Defensor de los derechos humanos atraviesa un proceso judicial plagado de irregularidades y hasta se le pretende privar de su defensa.

Servindi,  20 de abril, 2018.- De diversas formas de obstrucción a la justicia sería víctima el dirigente y defensor de los derechos humanos Milton Sánchez Cubas, quién desde el 2015 afronta un juicio con la minera Yanacocha.

Así lo ha denunciado la organización internacional Earth Rights International (ERI) quienes actualmente asumen la defensa del representante de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), en el caso de las mallas metálicas con dicha empresa minera.

El caso que se desarrolla en el Juzgado Penal Unipersonal de Celendín, en el Distrito Judicial de Cajamarca, ha experimentado diversas obstrucciones, según observa la organización ERI.

Accidentadas audiencias 

Una de estas obstrucciones, señalan, es que durante la primera audiencia, realizada el 10 de abril de 2018, la fiscal del caso, Olga Del Carmen Bobadilla Terán, transgredió el principio de oralidad.

Igualmente, solicitó la suspensión del juicio oral por falta de conocimiento del expediente, pese a que Bobadilla Terán es la titular de la investigación desde el 2015.

Sin embargo estas muestras no serían todo. La organización también señaló que los actos de obstrucción se repitieron en la segunda audiencia de juicio oral, realizada 16 de abril de 2018.

En esta oportunidad, la fiscal puso en cuestión la habilitación profesional del abogado de Sánchez Cubas, Pablo Ricardo Abdo, aduciendo una falta de inscripción de su título profesional en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).

Sin embargo, pese a la muestra de dicha constancia de habilitación, también se habría utilizado contra Pablo Ricardo Abdo (de Argentina), “un discurso denigrante, discriminatorio y xenófobo”, refirieron.

Dichos actos finalmente no solo desembocaron en una nueva suspensión de dicha audiencia, sino además en el pedido de la fiscal de excluir de la defensa legal al ERI, para que en su lugar sea asumida por un defensor público.

Ante ello, ERI denunció estos hechos como “actos de hostilidad, discriminación y entorpecimiento al acceso a la justicia”. Asimismo, refirió que “estas violaciones evidencian una débil y poco transparente administración de justicia por parte de la Fiscalía y el Poder Judicial.

Entre tanto, la jueza decidió suspender la audiencia hasta el próximo 6 de julio del 2018.

Debe saber

• La Fiscal del caso, Olga Del Carmen Bobadilla Terán, le atribuye a Milton Sánchez Cubas la comisión del delito de disturbios y solicita seis años de pena privativa de libertad efectiva, por los supuestos hechos ocurrido el 7 de julio de 2015 en Tragadero Grande, lugar comunal en donde vive la familia de Máxima Acuña de Chaupe. Allí líderes y miembros de la comunidad se movilizaron en respuesta a las acciones de hostigamiento y amedrentamiento que realizaba la empresa minera Yanacocha.

• La jueza para el caso es Edith Cabanillas Palomino.