Servindi, 4 de julio, 2019.- La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) del Congreso solicitó al premier Salvador del Solar el informe final sobre la población afectada por metales pesados e hidrocarburos.
Se trata del Estudio Toxicológico y Epidemiológico practicado a las comunidades nativas de las cuencas de los ríos Tigres, Corrientes, Pastaza y Marañón.
Según el oficio enviado por el presidente de la CPAAAAE, Wilbert Rozas Beltrán, a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Salud (Minsa) no cumplió con entregar el informe a pesar de que se le solicitó hace casi dos meses.
Para la comisión que preside el congresista Rozas, se trata de “información imprescindible para la adopción de medidas concretas que salvaguarden la vida e integridad de las personas afectadas”.
Asimismo, denuncian que “no es la primera vez que el sector salud guarda silencio frente a un pedido de información sobre la situación de salud de población expuesta a metales pesados”.
Dicho silencio, de acuerdo con la CPAAAAE, incumple el artículo 96 de la Constitución Política y los artículos 69 y 87 del Congreso de la República.
“Esta omisión incluso ha motivado que la actual ministra de salud sea citada a rendir cuentas ante los miembros de la Comisión que presido, en febrero de este año, por la situación de salud de la población de la provincia de Espinar, Cusco”, argumenta.
#AmazoniaSana #AtencionYA
La @cdpueblos, presidida por el congresista @WilbertRozas, exige a primer ministro @saldelsol presentar el informe final del Estudio Toxicológico y Epidemiológico sobre niveles de exposición a #MetalesPesados en las #4cuencas de la Amazonía Norte pic.twitter.com/WgE8yxytPp— Cuatro Cuencas (@4cuencas) 3 de julio de 2019
Fecha fijada
La Comisión consideró, además, el compromiso adoptado por la PCM con las federaciones indígenas representativas donde se fijó como fecha de entrega del informe a más tardar el 10 de julio.
En este contexto, la CPAAAAE considera que los acuerdos entre el Estado y las instituciones representativas de los pueblos indígenas son jurídicamente vinculantes y exigibles. Además, su cumplimiento no está condicionado a la voluntad política de los funcionarios de turno.
“Por el contrario, su incumplimiento acarrea responsabilidad del Estado peruano en su conjunto, tanto a nivel nacional como internacional”, exhorta el oficio.
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— Servindi (@Servindi) 3 de julio de 2019