Servindi, 1 de octubre, 2019.- En una audiencia temática realizada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington DC, las defensoras y defensores ambientales manifestaron su preocupación y relataron las amenazas que vienen sufriendo a raíz del cumplimiento de sus funciones.
La audiencia que contó con la participación de miembros de la sociedad civil y afectados, enfatizó en los abusos que los sistemas judiciales penales presentan en diversos países de la región para criminalizar y deslegitimar el trabajo de los activistas ambientales en el continente.
«Nunca antes en la historia de la humanidad el sistema climático de la Tierra ha estado tan amenazado. Y nunca antes las defensoras y los defensores del ambienta han estado bajo tanto ataque», señala el comunicado emitido por la oenegé EarthRights Internacional.
Los activistas ambientales denunciaron que entre las formas más recurridas que usan para criminalizar sus funciones se encuentran las acusaciones infundadas, violaciones del debido proceso e irregularidades procesales como las detenciones arbitrarias, manipulación de prueba y demoras legales en el procedimiento de las causas.
Precisamente, Belén Curamil, hija del reconocido líder indígena Mapuche, Alberto Curamil (Chile, Premio Goldman, 2019), quien fuera apresado el año pasado sin la realización de un juicio, indicó que las razones por las que su padre se encuentra en la cárcel evidencian reiteradas violaciones al debido proceso.
«[…] Hoy, mi padre, Alberto Curamil, sufre la prisión política porque es un Defensor Ambiental y autoridad tradicional de un pueblo originario en el país», señaló y añadió luego. —«Pero en Chile, eso no se reconoce, y la respuesta es siempre la misma: la represión, la cárcel, la criminalización, el hostigamiento y la ausencia de justicia para nuestro pueblo y luchadores socio-ambientales».
El encuentro determinó que los activistas ambientales sufren de “persecución por pertenecer a un grupo” y sirvió también como escenario para la presentación de un informe que reúne diversos casos de criminalización a activistas ambientales en América Latina.
Una de las conclusiones del informe señala que las represalias emprendidas por los sistemas de justicia «[…] amenazan sus vidas y genera un efecto terror que limita la capacidad de todas las personas defensoras de derechos humanos para defender a sus comunidades y proteger el medio ambiente».
Finalmente, los participantes sugirieron que la CIDH promueva públicamente el reconocimiento de esta persecución bajo la determinación de ser en contra de los defensores y defensoras ambientales como grupo, por cuanto configuran represalias a su trabajo.
Puedes leer el informe completo aquí:
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