A dos años y siete meses de los hechos, la situación y paradero de los 43 estudiantes desaparecidos continúa siendo desconocido
Servindi, 21 de abril, 2017.- Del 19 al 21 de abril una misión internacional realizó una visita oficial a México a fin de supervisar el cumplimiento de la medida cautelar (MC 409/14) y de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa.
Se trata del Mecanismo de Seguimiento a la medida cautelar otorgada en favor de los estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y que busca el avance de la investigación, la búsqueda de los desaparecidos, la atención integral a víctimas y familiares, y las medidas estructurales de no repetición.
La delegación estuvo compuesta por Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para México y coordinadora del Mecanismo de Seguimiento, Paulo Abrão, Secretario Ejecutivo y personal técnico de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.
A dos años y siete meses de los hechos, la situación y paradero de los 43 estudiantes desaparecidos continúa siendo desconocido.
A la fecha, no hay persona alguna en esta causa que esté siendo procesada bajo el tipo delictivo de desaparición forzada, y que desde diciembre de 2015 no se ha presentado ninguna nueva acusación.
El Mecanismo ha analizado la información recibida desde el inicio de sus funciones, y expresa su preocupación ante la falta de celeridad en alcanzar conclusiones tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el GIEI.
La emisión de declaraciones públicas de altas autoridades que validan la hipótesis de que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula es de preocupación para la Comisión.
El GIEI concluyó en su primer informe que el fuego mínimo necesario para la combustión de 43 cuerpos no era científicamente posible dadas la evidencias encontradas.
El Mecanismo reitera que la difusión de esa hipótesis, que ya ha sido descartada por el GIEI, provoca una distancia frente a las víctimas y sus familiares y pone en riesgo la búsqueda de verdad y justicia en este caso.
Resultados de la visita oficial
Durante la segunda visita oficial el Estado mexicano informó sobre avances alcanzados como las gestiones para contratar la tecnología LIDAR en la búsqueda de los estudiantes, los avances en la investigación de la telefonía y el establecimiento de un cronograma para tomar declaraciones de detenidos y otras personas.
La Comisión reconoce también el progreso relacionado con la Ley General para Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, votada por unanimidad en la Cámara de Diputados el miércoles pasado y que aguarda la aprobación final del Senado.
En este sentido, la CIDH urge al Estado a dar pasos decisivos para contar con una legislación en materia de desaparición forzada que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos y cuente con el indispensable respaldo de las familias y organizaciones que les acompañan.
Prioridades
Tras seis meses de funcionamiento y al cumplirse la primera mitad de las actividades incluidas en el plan de trabajo del Mecanismo de Seguimiento, la CIDH señaló los aspectos prioritarios a impulsar para obtener avances satisfactorios en la búsqueda de verdad y justicia y reanudar el diálogo directo entre los familiares de los 43 estudiantes y las autoridades del Estado.
En materia de investigación, la CIDH reitera la importancia de examinar debidamente los indicios de involucramiento de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado en estos hechos y de profundizar en la participación que tuvieron las autoridades de los distintos niveles de gobierno.
Respecto a la investigación de la telefonía, es prioritario también que el Estado determine al menos quiénes son “el Caminante” y “el Patrón” mencionados por varias personas involucradas en los hechos, así como profundizar la investigación del papel del ejército en los hechos.
La CIDH urge al Estado a avanzar en la investigación de dos policías federales quienes fueron individualizados como presuntos responsables de encubrimiento de los hechos, con base en los señalamientos tanto del GIEI como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El Estado debe además profundizar con urgencia la línea de investigación sobre la posible conexión de los hechos con el traslado de estupefacientes hacia los Estados Unidos.
Para ello la CIDH exhorta al Estado mexicano a priorizar las solicitudes de asistencia jurídica al gobierno estadounidense así como a priorizar pruebas y diligencias en relación con el quinto autobús.
En materia de búsqueda, la CIDH urge al Estado mexicano a crear una base de datos de fosas que pueda ser replicada en todas las entidades federativas y exhorta al Estado a implementar el uso de la tecnología LIDAR lo antes posible y a ampliar el área de búsqueda, de acuerdo con lo propuesto por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
En materia de atención a víctimas, la Comisión urge al Estado a acelerar la atención requerida por los estudiantes heridos de gravedad en el momento de los hechos. Sobre todos estos temas pendientes, la PGR presentó una propuesta de cronograma de trabajo para cumplir en los próximos seis meses, la cual será evaluada por la CIDH.