Estudio elaborado por el Centro de Información sobre Empresas y DDHH considera casos de violencia y criminalización contra de defensores y defensoras, líderes y lideresas comunitarias, sindicalistas y organizaciones, en un contexto de conflictos sociales en escalamiento. Destaca entre las causas la competencia por la explotación de recursos naturales, la ausencia de espacios de participación e incidencia para las comunidades y pueblos afectados y la falta de acceso a la información ambiental.

Por Paulina Acevedo*

25 de enero, 2'17.- En el marco de un desayuno con distintas organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, fueron presentados los resultados del Informe “Foco sobre Defensores/as de Derechos Humanos bajo amenazas y ataques en América Latina”, elaborado por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, organización internacional con sede en Londres, que monitorea de acuerdo a lineamientos internacionales las afectaciones a derechos humanas por parte de empresas y corporaciones a lo largo del mundo.

Este es el segundo informe que produce dicha organización bajo el mecanismo de respuesta de las empresas, las que son requeridas por ésta ante denuncias de vulneración a estos derechos fundamentales. Desde este modo, desde septiembre 2013 hasta diciembre de 2016, el Centro contactó en 156 ocasiones a empresas respecto que reportaban abusos contra de defensores y defensoras, respondiendo el 43.8% del total.

El informe subraya que una de las problemáticas más serias de la región en el ámbito de empresas y derechos humanos en los últimos años son los ataques a las libertades civiles y a las y los defensores de derechos humanos. Experimentando América Latina un alarmante aumento en el número de casos de violencia y criminalización en contra de defensores y defensoras, líderes y lideresas comunitarias, sindicalistas y organizaciones. Como evidenció el  informe de 2016 de Global Witness, que reporta 185 casos de activistas ambientales asesinados durante 2015, dos tercios de ellos en América Latina.

El informe fue presentado por Amanda Romero, investigadora y Representante para Suramérica del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos y Karen Hudlet, investigadora y Representante para México, Centroamérica y el Caribe del mismo Centro. Contándose además con comentarios a los resultados y alcances del informe, por parte de José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano.

Siguiendo los lineamientos de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU (2010), y los estándares fijados en la Declaración de los defensores de los derechos humanos (1998), ambos de Naciones Unidas, donde este último reconoce como defensor a toda persona que defiende derechos propios o de terceros, basado en los instrumentos de derechos humanos, y que no recurre a la violencia, el informe evidencia que el mayor número de casos de vulneración produce en los sectores energético (41%), minero (27%), construcción (13%) y agrícola, alimentos y bebidas (12%), incluyendo muertes (36), desalojos (34) y golpizas o diferentes formas de violencia (27), siendo los países de mayor ocurrencia Colombia, México, Guatemala, Honduras y Brasil.

Comentarios y conclusiones

Tras la presentación del informe, Amanda Romero recalcó que este “aumento radical en los ataques y amenazas, en la mayoría de los casos se da en sectores donde hay conflicto por los recursos naturales. Ataques que incluyen también el uso de la herramienta penal para la persecución de los defensores”. Asimismo, sostuvo que es común el uso de la intimidación o medidas directas de los gobiernos, como por ejemplo procesos de expropiación u órdenes de desalojo, “para imponer un proyecto de inversión en razón del desarrollo”.

En cuanto al proceso recolección de información y de consulta a las empresas en el marco del informe, la investigadora Karen Hudlet destacó que “en general no existen códigos de conducta en la mayor parte de las empresas, y que la primera reacción de estas al ser requeridas frente a los hechos que se denuncian, es negar cualquier involucramiento, y en los casos en que esto es evidente, siempre negando participación en la transgresión, responden que condenan el hecho”. Por eso, afirma Hudlet, “garantizar la libertad de expresión es fundamental para la visibilidad de estos hechos”, apuntando a las amenazas de las que son víctimas también periodistas y comunicadores que dan cobertura a estos hechos.

De importancia es también, agrega Romero, “no olvidar considerar los contextos de conflictividad social y de desigualdad en que se producen estos hechos, donde las empresas no pueden beneficiarse de la conflictividad social que tienen sus proyectos para imponerlos”. Señala, por lo mismo, que es “vital que los gobiernos actúen para salvaguar los derechos de las personas que son vulnerados, no sacándolas de sus territorios para resguardarlas, pues ello las aleja de sus demandas y comunidad”, puntualizó.

José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano, quien comentó los resultados del informe, destacó que este: “llega al país en un momento muy significativo, donde la situación de los defensores de Derechos Humanos ha llegado a un estado crítico”. Como permite ver un informe reciente del Observatorio de Defensores de la OMCT-FIDH sobre tierras, así como un estudio de OCMAL (2015) en el cual se registran 161 casos de conflictos relacionados con la minería, principal producto de exportación del país, y el mapeo de conflictos socioambientales realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), donde la mayor parte de los 102 casos catastrados corresponden al sector energético, 40 de los cuales involucran a pueblos indígenas y 90 están vinculados al derecho al agua.

Aylwin resaltó a su vez el impacto que tienen los acuerdos comerciales y de inversión en la generación de estos escenarios de conflictividad, ya que “detrás de esto hay una región abierta a la inversión externa, también entre países de América Latina, siendo varios los países que mantienen inversiones fuera de sus fronteras”. De hecho, cerca del 80% de las inversiones chilenas fuera de fronteras, “destacando el caso de Codelco, con situaciones de denuncias por vulneración de derechos en Ecuador, o la empresa Arauco, acusada de impactar al pueblo Guaraní, en Misiones, Argentina, como dio cuenta un informe del Comité DESC”.

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*Paulina Acevedo es periodista y coordinadora del Área de Comunicaciones del Observatorio Ciudadano en Chile. Correo: [email protected]  Telef. +569 89006510.