Propuesta fue impulsada frente a demanda de comunidades indígenas que han visto reducidos y vulnerados sus territorios por la expansión de los monocultivos de palma aceitera en la Amazonía.

Por Patricia Saavedra

Servindi, 7 de marzo, 2017.- Una moratoria para frenar la expansión de los monocultivos en los bosques primarios de la Amazonía se anunció desde el Congreso de la República, en respuesta a las demandas de las comunidades indígenas que han visto reducidos y vulnerados sus territorios. 

La propuesta será impulsada por la congresista Tania Pariona (Frente Amplio), quien canalizará esta demanda, la cual se dio a conocer durante el foro público “Compromisos internacionales de cero deforestación y política nacional de promoción de expansión de monocultivos agroindustriales en la Amazonía”, realizado este 3 de marzo en el Congreso.

El espacio organizado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE), el Grupo Parlamentario Indígena (GPI) y la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali – FECONAU contó con la participación de especialistas, operadores públicos y líderes de comunidades amazónicas directamente afectadas por este problema.

Monocultivos se expanden

De acuerdo a Juan Luis Dammert, de OXFAM si bien en Perú los niveles de producción de palma aceitera no son equiparables a los de los países asiáticos que lideran la producción –caso Malasia o Indonesia-, es importante tener en cuenta que América Latina se está erigiendo como una opción ofertante para nuevas tierras disponibles.

Igualmente indicó que en los últimos 20 años a nivel mundial se experimentó un crecimiento del 500 por ciento para este cultivo. En Perú, al año 2000 se tenía 15 mil ha comprometidas en el cultivo; 60 mil al 2013 y 77 mil al 2016.

Asimismo, se han identificado a través de organizaciones de conservación unas 113 ha listas para implementar el cultivo, lo cual triplicaría la expansión en el corto plazo.

El especialista afirmó que “la palma aceitera sí ha generado (en el Perú) deforestación en años recientes”, debido a que  “hay ventanas en el marco legal que han sido aprovechadas por los inversionistas, el Estado y los gobiernos regionales”.

Los casos

Los dirigentes manifestaron un malestar unánime con las instancias del Estado al considerar que no se toma acción inmediata ni se previene. Igualmente coincidieron —al igual que los especialistas— en que la no titulación de tierras comunales ha agravado el problema.

Elí Tangoa Lancha, de la Coordinadora de Pueblos Indígenas de San Martín (CODEPISAM) sostuvo que “la única forma de frenar esto es titular los territorios de las comunidades”, sin embargo denunció que sus demandas no son atendidas y porque las autoridades alegan que no cuentan suficiente presupuesto.

De otro lado, Carlos Hoyos Soria , de Santa Clara de Uchunya, denunció que hay inoperancia de las autoridades y que empresas recurren a artimañas para evadir responsabilidades.

Ante ello, el presidente de la FECONAU Robert Guimaraes, denunció que las “empresas cambian de razón social para evadir responsabilidades. No solo por deforestación sino que defraudan al Estado. Es crimen organizado porque también se ha operado así en otros países como Malasia”.

Por su parte, Manuel Manuyama, del Comité de Defensa del Agua de Loreto, sostuvo que esta situación es una preocupación nacional ya que “no es solo un asunto de indígenas, a más deforestación más se calienta el bosque y más llueve aquí (Lima)”.

La moratoria

La congresista Tania Pariona, quien se comprometió a impulsar la propuesta, indicó que esta iniciativa nace debido a que "no tenemos una política de ordenamiento territorial y se está otorgando concesiones a empresas extractivas para cultivo de palma aceitera, minería, entre otros, sobre territorios no titulados".

Asimismo, indicó que "estamos en una situación de deforestación que está generando otras situaciones como el despojo de indígenas de sus tierras, la superposición de inversionistas en un solo territorio, como los mineros ilegales, los productores de palma aceitera, los taladores ilegales y así vamos a llegar  a un caos".

De otro lado, indicó que el Perú tiene asumido un compromiso de cero deforestación al 2021. La parlamentaria indicó que proximamente se oficializará la propuesta.