Servindi, 5 de abril, 2017.- El jueves 6 de abril organizaciones de derechos humanos presentaron informes sobre la situación de respeto, protección y ejercicio de varios de los derechos humanos en el Ecuador y pedirán que no se criminalice la protesta social.
Se trata de una pre-sesión de la sociedad civil que será antesala para el Examen Periódico Universal (EPU) que realizará el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, donde el Estado ecuatoriano será evaluado en el cumplimiento de los derechos humanos.
Las organizaciones participantes son filiales de la Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh) como Acción Ecológica, Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).
Elsie Monge, directora Ejecutiva de Cedhu y vicepresidenta de la Fidh para Latinoamérica, expondrá ante los diplomáticos de más de 47 países, temas como la problemática del femicidio y la violencia contra niñas y mujeres; la desaparición involuntaria de personas y graves violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, la criminalización de la protesta social; la situación de las y los defensores de derechos humanos; y violaciones del derecho a la libertad de asociación.
Además, las tres organizaciones mantendrán reuniones de cabildeo con los Estados partes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el Examen Periódico Universal que se realizará este 1 de mayo.
El EPU
El proceso de Examen Periódico Universal ocurre cada cuatro años y es la oportunidad para evaluar los avances y retrocesos en materia de derechos humanos en el país. A puertas de iniciar un nuevo gobierno en Ecuador, las recomendaciones que reciba serán un insumo fundamental en su agenda de políticas públicas.
Según las organizaciones impulsoras de la sesión la participación es de suma importancia en el contexto de conflictividad social, agudizada por los resultados electorales del 2 de abril en el Ecuador.
En tal sentido, las organizaciones firmantes esperan que en el marco de este examen se respeten en el territorio del país las garantías de no criminalización de la protesta social y la generación de un entorno propicio para la defensa y exigibilidad de derechos.
Reiteran que todas las personas deben ser protegidas y no perseguidas, hostigadas o criminalizadas por defender sus derechos nivel nacional e internacional, y se ratifican en su trabajo y compromiso por la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, independientemente de quienes ocupen los cargos de elección popular.