Registros de la sociedad civil también confirmaron que, en el primer trimestre de este año, 132 defensores fueron víctimas de algún tipo de agresión o puso en riesgo su vida.

Servindi, 23 de julio, 2018.- En el primer trimestre del 2018, fueron asesinadas 46 personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia. Ante ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su alarma y condena.

La cifra corresponde a los datos registrados por la organización colombiana Somos Defensores del Sistema de Información sobre Agresiones Contra Defensores de Derechos Humanos (SIADDHH). Dicha cifra, además, duplica el número de casos registrados en el mismo periodo en 2017.

Asimismo, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia (OACNUDH), entre enero y junio de este año, se produjo cerca de 90 casos de asesinatos, donde los más afectados fueron los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca y Chocó.

Ya en marzo último, la CIDH había denunciado que muchos de los defensores asesinados desempeñaban acciones para implementar el Acuerdo de paz. Para la OACNUDH, esta situación provoca daños al proceso de paz y la democracia colombiana.

Los registros de la sociedad civil también confirmaron que, en el primer trimestre de este año, 132 defensores fueron víctimas de algún tipo de agresión o puso en riesgo su vida o integridad personal.

“Las personas que defienden derechos humanos también vienen siendo sometidas a actos de difamación que promueven el odio por redes sociales, así como a otras formas de persecución como seguimientos, interceptaciones ilegales a sus comunicaciones, y robo de información”, denuncia la CIDH.

Para la Comisión, estos actos de violencia no solo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que “atentan contra el rol fundamental que cumplen en la sociedad y generan un efecto amedrentador y disuasivo de la labor de defensa de los derechos humanos”.

En este sentido, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, sostuvo que la protección de los defensores es “especialmente importante” en el contexto colombiano, donde se está implementando un acuerdo de paz que pondrá fin a un conflicto de décadas.

Por su parte, la presidenta de la Comisión y relatora sobre los Derechos de las Mujeres y de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, Margarette May Macaulay, señaló que el Estado debe tomar en cuenta la situación de vulnerabilidad de los defensores de comunidades indígenas, afrodescendientes y mujeres.

“En particular, el Estado debe incorporar un enfoque diferenciado en la investigación, juzgamiento, sanción y reparación de estos crímenes, incluyendo perspectivas de género y étnico-racial”, señaló May Macaulay.