Servindi, 11 de abril, 2019.- El congresista Marco Arana presentó el proyecto de ley N° 4146 que busca asegurar la imparcialidad policial con la prohibición de los convenios por servicios de seguridad a instituciones privadas.
La anulación de los Servicios Policiales Extraordinarios (SPE) que propone esta medida legislativa tiene como objetivo mantener el monopolio del uso de la fuerza en manos del Estado y evitar la privatización de la función policial.
El documento explica que los convenios de los SPE se suscriben principalmente con empresas vinculadas a la explotación y/o transporte de recursos naturales. Este es el caso de las compañías mineras y petroleras.
Dicho acercamiento, según el texto legislativo, genera una serie de consecuencias negativas en contextos de alta conflictividad socioambiental. Aquí el orden público se termina por igualar a los intereses de determinadas empresas extractivas.
Cambio a la Ley de la PNP
La normativa busca modificar la sexta disposición complementaria final del Decreto Legislativo N° 1267 o Ley de la Policía Nacional conocida como Servicios Policiales Extraordinarios.
Los SPE consisten en convenios entre la Policía Nacional, a través de su personal que se encuentre de vacaciones, permiso o franco y de manera voluntaria, y las instituciones del sector público y privado.
Con el proyecto de ley N° 4146 del integrante de Frente Amplio solo se firmarán acuerdos con entidades públicas, excluyendo al privado, salvo las excepciones contempladas en la Ley.
Consulta los siguientes enlaces que abordan la relación entre la fuerza policial y las compañías extractivas: