AIDESEP, 26 de setiembre, 2018.- AIDESEP, organización vocera de los pueblos amazónicos del país, exige detener el Proyecto de Ley N° 2145/2017-PE, Nueva Ley de Hidrocarburos, calificándola como ley del etnocidio y ecocidio hidrocarburífero.
Ante su casi inminente aprobación en el próximo pleno del Congreso (26 de setiembre), la organización indígena, con el respaldo de sus nueve bases regionales en toda la Amazonía, hace un nuevo llamado al Ejecutivo y Legislativo para rechazar la aprobación de esta ley.
Entre los más graves cuestionamientos hacia ella está la vulneración hacia los derechos de los pueblos indígenas, colocándolos en una situación de desprotección extrema.
Asimismo, reduce los controles ambientales, debilitando la institucionalidad ambiental, afectando las competencias de los organismos reguladores, en favor de la opinión del Ministerio de Energía y Minas, por encima de la del Ministerio del Ambiente.
De otro lado, diversos analistas denuncian que la mencionada norma está dirigida al beneficio de un grupo concreto de empresarios y no a dinamizar las inversiones hidrocarburíferas como lo quiere hacer creer la mayoría parlamentaria que actualmente defiende este proyecto.
Así, por ejemplo, dicho proyecto establece que las regalías por la explotación de petróleo se reducirían a 5 por ciento, siendo actualmente hasta diez veces más que eso.
Esta reducción de regalías, además de exoneraciones tributarias de las que ya gozan las empresas y pretenden incrementar, impactaría en el presupuesto público.
De igual forma, el Estado pretende promover con estas acciones al sector otorgándole facilidades y beneficios cuando aún no se ha remediado a las comunidades afectadas por los derrames petroleros ocurridos por décadas, ni las empresas contaminantes han cumplido con pagar sus multas.
Así, desde AIDESEP pedimos la derogación de esta norma o someterla a consulta previa. Entre los cuestionamientos más graves que encontramos, señalamos:
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El Proyecto de Ley N° 2145/2017-PE vulnera los derechos de los pueblos indígenas amazónicos y el derecho a la consulta previa legislativa prevista en el Convenio Internacional N° 169 de la OIT, el cual el Estado tiene la obligación de cumplir.
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Se viola el sistema legal y la soberanía del territorio del Estado Peruano. De igual forma, frente a incidentes ambientales como los derrames de petróleo, no se prevé la responsabilidad en el tema de restauración ambiental.
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Ampliación de los contratos de los actuales operadores por 20 años más (Disposiciones Transitorias) y de las nuevas operaciones hasta por 80 años; sin evaluación ni corrección de sus impactos sobre los pueblos indígenas, en el caso del Petróleo, Gas, Oleoducto y conexos.
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Imposición como juez y parte a Perú Petro en abierto conflicto de intereses, de ser el “vendedor” de lotes de hidrocarburos, el mismo que elabore la línea de base ambiental, rebajando las exigencias para aumentar las ganancias y afectando al Perú y nuestros pueblos.}
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Ambigüedad respecto al “daño ambiental”, ya que para anular un contrato al respecto, hay que demostrar que el daño es “real y muy grave a la salud de las personas” (art.87°), lo cual que puede llevar a interminables demandas judiciales de interpretación.
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Rebajar los controles ambientales en la fase de exploración, sustituyendo el Estudio de Impacto Ambiental por una simple Declaración de Impacto Ambiental (Art.22°) que promovería muchos mayores impactos a pueblos y selvas con miles de kilómetros de línea sísmica, centenares de helipuertos y campamentos con miles de trabajadores y sus deshechos e impactos.
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Exonerar a las empresas de pagar por sus daños sociales y ambientales, ya que ellos serán asumidos por un fondo estatal (Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental), sujeto a la “austeridad” oficial y politiquería de siempre. (Art.87°-a).
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Imponer la dictadura de la infraestructura dentro del lote de hidrocarburos sin pedir permiso a nadie, y menos a quienes vivimos ahí siglos antes de que aparezca el Estado y empresas privadas.
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Interferir en el rol de otras funciones del MINAM, OEFA SENACE, OSINERGMIN afectando las competencias los sectores mencionados.
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Debilitar el rol de SENACE y la certificación ambiental lo cual afecta gravemente los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Es importante recordar al Gobierno Peruano y al Congreso de la República que nuestra Amazonia y nuestros pueblos indígenas vienen enfrentando derrames de petróleo, ampliación de líneas sísmicas y helipuertos sin consulta, conflictos sobre servidumbres, contaminación de agua y suelos.