La población peruana ha comenzado a tomar consciencia de los hechos políticos y la situación actual de corrupción en el país. Ella es la única que puede garantizar que instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional continúen independientemente en su labor por la primacía del Derecho y la Justicia.

Por Antonio Peña Jumpa*

25 de diciembre 2017.- El Congreso de la República del Perú no alcanzó el número de votos suficientes para declarar la vacancia del Presidente de la República por “incapacidad moral permanente” el pasado 21 de diciembre de 2017. Dada la dimensión del conflicto, interesa buscar entender sus causas, en las cuales la relación entre Derecho y Política es crucial.

Derecho y Política son dos grandes conceptos teóricos que guían el quehacer profesional y cotidiano de hombres y mujeres que creemos en la democracia y su desarrollo a través de un Estado regulado por su Constitución Política. Al igual que los conceptos de Derecho y Moral o Derecho y Economía, los conceptos de Derecho y Política nos conducen por diversos caminos cuya dificultad de comprensión se confirma en los últimos acontecimientos del pedido de vacancia del Presidente de la República del Perú.

El Derecho se compone de tres elementos esenciales: normas, principios y procesos o procedimientos. La Política, a su vez, se compone de otros elementos esenciales: poder, gestión y control. Tras el pedido de vacancia del actual Presidente de la República del Perú se apreció el conflicto entre los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, pero en el medio del conflicto la aplicación de los conceptos de Derecho y Política y sus respectivos elementos destacaron.

Primero se impuso la Política a través del ejercicio del poder de la mayoría de los miembros del Congreso de la República del Perú al admitir extraordinariamente el pedido de vacancia presentado por una agrupación política el pasado viernes 15 de diciembre de 2017. Se admitió el pedido por 93 congresistas, de un total de 130, superando con creces el mínimo de 52 votos requeridos según el reglamento del Congreso y haciendo prever que se contaría con los 87 votos para declarar la vacancia del Presidente de la República conforme lo establece el mismo reglamento del Congreso. En este ejercicio del poder, los congresistas gestionaron su pedido de vacancia presidencial en forma inmediata, sin un mayor control de sus actos y convencidos que bastaban 5 días para que el Presidente cuestionado responda a los cargos aceptados públicamente y se proceda luego a votar por la declaración de su vacancia.

En los días siguientes a la admisión del pedido de vacancia, la interacción entre Política y Derecho tuvo cambios. Muchos congresistas cambiaron la intención de su voto y finalmente se abstuvieron de votar por la vacancia. Se consiguió solo 78 votos a favor del pedido de vacancia, 9 menos de los requeridos, tras un largo debate ocurrido el 21 de diciembre de 2017. ¿Cómo se produjo este cambio, haciendo que el Derecho prime sobre la Política? ¿Por qué ocurrió ello? ¿Cuál es el resultado final?

El Derecho tuvo dos caminos para primar sobre la Política en el presente caso del pedido de vacancia presidencial: uno, a través de su elemento de proceso o procedimiento, recurriendo a un proceso judicial constitucional de Amparo o a un procedimiento internacional para suspender el procedimiento parlamentario de vacancia; y dos, a través de su elemento de principios, poniendo en debate y cuestionando el actuar de los congresistas por la celeridad del trámite de vacancia al violarse principios sobre el debido proceso como la presunción de inocencia, el derecho de defensa en un tiempo razonable, la falta de pruebas o de no contradicción, entre otros, garantizados por la Constitución Política del Perú. De estos dos caminos, fue el segundo, el de los principios, el que destacó y se habría impregnado formalmente en la decisión de los congresistas que cambiaron su voto.

¿Por qué ocurrió este cambio? Por el mismo ejercicio del poder político, pero esta vez promovido por la otra parte del conflicto: el Presidente de la República y el grupo político de congresistas y funcionarios que los respaldan. En los seis días que separaron las dos votaciones del Congreso de la República del Perú, no solo se recurrió a los medios de comunicación para destacar la violación de los principios constitucionales antes comentados (lo que lamentablemente en la población nacional pasaba desapercibido y se podía confundir como “golpe de estado institucional”), sino que se gestionó el poder como arte: el Presidente de la República y sus dos vicepresidentes acordaron que en caso se declarase la vacancia del primero, los vicepresidentes también renunciarían para así trasladar la responsabilidad política al Congreso de la República y se proceda a convocar inmediatamente a elecciones. Esta última estrategia política puso en riesgo el puesto y el interés personal de muchos congresistas, forzando aceptar la forma jurídica, y finalmente reorientando el sentido de su voto.

Pero, tras esta interacción del Derecho y la Política en el conflicto por la vacancia presidencial del Perú ¿Hubo un resultado final? No. Esta interacción continua y en los próximos días seremos testigos de nuevos hechos de confrontación.

Pero, tras esta interacción del Derecho y la Política en el conflicto por la vacancia presidencial del Perú ¿Hubo un resultado final? No. Esta interacción continua y en los próximos días seremos testigos de nuevos hechos de confrontación. El Congreso de la República sigue bajo una oposición poderosa frente a un Presidente de la República debilitado y que debe ser investigado judicialmente, al igual que otros expresidentes y candidatos políticos, por su relación con empresas transnacionales corruptas como Odebrecht.

Un ejemplo de un nuevo hecho en esta continua interacción entre Derecho y Política ha sido el indulto presidencial a favor del expresidente Alberto Fujimori hecho público el 24 de diciembre de 2017. Esta vez nuevamente la Política comienza a primar, pero ya no de parte del Congreso de la República, sino de la Presidencia de la República. ¿Retomará el Derecho su primacía? Es muy difícil saberlo.

Sin embargo, hay un signo positivo tras esta experiencia. La población peruana ha comenzado a tomar consciencia de los hechos políticos y la situación actual de corrupción en el país. Ella es la única que puede garantizar que instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional continúen independientemente en su labor por la primacía del Derecho y la Justicia.

Escrito en Lima entre el 22 y 24 de diciembre de 2017.