Tras el cuestionado indulto concedido a Alberto Fujimori, los familiares de las víctimas del régimen fujimorista exigen su anulación por considerarlo “ilegal”. Mediante una conferencia de prensa, anunciaron que presentarán recurso ante la Corte IDH junto con organizaciones de derechos humanos.
Por Meylinn Castro
Servindi, 28 de diciembre, 2017.- Ni olvido ni perdón. Los familiares de las víctimas de las matanzas en Barrios Altos y La Cantuta -perpetradas durante el régimen fujimorista- rechazaron el pedido de perdón de Alberto Fujimori tras haber sido indultado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Los deudos de las personas asesinadas de hace más de 20 años exigieron la anulación del indulto y del derecho de la gracia presidencial concedido al exdictador por ser considerados como “irregulares y no transparentes”.
Gisela Ortiz, defensora de los familiares de las víctimas de la masacre de La Cantuta, calificó la decisión de Kuczynski como un “pacto político”. Pues, recordó que PPK indultó a Fujimori después de haber sido librado de la vacancia presidencial.
“Hemos retrocedido cerca de 20 años. Pareciera que estamos otra vez en la dictadura de los 90, donde el fujimorismo ha copado nuestras instituciones (…) Aquí se sigue gobernando para beneficiar solo a un grupo político”, expresó durante la conferencia de prensa realizada en el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
El mismo sentir lo comparte Norma Méndez. Ella es la madre de la periodista Melissa Alfaro, quien fue asesinada por la explosión de un sobre bomba sembrado por el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).
“El indulto es ilegal y amañado. Queremos que el indulto sea anulado (…) Pedimos justicia para que en el Perú exista la memoria y no se comentan los mismos errores”, remarcó.
Pedido ante la CIDH
De acuerdo a Carlos Rivera, abogado y director del Instituto de Defensa Legal (IDL), el indulto tiene un trasfondo político. “El conceder un indulto de carácter político rompe la ley interna y el derecho internacional. Vulnera y trasgrede las sentencias emitidas en los casos de Barrios Altos y La Cantuta”, señaló.
Ante los indicios de una posible irregularidad, el abogado anunció que se presentará un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para anular la medida.
“Solicitamos dos cosas a la Corte IDH: exigir al Estado peruano un informe sobre la justificación del indulto y convocar una audiencia de supervisión de cumplimiento”, anotó.
Caso Pativilca
Como se recuerda, además del indulto, PPK concedió a Fujimori la gracia presidencial “para todos los procesos penales a la fecha que se encuentran vigentes”. Esto lo libraría del caso Pativilca, donde fue acusado de ser responsable de la matanza de seis personas.
Christian Huaylinos, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), aseguró que se solicitará una audiencia ante la Sala Penal Nacional para declarar “inconstitucional” la resolución suprema que declara el derecho de gracia presidencial.
“Por el tiempo récord del proceso y ocultamiento de información, estamos solicitando el pedido para explicar directamente nuestra posición como actores civiles y fundamentar jurídicamente por qué estamos abogando para que se declare nula la resolución suprema”, enfatizó.
Próxima movilización
Durante la conferencia de prensa también se convocó a la ciudadanía a participar en la movilización del jueves 28 de diciembre en rechazo a la medida tomada por PPK.
Gisela Ortiz solicitó garantías para el ejercicio de este derecho. “Queremos pedir garantías para seguir expresando nuestra indignación mientras los canales correspondientes atienden nuestras demandas sobre el indulto ilegal”, dijo.
Cabe mencionar que la concentración de la marcha será a las 4:00 p.m. en la emblemática plaza San Martín.
