Pronunciamiento

Contra el indulto y toda forma de engaño en la convivencia democrática

Ante el indulto político al ex reo Alberto Fujimori, las psicólogas y psicólogos abajo firmantes hacen pública su posición construida en base a un trabajo de debate y consenso

Ante la coyuntura actual, en la que Alberto Fujimori ha sido indultado y graciado por el presidente Pedro Pablo Kuczysnki, las psicólogas y psicólogos abajo firmantes nos encontramos en el deber de hacer pública nuestra posición, construida en base a un trabajo de debate y consenso. Esto debido a que, por nuestra labor, conocemos cómo los contextos histórico-sociales producen eventos y fuerzas que someten y hacen padecer al ser humano de múltiples formas. Advertimos, entonces, que la decisión tomada por el Gobierno –considerada inicialmente perniciosa e ilegal por la Corte Interamericana de Derechos Humanos– deja al país en un grave riesgo de fractura social.

Consternados, hemos asistido los últimos días a un elevado grado de perversión del uso del poder en el Perú. Es perturbadora la evidencia de cómo el presidente ha actuado en su beneficio y en beneficio del expresidente Fujimori, sentenciado por delitos considerados de lesa humanidad. El resultado es la grave interferencia y modificación de los efectos de resarcimiento psicológico y moral que emanan de la justicia, además de hacernos retroceder años de severo esfuerzo por lograr procesos judiciales justos y transparentes. Que el Gobierno haya difundido, incluso, comunicaciones públicas buscando encubrir la existencia e ilegalidad del proceso, repite métodos de la violencia estatal de la década de 1990 y completa, así, un pernicioso círculo de impunidad entre las más altas autoridades del país.

Sabemos que el tejido social peruano es débil, entre otras cosas, por el reiterado incumplimiento de las promesas electorales realizadas a las mayorías. El indulto y la gracia constituyen la cúspide de esa inaceptable instrumentalización política. Es necesario recordar que fue Kuczysnki, de candidato, quien buscó a las víctimas del fujimorato y firmó un acuerdo con ellos donde se comprometía a no dar el indulto a cambio de recibir sus votos. Romper una promesa tan delicada –lo decimos con certeza– es asestar un grave golpe en el mismo núcleo de la confianza, componente esencial para la construcción de cualquier vínculo, incluyendo el que forjamos con nuestros políticos. Al golpear la confianza, se dañan los vínculos necesarios para construir y afirmar la democracia. Inclusive, puede sumir a individuos y comunidades en estados de desesperanza y confusión. Así de grave.

La reconciliación, que significa una nueva convivencia entre víctimas y victimarios, no se impone por decreto ni al margen de la ley. Debe partir del reconocimiento de la verdad histórica y sostenerse en la equidad y la justicia. No habrá reconciliación mientras unos sean escuchados y otros acallados, mientras algunos privilegiados sean sujetos de derecho y otros estén sujetados al abuso de poder. Las tergiversaciones del Gobierno buscan deliberadamente presentar al mentiroso como legítimo, al violento como víctima y al silencio como apoyo incondicional; asimismo, el abuso de la retórica del terrorismo lo que está provocando es miedo, desconfianza y agresividad entre peruanos, además de transmitir la errónea idea de que exigir justicia por los atropellos del fujimorato es como desconocer la violencia política ocurrida entre 1980 y 2000. La distorsión de la verdad ataca nuestra capacidad de pensar y nuestra memoria, niega la verdad de la historia y vuelve a violentar el recuerdo del secuestrado, del desaparecido, del torturado, del ejecutado y del calcinado.

Exhortamos a colegas y estudiantes de Psicología a pensar críticamente la idea de neutralidad, fundamental a nuestra práctica pero en ocasiones extrapolada y malinterpretada como imperativo de omisión política. El reconocimiento de los otros implica mirar a quienes más sufrieron y menos justicia obtuvieron, condiciones que nos colocan, inexorablemente, en el plano del pacto social y la vida política. En nuestra profesión, donde la escucha y la palabra son herramientas fundamentales para acercarnos a otros, no debemos permitirnos ser rehenes de nuestros propios silencios. Estamos comprometidos con un país democrático que pueda evolucionar hacia una sociedad justa, solidaria, ética e integrada. Los invitamos, entonces, a seguir debatiendo sobre lo que estamos viviendo, a sumarse a este pronunciamiento si lo consideran necesario y a los actos ciudadanos organizados por la sociedad civil, que demandan nuestro compromiso. A la opinión pública, a reflexionar sobre este documento y conversarlo con la más amplia vocación democrática en sus círculos sociales y profesionales.

En las calles y en las aulas también nos encontraremos.

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