Servindi, 17 de marzo, 2017.- Un plantón de protesta contra la Ley del Despojo, Decreto Legislativo 1333, se realizará el viernes 17 de marzo a partir de las 7 am frente a la sede de Proinversión, ubicada en la Av. Enrique Canaval Moreira 150, en el distrito de San Isidro.

El acto es convocado por organizaciones nacionales que integran el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú, la Coordinadora contra la Corrupción entre otras que rechazan las declaraciones de Alfredo Thorne, ministro de Economía y Finanzas, quién ayer exhortó al Congreso a reconsiderar la derogatoria de dicha norma expedida por el Ejecutuvo.

Alfredo Thorne insistió en que dicha norma es parte del paquete reactivador del Gobierno, y anunció que su despacho enviará comunicaciones oficiales al Parlamento para revertir la decisión adoptada por la Comisión de Constitución de deroigar dicha norma.

Los convocantes al denominado plantón democrático señalan que no descansarán en perseguir la derogatoria de una norma que vulnera los derechos no solo de las comunidades campesinas o nativas sino de cualquier propietario de un predio rural que tenga la mala suerte de ser .

El Decreto Legislativo 1333 para la simplificación del acceso a predios para proyectos de inversión priorizados crea un programa con supercompetencias en materia de saneamiento físico legal para favorecer el accedo de proyectos de inversión sobre predios formales e informales, ya sean público o privados.

Se trata del APIP, un organismo con facultades excepcionales que —.como lo han advertido especialistas— crea conflictos de competencias con otras dependencias públicas, subordina a instituciones autónomas y se irroga una potestad mayor para "resolver" controversias.

Se cuestiona además que el APIP depende de Proinversión, entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, y tiene un marcado seso u orientación provinversión.

La cuestionada norma no solo crea inseguridad jurídica sino que además constituiría un abuso de las facultades excepcionales otorgadas por el Congreso al Poder Ejecutivo.

Por diversas razones de índole jurídico y de procedimiento la Comisión de Constitución y Reglamento dictaminó derogar el citado decreto legislativo por doce votos a favor.

El Pacto de Unidad, con el apoyo de diversas asociaciones reunidas en el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ha venido librando una dura batalla explicando los excesos de la norma que va más allá de la Constitución Política y las garantías a la propiedad que esta brinda.

Los argumentos a favor de la derogatoria encontraron rápido eco en la Comisión de Pueblos donde las congresistas María Elena Foronda, Tania Pariona y Marco Arana del Frente Amplio lograron reforzar la argumentación al interior del Congreso de la República.

La permanente presencia de los dirigentes indígenas en las diversas sesiones contribuyó a persuadir incluso a los miembros de la cbancada fujimorista de Fuerza Popular a fin de derogar el citado dispositivo.

Sin embargo, el enfático pedido del ministro de Economía puede generar nuevas tensiones y controversias antes del pleno del Congreso que deberá resolver el dictamen apriobado por la Comisión de Constitución.

En tal sentido las organizaciones del Pacto de Unidad convocan a los ciudadanos/as democráticos a acompañarlos en la manifestación pacífico de rechazo a una norma abusiva y lesiva a los derechos de propiedad.

La organización nacional Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) también se pronunció a favor de la derogatoria del D.L. 1333 y la calificó de una norma que se orienta al etnocidio de los pueblos indígenas amazónicos al afectar su integridad territorial.

Dato:

Integran el Pacto de Unidad la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), la Central Única de Rondas Campesinas del Perú (CUNARCP), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP) y la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA).