Servindi, 20 de agosto, 2018.- El gobierno debe atender las demandas del pueblo de Atalaya que buscan frenar la corrupción no solo judicial, sino tambien en titulación, tráfico de tierras, madera e hidrocarburos demandó el líder indígena Lizardo Cauper Pezo.

El dirigente shipibo, quien preside la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), se encuentra desde el día sábado respaldando el paro indefinido iniciado por miles de pobladores atalayinos que desde el 15 de agosto se hallan movilizados.

Luego de celebrarse una reunión en Lima entre representantes de Aidesep y funcionarios del Ejecutivo se resolvió que el día lunes 20 César Villanueva, presidente del Consejo de Ministros, enviará una carta firmada en la que fijará la fecha para visitar Atalaya.

En dicho lugar, se reuniría con las organizaciones indígenas para instalar una mesa de trabajo permanente y resolutiva que atienda los problemas de educación, salud, titulación de tierras, seguridad territorial y otros planteados por los pueblos movilizados.

Sin embargo, trascendió que la fecha que baraja César Villanueva para ir a Atalaya, en la región Ucayali, sería recién el jueves 23, y que tendría como condición la desmovilización y el no bloqueo de los ríos.

Así la reportó la Gaceta Ucayalina que precisa que la propuesta provino de Javier Aroca Medina, Subsecretario de Gestión de Conflictos de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros.

La fecha indicada ha provocado serio malestar en los pobladores indígenas que el lunes 20 ingresan a su sexto día de lucha, y que con el apoyo de nuevas delegaciones indígenas intensificarán sus medidas de lucha de no llegar a un buen acuerdo sobre la fecha del encuentro con el Ejecutivo.

Hestalin Coronado, dirigente de la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas Aidesep Atalaya (CORPIAA), informó al diario La República que en vista que sus demandas no son prioritarias para el gobierno, sus hermanos han decidido por unanimidad bloquear los ríos Urubamba, Tambo y Ucayali. También acordaron tomar la vía Atalaya-Satipo así como el aeródromo de Atalaya.

El dirigente refirió que cada día llegan más hombres, mujeres y hasta niños desde las comunidades alejadas de Atalaya y que la lucha indígena será masiva en los siguientes días. Dijo que ellos traen plátano, pescado y yuca para la olla común, porque el paro es autofinanciado, reportó La República.

Peticiones postergadas

El descontento de las comunidades indígenas de la provincia de Atalaya es enorme debido a la enorme presión que ejercen miles de colonos que invaden sus tierras, amparados por el tráfico de tierras y la corrupción de las autoridades.

Ante el avance de la colonización y el narcotráfico demandan priorizar el reconocimiento, titulación y ampliación de más de 50 comunidades a fin de fortalecer la seguridad jurídica amazónica. También activar los Comités de Autodefensa (CAD) como medida de control territorial y protección de la integridad y derechos humanos de las comunidades.

Asimismo, piden que las empresas de hidrocarburos de la zona compensen a las comunidades por las afectaciones generadas por sus operaciones que han contaminado los ríos y afectando a los peces, principal fuente de alimentación y de sobrevivencia de la población indígenas.

Igualmente demandan atención para los indígenas del pueblo Nahua, de la comunidad de Serjali, afectados por mercurio y que se investigue la procedencia de dicho metal pesado.

Bosques en peligro

Otra de las demandas se refiere a las concesiones forestales superpuestas al territorio ancestral de las comunidades nativas y que depredan el bosque amazónico. Muchas de esas concesiones fracasadas y denunciadas por lavar tala ilegal.

Ante ello se propone la anulación o derogación de la medida regional que favorece la entrega de concesiones forestales con fines maderables del bosque de producción de Ucayali, sin evaluación alguna, lo que afecta a los territorios ocupados y en posesión de las comunidades indígenas.

De otro lado, piden la condonación de las multas interpuestas a las comunidades por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), las que consideran irregulares, injustas, exageradas e impagables.

Cabe destacar que muchas de estas penalidades se generaron por mafias madereras conocidas por el Estado que aprovecharon la desinformación y dificultades del proceso legal, para sacar grandes ganancias mientras que han dejado como tarea del Estado sancionar a las comunidades, mientras ellas escapan a sus responsabilidades. 

Protesta indígena podría extenderse

Lizardo Cauper remarcó su plena solidaridad y respaldo con la lucha de lo pueblos y comunidades indígenas de Atalaya. “Estamos presentes a nombre de Aidesep que representa a 1809 comunidades, articuladas en 109 federaciones y 9 organizaciones regionales para solidarizarnos y respaldarlos en esta lucha justa del pueblo de Atalaya” afirmó.

“Estamos presentes para decirles que nuestra organización está con ustedes hasta que sean escuchados y se solucionen sus problemas” dijo Cauper.

“Se necesita el apoyo de todos por lo cual ya pusimos de conocimiento de esta situación a organizaciones internacionales como la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y así lograr que todos los pueblos amazónicos se solidaricen con esta lucha”, declaró desde Atalaya.