Servindi, 18 de julio, 2018.- Durante la presentación de su 22° Reporte Semestral, el Observatorio de Conflictos Mineros alertó sobre la corrupción y el tráfico de influencias que se evidencian en diversos casos de toma de decisiones ambientales en los sectores extractivos.

El recientemente denunciado caso de una presunta presión por parte del ex presidente García para favorecer a la empresa minera Sulliden recuerda a los famosos tratos entre Montesinos y Newmont en relación a la empresa Yanacocha.

De igual manera, la detención de varios funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios por presuntamente recibir pagos de mineros ilegales –incluido en este reporte semestral- muestra la penetración de la corrupción en la institucionalidad estatal que debería garantizar una adecuada gestión ambiental.

“En el marco de la crisis por corrupción evidenciada en estas semanas a todo nivel, cabe preguntarse ¿hasta dónde han penetrado estos poderes en los ámbitos donde se toman decisiones sobre intereses mineros y temas ambientales?”, señaló José De Echave, coordinador del OCM.

“De alguna manera, la devastación ambiental en Madre de Dios y otras zonas del país también es consecuencia de la impunidad, las puertas giratorias y la corrupción”, señaló.

Las Bambas

En otro momento, el OCM denunció que el transporte de concentrados e insumos mineros en Las Bambas carece de instrumentos de gestión ambiental y de fiscalización adecuados, convirtiéndose en el principal foco de conflicto socioambiental de la zona.

La carretera ha sido construida en buena  parte sobre terrenos comunales y vías locales, y ha sido aprobada por tramos sin pasar por todos los filtros legales. El transporte de concentrados no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental que identifique impactos y medidas de mitigación, y por ello nadie asume los daños ambientales que ya se registran en la zona.

Ana Leyva, Directora de CooperAcción, explicó que los instrumentos de prevención y fiscalización ambiental del Estado no están funcionando en el Corredor Minero que conecta Las Bambas, en Apurímac, con el puerto de Matarani, en Arequipa.

Por el contrario, impera una debilidad institucional que hace que no se cuente con los instrumentos necesarios, que nadie controle los impactos ambientales y sociales,  corrija los problemas existentes y  asuma la responsabilidad por ellos, dejando a la población del entorno en el desamparo.

“El principal foco de conflicto en torno al megaproyecto Las Bambas ha tenido que ver con los impactos causados por la carretera, una vía por donde transitan al menos 370 vehículos diariamente, que genera polvo, vibraciones y ruido; y donde el 90% de su uso es solo para la minera”, advirtió.

Por su parte, De Echave afirmó que “este caso muestra cómo son las debilidades de la institucionalidad ambiental, el principal factor que actualmente propicia el surgimiento de los conflictos socioambientales”.

Mntaña de 7 Colores

El 22° reporte del OCM advierte de una irracional política de concesiones mineras que causa desorden y pone en riesgo las zonas protegidas en el país.

Casos como el de la Montaña de Siete Colores, ubicada en los límites de las provincias de Canchis y Quispicanchi, en Cusco, que forma parte del terreno concesionado a la empresa minera Minquest Perú, generan preocupación en los términos de políticas públicas en dicha materia.   

De Echave reveló que existen casos similares en otras partes del país. Por ejemplo, en Cajamarca, existen concesiones en el área de Lagunas de Alto Perú e incluso la empresa minera Yanacocha es propietaria de parte de la superficie de esta zona de gran importancia hídrica y también turística.

Lo mismo ocurre en el Santuario Nacional de Tabaconas Namballe (Cajamarca), que también fue concesionado, en el Apu Huaytapallana (Junín), en la reserva paisajistica Nor Yauyos Cochas (Lima), en la cordillera Huayhuash (Lima), entre otras.

Sería importante que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado pueda informar sobre la situación actual de las diferentes zonas protegidas en todo el país y las presiones que ejercen diferentes actividades extractivas como consecuencia de las concesiones que se otorgan.

Este caso también pone en evidencia la necesidad de contar con una efectiva política de ordenamiento territorial y seguir impulsando en los territorios los procesos de zonificación económica y ecológica: “Nosotros no estamos diciendo que no se otorguen concesiones mineras o que la minería no sea una actividad importante. Pero las políticas de concesiones se han agotado, generan desorden, intervenciones caóticas y terminan poniendo en riesgo zonas del país que deberían estar destinadas a otro tipo de uso”, sostuvo. 

Aumenta la conflictividad y Defensoría no reporta todos ls conflictos

Entre diciembre de 2017 y mayo de 2018, los conflictos sociales pasaron de 169 a 198 a nivel nacional, el nivel más alto de los últimos meses. De este total, el 64.6% de los conflictos son socio-ambientales y el 65.6% son casos vinculados a la minería.

Como ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, Ancash es la región que concentra el mayor número de conflictos: 28 que representan el 14.1% del total nacional. Le siguen Puno con 19 y una participación del 9.6%; Apurímac y Cusco con 14 conflictos cada uno y una participación del 7.1%. Cierra este grupo Cajamarca, con 13 conflictos y una participación del 6.6%. En todas estas regiones predominan los conflictos activos.

De otro lado, el Reporte del OCM ha identificado al menos doce casos de conflictos mineros ocurridos en el primer semestre del año que no figuran en los registros de la Defensoría del Pueblo en ninguna de sus categorías: conflictos activos, conflictos latentes, o alertas tempranas.

“¿Qué está pasando con la Defensoría, han cambiado su metodología?”, se preguntan los voceros del OCM, al indicar que el reporte defensorial no estaría reflejando lo que realmente está pasando en las zonas, y si hay cambios en su metodología, la Defensoría del Pueblo tiene la obligación de explicarle a la opinión pública.

Se trata de conflictos específicamente mineros sobre un total de 127 conflictos socioambientales registrados oficialmente, lo que significa un 10%. Es importante que este posible sub-registro sea analizado por las autoridades correspondientes, a fin de ajustar la metodología para garantizar que los informes oficiales reflejen de manera completa las tendencias de la conflictividad social, de manera que permitan una óptima toma de decisiones para la prevención y transformación de conflictos.