La escasez de servicios básicos en sus territorios las ha convertido en una población con potencial riesgo de contagio.
Por Renzo Anselmo
Servindi, 1 de abril, 2020.- Ubicado en la Amazonía del Perú, Loreto se sitúa como el departamento más extenso del país y alberga 1.203 comunidades indígenas. Hoy, después de Lima, es aquí donde se concentra el mayor número de infectados por COVID-19. ¿Cómo viven estas comunidades en plena pandemia?
Aunque la Defensoría del Pueblo las ha calificado como una población con «potencial riesgo de contagio», lo cierto es que la mayoría de las comunidades indígenas de Loreto no cuenta ni siquiera con el recurso de prevención más esencial en estos días: el agua.
Según el Ministerio de Cultura, solo el 11,5% de las comunidades indígenas de esta región tiene agua potable. A ello se suman otros problemas.
Falta de centros de salud
La situación es aún más crítica a nivel nacional. De acuerdo al último Censo Nacional 2017, de cada 10 comunidades indígenas existentes en el Perú, menos de 4 cuentan con un centro de salud en sus territorios.
«En cuestión de medicina dicen que están desabastecidos, tampoco tienen mascarillas. Entonces, si hubiera un infectado de coronavirus: ¿cómo lo llevarían de acá cuando no contamos con movilidad y cuando ni siquiera tienen protección los de la posta», dice Erica Caro, pobladora de la comunidad Esperanza.
Su comunidad está ubicada a cuatro horas de Iquitos, la capital de Loreto. La posta a la que hace referencia es el único centro de salud en la cuenca del Tahuayo. Si algún poblador de otra comunidad aledaña necesitara atención médica, tendría que acudir ahí.
«La distancia de una comunidad a una posta médica más cercana puede tardar como mínimo entre 6 a 8 horas e incluso hasta 3 días o más, si son comunidades muy alejadas donde incluso el Minsa [Ministerio de Salud] y la Diresa [Dirección Regional de Salud] de Loreto no pueden llegar», relató el 23 de marzo la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio).
Desabastecidos
En Santa Clara de Ojeal, centro poblado ubicado a unos cuarenta minutos de Iquitos, además de no contar con electricidad y agua potable, la preocupación gira en torno al desabastecimiento de víveres de primera necesidad.
El gobierno peruano dispuso la inmovilización social obligatoria el 18 de marzo. Desde entonces, las unidades de transporte han reducido drásticamente su flota de circulación.
En Loreto, donde gran parte del transporte es por río, la restricción del transporte fluvial no permite que las personas de las comunidades alejadas puedan movilizarse para comprar en otras localidades.
«Salir a comprar los víveres si está un poco difícil porque no hay movilidad. Las lanchas ya no están pasando porque para venir necesitan un buen presupuesto y para ello no solo llevan carga, sino llevan también pasajeros; pero como ahora no pueden transportar personas, no están saliendo», cuenta Erica Caro.
El 26 de marzo, día en que el gobierno anunció la ampliación de la inmovilización en el país hasta el 12 de abril, las federaciones que integran la plataforma de los Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (Puinamudt) se pronunciaron.
«Proponemos que se dote a las familias con Canastas Básicas Complementarias equivalentes a los bonos de cuarentena por coronavirus (380 soles)» debido a que «muchas comunidades quedarán sin ingresos por no poder comercializar sus productos y además se verán desabastecidas de productos que complementan la dieta e higiene diaria: jabón, aceite, arroz y otros», dijeron.
Han pasado seis desde aquel anuncio y hasta el momento el Estado no ha dado respuesta alguna.
Pronunciamiento internacional
El 31 de marzo, la Coordinadora de las Organizaciones Indígena de la Cuenca Amazónica (COICA) que agrupa a las instituciones indígenas de 9 países, entre ellos Perú, emitió un pronunciamiento tajante.
«Exigimos a los gobiernos de los países amazónicos tomar medidas urgentes de protección para las comunidades indígenas, que incluyan campañas de información y prevención en sus propios idiomas, así como el fortalecimiento de los sistemas de salud pública que brindan servicios a las comunidades», se lee en el texto.
Según la COICA, los pueblos indígenas afrontan una doble vulnerabilidad y por ello piden ser reconocidos como «poblaciones especialmente vulnerables a la pandemia».
«En caso de acción contraria u omisión, pedimos a la comunidad internacional mantenerse en alerta máxima ante el posible cometimiento de un acto genocida», señaló el organismo indígena internacional.
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Fuente: Con información de Ojo Público y Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)