Servindi, 25 de setiembre, 2018.- La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) alertó sobre la situación de 495 personas integradas por 97 familias de los pueblos Emberá Katío y Emberá Chami del departamento colombiano de Risaralda, tras el inicio del Plan de Retorno 2018.
El proceso, según denuncia la ONIC, se da a pesar de que el documento final del Plan de Retorno no ha sido acordado en los espacios de concertación entre la Autoridad Mayor del Resguardo Unificado de Pueblo Rico en los comités de justicia transicional.
En este sentido, ONIC sostiene que se cuenta únicamente con una “matriz para la construcción del Plan de Retorno” que fue socializada por la Unidad de Víctimas a la población emberá que residía en Bogotá hasta el 21 de setiembre y a las Autoridades Mayores se les entregó el 24 de setiembre.
“Así las cosas, resulta evidente que el retorno realizado no cuenta con las garantías mínimas del retorno de las víctimas que están en cabeza del Gobierno Nacional y a las instituciones encargadas, especialmente la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)”, denuncia ONIC.
Asimismo, la organización indígena denunció que la alcaldía de Pueblo Rico no remitió el acta del Comité de Justicia Transicional, que según “la Unidad de Víctimas es el documento que soporta institucionalmente los compromisos consignados en las matrices” y “da continuidad a la ruta de construcción del Plan de Retorno”.
Sin embargo, la eficacia del proceso de retorno se ve amenazada por el apoyo presupuestal a estas iniciativas por parte de la alcaldía de Pueblo Rico.
Frente a estas situaciones, la ONIC se sumó a la preocupación de líderes y autoridades mayores del pueblo Emberá en proceso de retorno, ya que no existen las garantías del goce efectivo de todos los derechos fundamentales de la población retornada.
En tal sentido, hacen un llamado a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la alcaldía de Pueblo Rico y de Mistrató, y a la Unidad de Víctimas “para que activen todas las rutas necesarias para la garantía de todos los derechos que como víctimas del conflicto armado tiene la población retornada”.