En el país, 130 de 177 conflictos están vinculados a cuestiones socio ambientales, debido principalmente a las disputas por la gestión de los recursos naturales, a la gestión territorial, o la contaminación ambiental por las actividades extractivas.
Servindi, 11 de setiembre, 2017.- “Desde el gobierno hay una posición negacionista sobre la existencia de conflictos sociales en el país, y esto es peligroso porque invisibiliza y reduce las posibilidades de desarrollar políticas de prevención, de diálogo y de participación con carácter permanente”.
Así lo manifiesta Diego Saavedra, antropólogo de la Asociación Civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) quien destaca que 177 conflictos existentes 130 se vinculan a cuestiones socio ambientales, debido principalmente a las disputas por la gestión de los recursos naturales, a la gestión territorial, o la contaminación ambiental por las actividades extractivas.
Consulta previa en el Lote 192
"Estamos ante un nuevo punto de quiebre en un conflicto emblemático como es el Lote 192, una de las reservas más importantes de petróleo del país. Las comunidades además de exigir el cumplimiento del Estado de un acta de acuerdos firmado el año 2015 demandan además el cumplimiento del derecho a la consulta previa" advierte Saavedra.
“No existe mucha voluntad de parte del gobierno a someter a consulta el Lote 192, porque hay una lógica clara de priorizar la inversión y de reducir costos para que el lote reactive su producción" indica Saavedra.
"Decir que no se requiere consulta porque desde hace 40 años se viene explotando ese mismo punto, o porque este sería la continuación de un proyecto anterior, es una clara vulneración a la norma”, acota el especialistas.
Cabe recordar que el acta de acuerdos suscrita en 2015 es una deuda histórica en cuanto a garantizar servicios básicos como salud y acceso al agua potable; así como el saneamiento de sus territorios mediante la titulación comunal.
Vigilancia indígena para prevenir los conflictos
Para DAR, así como diversas organizaciones indígenas, es importante que desde el gobierno se impulse el reconocimiento de la vigilancia indígena para prevenir los conflictos y los desastres ambientales.
Entre 2013 y 2014 los sistemas de vigilancia indígena de las comunidades que son parte de las cuatro cuencas declaradas en emergencia: Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, y donde se encuentra el Lote 192, detectaron cerca de 2 000 pasivos ambientales, de los cuales el OEFA y el Estado terminaron reconociendo más de un centenar.
En el año 2016, la Amazonía peruana enfrentó 13 derrames petroleros a causa de problemas en el Oleoducto Norperuano. Más de 12 mil barriles de crudo se vertieron a suelo y cuerpos de agua en las regiones de Amazonas y Loreto.
Los sistemas de vigilancia indígena, por su cercanía y conocimiento del territorio, ayudan a tener información más oportuna y eficaz para prevenir situaciones de afectación ambiental, o reducirla.
“El Estado debe reconocer los sistemas de la vigilancia indígena como una estrategia clave para la prevención de los conflictos, la protección de la Amazonia, de los bosques y los territorios”, concluyó el antropólogo de DAR.