El nuevo Congreso tendrá el reto y la responsabilidad de priorizar en su agenda parlamentaria reformas que busquen garantizar una mejor participación política indígena, reflexiona Nelly Aedo en el siguiente artículo:

¿Cómo va la participación política indígena en estas Elecciones Congresales?

Por Nelly Aedo*

26 de enero, 2020.- Alrededor de 6 millones de ciudadanas y ciudadanos peruanos —casi el 26% de la población nacional— se auto identificó como indígena en el último Censo Nacional de 2017. Esta cifra evidencia que quienes son y se sienten parte de uno de los 55 pueblos originarios del Perú no son un grupo reducido ni una minoría. La ciudadanía quechua, aimara, asháninka, awajun, shipibo-konibo, shawi, kukama kukamiria, matsigenga, achuar, wampis, yanesha, asheninka, entre otros, representan a un importante sector de la población nacional.

Fuente de la imagen: RPP

Asimismo, los resultados del censo nos muestran que la ciudadanía indígena tiene una significativa presencia en las grandes ciudades, y no sólo están en los lugares más alejados del país, como en las comunidades nativas o las comunidades campesinas. Así, Lima alberga a más de un millón de personas (1 273 406)  auto identificadas con el pueblo quechua, siendo el departamento con mayor concentración indígena a nivel nacional. Otros departamentos, como Puno, Cusco, Arequipa, Huancavelica, Loreto, Ucayali, Amazonas, Junín, igualmente congregan importante presencia indígena.

En ese marco, ad portas de realizarse las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, resulta necesario reflexionar sobre la poca atención que recibe el ejercicio del derecho a la participación política de los pueblos indígenas, a pesar de lo señalado en normas nacionales e internacionales como el Convenio 169 de la OIT. El Convenio 169, por ejemplo, establece que los Estados están obligados a establecer mecanismos que permitan a la ciudadanía indígena participar libremente —por lo menos en las mismas condiciones que otros sectores de la población—, en instituciones electivas que los y las representen y donde puedan adoptar decisiones públicas sobre temas que les conciernen.

Durante mucho tiempo, el Estado no ha adoptado medidas que permitan a los miembros de las comunidades indígenas acceder a los cargos de toma de decisiones ni formar parte de los diferentes niveles de gobierno (nacional, regional y local). Recién en el año 2002 se aprobó la “cuota nativa”, que busca fortalecer la participación política de las comunidades y pueblos indígenas de nuestro país, en tanto permite a las diferentes culturas un mayor reconocimiento público de sus propias identidades, así como la oportunidad de incorporar en la agenda pública los temas vinculados a su protección y el desarrollo de sus prácticas culturales.

Respecto a los alcances de la cuota indígena, un primer aspecto a observar es que sólo está prevista para las representaciones regionales y municipales, y no así para la elección de los representantes nacionales en el Congreso de la República. Pese a los diversos pedidos realizados por organizaciones indígenas y la sociedad civil, así como proyectos de ley que se alcanzaron en su oportunidad (Proyecto de Ley N° 2631/2017-CR y el Proyecto de Ley N° 2752/2017-CR), lamentablemente el Congreso no priorizó su debate por lo que no existe una norma que obligue a las listas parlamentarias a incorporar en sus conformaciones a representantes indígenas, ni siquiera para aquellos departamentos en los que tienen mayor presencia.

Fuente de la imagen: Andina

Eso explica por qué, en los últimos años, algunos poquísimos indígenas —sobre todo quechuahablantes— han accedido al Congreso de la República; sin embargo, esta participación no refleja la importante presencia de los pueblos indígenas en el territorio. Evidentemente, ello perjudica la aprobación de normas que deben garantizar sus derechos. Cabe mencionar que en los últimos 20 años apenas se han aprobado dos leyes específicas, la ley de lenguas y la ley de consulta previa, con procesos lentos y dolorosos.

Un segundo aspecto que llama la atención en este corto proceso electoral, es la falta de información respecto a los y las candidatas que son parte de pueblos indígenas. La hoja de vida del candidato/a no ha consignado la pregunta de autoidentificación étnica ni la lengua materna de los aspirantes, debido a ello, no es posible conocer el universo de las personas indígenas que están postulando. Si bien existe una interesante iniciativa, a través de la plataforma “Registro de Candidaturas”, en el que se pide a los candidatos indígenas, LGTBI, afroperuanas y/o con discapacidad llenar un formulario en línea, dicho registro presenta por lo menos tres limitaciones: i) es voluntario, es decir, se llena si el candidato o candidata desea hacerlo, lo que no permite contar con un registro completo;  ii) la plataforma no da acceso al público sobre los resultados del registro: ¿quiénes, cuántos la han llenado y a qué partido político pertenecen? y, iii) su limitado acceso para electores de zonas con poca o nula conectividad.

Otra omisión importante en las plataformas informativas oficiales es la falta de información respecto a las propuestas de cada candidato/a, lo que hace difícil conocer quiénes y cuántos o cuántas han incorporado acciones específicas sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas. El largo proceso histórico de exclusión y postergación de la ciudadanía indígena, no solo les negó la posibilidad de participación activa en la vida política, además, invisibilizó sus demandas, expectativas e intereses en la agenda política nacional; por lo que, pese a los esfuerzos del Estado en diversas materias, aún existen brechas importantes en salud, educación, propiedad comunal, acceso al documento de identidad, falta de oportunidades laborales y otros, que les afectan.

¿Cómo pueden los indígenas ejercer un adecuado derecho al voto si no saben quiénes han pensado en sus derechos? 

¿Cómo pueden los indígenas ejercer un adecuado derecho al voto si no saben quiénes han pensado en sus derechos? Para las elecciones del domingo, no se sabe, al menos públicamente, cuántos indígenas se están presentando y tampoco qué candidatos o candidatas han incorporado en sus propuestas aspectos vinculados a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En Lima Metropolitana, la ciudad que concentra la mayor cantidad de población indígena del país, los debates televisados nos han reflejado algunos saludos en runasimi pero ninguna propuesta concreta para la defensa de sus derechos.

Así pues, esta falta de información en los tiempos de la digitalización, se suma a los problemas que siempre ha tenido la ciudadanía indígena: la lejanía de sus centros de votación, lo oneroso de los traslados desde sus comunidades, la carencia de publicidad electoral y orientación en su lengua materna —en especial en las lenguas amazónicas—, cuando no la discriminación por su modo de vestir. Estas deficiencias deben ser superadas de cara a las elecciones generales del 2021. El nuevo Congreso tendrá el reto y la responsabilidad de priorizar en su agenda parlamentaria reformas que busquen garantizar una mejor participación política indígena.

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* Nelly H. Aedo Rueda es abogada por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, con estudios de maestría en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en políticas públicas e interculturalidad. Correo electrónico: [email protected]

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Fuente: Blog: Politeama.pe: https://politeama.pe/2020/01/25/como-va-la-participacion-politica-indigena-en-estas-elecciones-congresales/amp/ Edición: Sandra Miranda

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