Servindi, 17 de octubre, 2019.- En cumplimiento de la Resolución Suprema N°190-2019-PCM, el 15 de octubre se instaló la comisión que se encargará de elaborar la propuesta del nuevo marco normativo minero que tiene a fin asegurar el equilibrio entre la actividad extractiva y el desarrollo de los pueblos.
La comisión que cuenta con un plazo no mayor a 120 días calendario para proponer los ajustes legales sobre el régimen minero, es presidida por la economista Roxana Barrantes Cáceres y está integrada por los exministros de Energía y Minas, Carlos Herrera y Gonzalo Tamayo; y los ex viceministros de Interculturalidad, Iván Lanegra y Paulo Vilca.
Asimismo, el gerente del Instituto Peruano de Economía, Diego Macera; la directora de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Isabel Calle; y el gerente de Apoyo Consultoría, José Escaffi, también forman parte de la comisión que tiene al Ministerio de Energía y Minas (MEM) en función de Secretaría Técnica.
Posturas adversas
Después de que el presidente Martín Vizcarra considerara en su mensaje del 28 de julio que era necesario actualizar las normas que rigen sobre la actividad minera desde hace 30 años, diversos portavoces se pronunciaron marcando posturas diferentes sobre el asunto.
Por un lado, fueron los gobernadores regionales del sur quienes anunciaron que preparaban una propuesta de ley al respecto, noticia que luego sería replicada por el presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR), Mesías Guevara.
Del otro extremo, algunos líderes empresariales como el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Manuel Fumagalli y la presidenta de la CONFIEP, Maria Isabel León, desmerecieron la iniciativa al señalar que este no era el momento adecuado para evaluar modificaciones en el marco legal de la minería.
Cabe resaltar que en el informe “Visión de la Minería en el Perú al 2030” publicado a inicios de este año por el MEM destaca la importancia de promover la mejora continua del marco normativo y regulatorio para garantizar el respeto de los derechos de todos los actores involucrados.
De tal forma, lo que se buscaría —señala el informe— es asegurar el estado de derecho y promover el uso transparente de los recursos fiscales generados por la minería.
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