Por Rubi Rivas Cossio*
NoticiasSER, 3 de setiembre, 2017.- Regidoras suspendidas por ejercer oposición y fiscalización en sus respectivos gobiernos locales, consejeras de origen awajun tienen que debatir en escenarios con presencia mayoritaria de hombres y sin intérpretes, mujeres autoridades con carreras profesionales y estudios de gestión siguen siendo relegadas en comisiones de la mujer de la gestión municipal.
Los hechos narrados son una muestra pequeña que evidencia una problemática que viene sucediendo en nuestro país y que no es ajena a los demás países de la región. Estos casos se encuentran enmarcados en lo que denominamos “acoso político”.
En una reciente publicación(1) del Jurado Nacional de Elecciones, un equipo de investigadoras tratan el fenómeno de acoso político como aquel conjunto de actos o acto cuyo fin es menoscabar, limitar, restringir o anular el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en espacios de participación y decisión política. Si bien es cierto, este concepto es recogido del texto del Proyecto de Ley Nº 1903(2), el documento tiene como principal aporte identificar, analizar y definir un concepto más adecuado a la realidad peruana, a través de la construcción de una línea de base, tomando como base una encuesta regional(3) que se hizo y fue aplicada a 533 mujeres candidatas a gobernadoras y vice gobernadoras regionales, así como al grupo de candidatas que postularon a los cargos de consejería regional.
Es así, que esta investigación no solo trata el fenómeno de acoso político de manera conceptual sino que busca recoger los hechos en la práctica, documentando aquellos casos registrados en campo. El estudio tuvo como fin establecer lineamientos y acciones de política que permita regular, delimitar y establecer competencias de aquellas instituciones involucradas en el tema. Para el caso del Jurado Nacional de Elecciones, promotor de la investigación, buscaba identificar medidas para la prevención y atención de hechos que se configuran como acoso político, bajo el marco de sus competencias del JNE; así como promover el tratamiento del tema en las agendas partidarias, con el objetivo de que se establezcan las medidas preventivas y/o sanciones correspondientes.
tres de cada diez mujeres candidatas son víctimas de actos que vulneran su participación política
De las 533 mujeres candidatas encuestadas, el 26.4% (133) manifestaron haber sido afectadas por actos de acoso político, es decir tres de cada diez mujeres candidatas son víctimas de actos que vulneran su participación política. Dentro de las variables que recoge el estudio, a modo de caracterizar el perfil de las 133 víctimas de acoso político, tenemos las variables de procedencia, la de participación en la organización política, la lengua como signo de autoidentificación indígena y el nivel educativo.
Entre los resultados generales tenemos que: el 57% proviene de los departamentos de Puno, Ayacucho, Amazonas, San Martín y Apurímac, mientras que un 33% manifestó ser parte de una organización política. En el caso de la variable indígena, se tiene que un 31% consignó pertenecer a una población indígena, lo cual sería también un factor de restricción de participación en espacios predominantes de lengua castellana. Un dato resaltante es que de las 133 candidatas que manifestaron ser víctimas de acoso, el 80% procede de una casa de estudios de nivel superior, es decir no existe una mayor vulneración a mujeres que no cuenten con estudios superiores, al contrario pareciese haber que a mayor formación profesional de la mujer mayores hechos de vulneración y acoso político en espacios de participación política. Esta pre hipótesis aún podría estar en desarrollo.
De otro lado, un dato que no puede dejar de ser analizado es que de las 133 candidatas que sufrieron algún acto de acoso político, 45 manifestaron que reportaron y/o denunciaron los hechos en alguna instancia (organización política, medio de comunicación, Ministerio Público, Jurado Electoral Especial y Policía Nacional). No obstante, el 82% manifestó que no hubo ninguna respuesta o sanción frente a su denuncia.
Finalmente, el estudio buscó mostrar una realidad que afrontan las mujeres cuando deciden participar en política, así como evidenciar la necesidad latente de adoptar programas y/o medidas para la prevención, atención, protección y erradicación de la violencia y el acoso político en nuestro país. Para ello, se requiere visibilizar el tema, impulsar protocolos de atención, construir un registro de información que permita monitorear los casos, y por último, una articulación conjunta entre todas las instituciones del Estado competentes en el tema, partidos políticos y la sociedad civil.
Notas:
(1) Este documento de trabajo fue elaborado por las investigadoras: Enith Pinedo, Carla Cueva, Rubi Rivas y Diana Miloslavich, bajo el título El Acoso Político en el Perú: Una mirada desde los recientes procesos electorales.
(2) Proyecto de Ley presentado por la ex congresista Verónica Mendoza en la legislatura 2011-2016 denominado “Ley contra el acoso político hacia las mujeres”, presentado en el año 2013-
(3) La encuesta fue aplicada en las Elecciones Regionales y Municipales 2014, con un nivel de confianza de 95% y con un margen de error del 3.6%. La población universo fue de 1524 candidatas de ámbito subnacional.
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*Rubi Rivas Cossio pertenece a la Plataforma Comadre, espacio que busca posicionar el trabajo de las mujeres en el análisis de la política nacional e internacional.