Servindi, 21 de agosto, 2018.- La esperada respuesta del Ejecutivo para que fijara una fecha de diálogo con las organizaciones indígenas de Atalaya ha acentuado las tensiones en lugar de menguarlas.
Y es que, a siete días de iniciado el paro en esta provincia, la visita del premier César Villanueva aún para el 28 de agosto resulta lejana y desatinada frente a una medida de lucha que, hasta el momento, había evitado radicalizarse.
En un documento que Raúl Molina, Viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) remitió a Hestalin Ríos, presidente de Organización Indígena Regional de Atalaya (OIRA) el 20 de agosto, el funcionario confirmó la fecha.
Asimismo, según se lee en el documento, Molina Martínez insta a las organizaciones indígenas a que mientras vayan “avanzando en forma conjunta en las coordinaciones necesarias desde el 23 al 25 de agosto” con representantes del Ejecutivo.
Ante este aplazamiento, los líderes atayalinos acordaron este 20 de agosto radicalizar la protesta, la cual hasta el momento solo desplegaba una movilización pacífica pero nutrida por la ciudad de Atalaya.
“Lo que pueda pasar ahora será de exclusiva responsabilidad del gobierno”, ya habían advertido durante esa misma tarde los líderes amazónicos.
Así, esta radicalización apuntaría a una paralización total, en la que se bloquearían el aeródromo, el terminal terrestre y los ríos Ucayali y Urubamba, según trascendió el medio local Gaceta Ucayalina.
Por su parte, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), con el respaldo de sus nueve organizaciones nacionales, envió una carta abierta al presidente Martín Vizcarra y César Villanueva.
En ella los exhortan a “resolver la problemática de Atalaya, atender las demandas históricamente postergadas de los pueblos amazónicos y retomar los compromisos no cumplidos desde diversos gobiernos con los pueblos indígenas”.
Asimismo, remarcan la necesidad “resarcir la deuda histórica de marginación con los pueblos, quienes a puertas del Bicentenario siguen excluidos y atropellados en sus derechos colectivos, situación agravada por la corrupción”.
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