de la empresa, la mina había cumplido con las medidas de seguridad, control y prevención, siguiendo los protocolos del Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud en todas sus instalaciones.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo, mediante Oficio Defensorial N° 124-2020-DP/AMASPPI (8 de abril del 2020), advirtió que “el campamento minero Yanacancha de la Compañía Minera Antamina S.A, no estaría cumpliendo con el aislamiento correspondiente, debido a que 1,500 trabajadores estarían compartiendo el comedor sin kit de bioseguridad”.

Hace unos días, la empresa minera Antamina, señaló que tienen 210 trabajadores contagiados. “El 87% son asintomáticos (…) la mayoría muestra síntomas leves. Diecisiete personas reciben atención médica en clínicas, mientras que el resto cumple con sus respectivas cuarentenas”

Por otra parte, la empresa precisa que siguen haciendo las pruebas moleculares a los demás trabajadores que continúan en el campamento minero realizando las operaciones críticas de la mina. “Una fuerza laboral mínima” terminaron señalando.

El sector intocable

La situación de Antamina fue reportada por la Defensoría del Pueblo a la encargada de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), Nora Huerta, quien comunicó:

“Aun cuando pudieran ir a supervisar el citado campamento minero, lo único que podrían realizar sería una visita. En caso de que se impidiera el acceso, la intervención se limitaría a levantar un acta dejando constancia del hecho, y se aplicaría una multa, de ser el caso”.

Sin duda, esto muestra que las empresas mineras están por encima de las autoridades y las leyes peruanas. Que los encargados de velar por la seguridad de los trabajadores mineros no buscan cumplir con sus obligaciones.

A dos semanas del pronunciamiento de Sunafil, la empresa Antamina ha puesto en peligro a 1 500 personas que se encontraban haciendo trabajo de campo.

Según medios de comunicación, este caso está siendo investigado por el fiscal Johnny Rosales Huayta, quien inició una investigación preliminar por los presuntos delitos de violación de medidas sanitarias, desobediencia y resistencia a la autoridad.

Frente a los riesgos de propagarse la pandemia en las zonas extractivas, salen a flote preguntas que siempre han estado latentes para este sector:

¿Quién supervisa y fiscaliza el funcionamiento adecuado de las mineras? ¿Las empresas mineras asumirán el costo de las pruebas y los daños ocasionados por su desacato? ¿La información sobre las pruebas en las minas está siendo adecuadamente distribuida? ¿Cuánta transparencia hay en este sector en relación al cuidado de sus trabajadores?

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Con fuente de Gran Angular en: https://elgranangular.com/blog/reportaje/mas-de-200-trabajadores-mineros-tienen-coronavirus-en-peru/ / Red Muqui en: https://muqui.org/noticias/antamina-informa-que-hasta-ahora-tiene-210-trabajadores-con-covid-19/

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