Por Jorge Agurto
21 de octubre, 2018.- El Perú vive días intensos. Miembros claves de la mafia que se ha apropiado del poder hace casi tres décadas se muestran a la luz pública con las manos en grilletes y se sientan en la silla de los acusados.
Dos factores fortuitos han contribuido a esta insólita situación, pues, si bien, muchos sospechaban del entramado que operaba a favor de la impunidad, ahora las evidencias son numerosas.
Primero, el caso Lavajato develado desde Brasil, reveló la grave corrupción de toda la clase política de los últimos treinta años, excepto el breve periodo de Valentín Paniagua (1).
Segundo, la interceptación telefónica en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, iniciada por un tema de narcotráfico, permitió destapar una red mayor de corrupción que involucra a jueces, magistrados, empresarios y el fujimorismo.
Lo trascendente es que se han empezado a cortar los nudos que protegían y permitían la impunidad de una mafia corrupta que operaba en diversas actividades ilegales como el lavado de activos.
Para ello, influenciaba sobre diversos organismos públicos como el Consejo Nacional de la Magistratura, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), entre otros.
El Fiscal José Domingo Pérez acusa a Keiko Fujimori de liderar una organización criminal infiltrada en la agrupación política fujimorista y que tenía entre sus fines “obtener poder político” recibiendo aportes ilícitos.
Un testigo protegido (1) detalló la línea de mando en la mafia fujimorista y su relación directa con el magistrado César Hinostroza, cabeza de la red “Cuellos Blancos del Puerto”, capturado la mañana del viernes 19 de octubre en Madrid, España.
Ahora bien, hay que distinguir la presunta mafia delincuencial liderada por Keiko Fujimori –según la acusación fiscal– quien debería estar detenida hace tiempo, de la cada vez más escasa población fujimorista que aún guarda simpatía por el populismo y las dádivas que caracteriza al fujimorismo.
El fiscal Pedro Chavarry, último bastión protector de la mafia, felizmente, no puede contener al fiscal Domingo Pérez y al Juez Richard Concepción Carhuancho, quienes tienen en sus manos resolver la prisión preventiva de la cúpula fujimorista y facilitar la investigación.
Notas:
(1) Todos los gobiernos peruanos de los últimos cuarenta años estarían vinculados a una corrupción sistémica y estructural, excepto el corto periodo de transición de Valentín Paniagua Corazao que duró de noviembre de 2000 a julio de 2001, luego que Alberto Fujimori huyera y renunciara al gobierno peruano desde Japón el 19 de noviembre del 2000.
(2) Ver nota sobre testigo protegido TP 2017-55-3 del 17 de octubre en https://idl-reporteros.pe/secretos-revelados/
Excepcional carlincatura de Carlos Tovar, Carlín, quién resume en un gráfico la razón por la cual el fujimorismo habría colaborado con la fuga del magistrado César Hinostroza, cabeza de la mafia Los Cuellos Blancos del Puerto. Fuente: diario La República.
Pier Figari y Ana Herz, asesores y "brazos derechos" de Keiko Fujimori, para quienes también el Fiscal José Domingo Pérez pide detención provisional. Fuente de la imagen: Poder Judicial
