Por Wilfredo Ardito Vega

19 de octubre, 2016.- El Ministro del Interior difundió un video con un mensaje sobre la muerte del campesino Quintino Cereceda muy distinto a la actitud de sus predecesores. Reconoció que Cereceda fue asesinado en Cotabambas el viernes por un disparo en la frente, señaló que hubo diversas irregularidades en el operativo policial, declaró que es inaceptable una intervención policial donde no se respeten los derechos humanos y anunció que el crimen deberá ser esclarecido y sancionado.

Hasta el momento, los policías peruanos suponían que, si mataban a un campesino, gozarían de impunidad, de manera semejante a lo que ocurre en Estados Unidos cada vez que la policía mata a un afroamericano desarmado, aunque sea un niño, tenga problemas mentales, haya cámaras de televisión o muchos testigos.

Esta impunidad ha estado presente en todas las muertes de campesinos cometidas por la Policía Nacional durante los democráticos gobiernos de Toledo, García y Humala.   

El primero de estos hechos ocurrió en el año 2002, cuando el anciano Marcelino Sulca falleció porque la policía le arrojó una bomba lacrimógena al pecho. El Ministro del Interior de la época, Fernando Rospigliosi,  respaldó a la policía y en el resto del gobierno de Toledo otros diez campesinos fueron asesinados, entre ellos Guillermo Tolentino, que protestaba por los abusos de una empresa minera en Huaraz y Efraín Arzapalo, quien reclamaba contra la contaminación del Lago Chinchaycocha en Junín.  Fallecieron también Enrique Mega (Pucalá, Lambayeque), Nicolás Gonzales, Florencio Quispe y Mauro Surco (San Gabán, Puno). Solamente durante el tiempo que duró la gestión de Gino Costa se logró detener la violencia policial. 

En tiempos de Alan García, las muertes de campesinos fueron mucho más numerosas, especialmente quienes participaban en movilizaciones como Marvin Gonzales (Santa, Ancash)  y Julián Altamirano (2007, Andahuaylas, Apurímac). El fatídico 18 de febrero del 2008, durante un paro nacional campesino, la policía mató a Julio Rojas en Barranca y a Emiliano García y Rubén Pariona en Ayacucho. Lo extraño fue que, pese a que eran zonas distantes, los tres murieron de la misma forma, por disparos a la cabeza, como si los policías hubieran recibido una orden superior (el viernes, según la autopsia, Quintino Cereceda falleció de la misma forma). En aquel año tan violento, la Policía Nacional estaba comandada nada menos que por el actual congresista Octavio Salazar.

Durante el gobierno de García, Puno fue uno de los departamentos donde se produjo la mayor violencia, pues la policía disparaba indiscriminadamente hasta en operativos contra el contrabando.  Así murieron el niño Imel Huayta en el 2007 y los campesinos Miguel Añamuro y Justo Loma en dos incidentes ocurridos en el 2008. En el Día del Campesino del 2011 se produjo además la masacre de Juliaca: la policía mató a Félix Vircanota, Antonio Campos, Raúl Chacchata, Petronila Coa Huanca y Gregorio Huamán.   Ellos protestaban contra la contaminación del río Ramis.  

En ese gobierno, también las Fuerzas Armadas mataron a varios campesinos, como Franklin Estalla, a quien inicialmente se quiso presentar como senderista. Se produjo además la masacre de Río Seco, donde murieron Félix Canchanya, Maximiliano Pichardo, Alejandro Pichardo y  Rosa Chávez Sihuincha. Parece ser que los militares también asesinaron a los niños Moisés (6 años) y Rosa Linda (un año), que se encuentran en calidad de desaparecidos. Cuando los periodistas ayacuchanos le preguntaron por los niños al entonces Ministro de Defensa Ántero Flores Araoz, soltó un comentario brutal y sarcástico al respecto. 

Muchas veces, además, las empresas mineras celebran convenios con la Policía Nacional, que ya no parece ni siquiera una agencia de seguridad privada, sino un grupo de crueles mercenarios. En Piura, por ejemplo, la policía al servicio de la empresa Majaz-Monterrico Metals, mató a Reemberto Herrera (2004) y Melanio García (2005) En el último caso además, muchos campesinos fueron torturados en el campamento de la empresa, que ha aceptado pagar una indemnización al ser demandada ante los tribunales ingleses. En tiempos de García, cuando la empresa china Zijin había reemplazado a Monterrico Metals, la policía también mató a los campesinos Castulo Correa Huayama y Vicente Romero Ramírez (2009). 

Durante el gobierno de Humala, la policía usó el campamento de la empresa Xstrata en Espinar como centro ilegal de detención durante los violentos incidentes en que además mató a Rudencindo Manuelo Puma, Walter Sencia y al anciano Félix Yauri. Semanas después, se produjeron en Cajamarca las protestas contra el proyecto Conga y la policía mató  a Joselito Vásquez en Bambamarca y en Celendín a Eleuterio García, José Faustino Silva, José Antonio Sánchez así como a César Medina, de solamente 16 años.

Ante el recurrente panorama de impunidad, la reacción de Basombrío, disponiendo inclusive que los policías pasen por la prueba de absorción atómica para detectar quién mató a Quintino Cereceda, es un mensaje preciso para que la policía sepa que la vida de un campesino deba ser respetada. También es un mensaje para la empresa china MMG, cuyas arbitrariedades ya han generado cuatro muertes en Apurímac. Por eso, también debería aprovecharse la oportunidad para revisar los convenios entre las empresas mineras y la Policía Nacional que han deslegitimado a esta última ante los ojos de la población.    

Aportes y Comentarios:

- Frente al comunicado del Ministro del Interior, tengo que decirle al Ministro que no es suficiente: está clarísimo que la empresa minera MMG las Bambas, amparada bajo sus convenios con la PNP, hacen lo que les da la reverenda gana en Chalhuahuacho. Señor Ministro, muestre a toda la población, todos los convenios, todos. No solo aquellos firmados por Ministerio, sino los suscritos por empresas mineras con las Direcciones Regionales Policiales de Cusco, Apurimac, etc. Y algo, más cancele pues los convenios, basta de pensar que los peruanos no nos damos cuenta de los intereses que aquí se escoden. Y sugiero algo más, por qupe también no nos dice, en esta lógica de limpiar la Policía y fortalecerla, cuánto han recibido funcionarios de nuestra PNP en la suscripción de estos convenios. ¿Acaso no es cierto que, existe un porcentaje que recibe la PNP a una cuenta corriente por ello, y que prácticamente hemos mercenarizado nuestra PNP a las empresas mineras? Aquí no hay una acción policial unilateral, lo que existe señor Ministro es una empresa minera que hace lo que quiere con la PNP” (Ruth Luque, abogada de algunos de los campesinos detenidos en Chalhuahuacho el año pasado).

- La impunidad por matar campesinos es herencia colonial, la seguimos en la república; los hacendados mataban, violaban, torturaban, mutilaban y no había castigo por parte de las autoridades locales y nacionales porque ellos o sus hijos estaban en el Congreso de la República, las municipalidades, las iglesias y conventos, en todos los estamentos de poder local y nacional. Ahora, con el lema de la inclusión solo se incluye la gastronomía, el vestuario, la artesanía porque ello genera riquezas para los descendientes de muchos de estos hacendados. A los campesinos de ahora se les llama terroristas, ociosos, atrasados, perros del hortelano y demás adjetivos peyorativos (Ruth Borja).

Un testimonio:

Hoy por la tarde, en la avenida Camino Real en San Isidro, fui testigo de un acto racista de un transeúnte hacia un taxista que había invadido el crucero peatonal. Si bien es cierto, el taxista actuó inadecuadamente para ganar una carrera, ello en nada justificó los insultos "cholo" y "animal", empleados con mucha vehemencia... Sentí mucha vergüenza e indignación, con el fastidio además de no saber cómo reaccionar ante ese tipo de suceso. Proseguí mi rumbo perturbado y con la frustración de no haber podido hacer algo (Un estudiante universitario).

Además…

- Juan Rivera Rondón, uno de los militares sentenciados por la masacre de Accomarca fue capturado el sábado en Barranco, gracias al programa de recompensas del Ministerio del Interior. 

- La renuncia del asesor Jorge Villacorta se produce después de una agresiva intervención hacia los indígenas en Saramurillo.  Paradójicamente, Kuczynski le había encargado asesorarlo en conflictos sociales.

- La Asamblea Universitaria de la PUCP aprobó el nuevo estatuto que normaliza la relación con el Vaticano, dejando fuera al arzobispo Cipriani.

- Hablando de Cipriani, éste y el representante del Arzobispado Walter Muñoz Cho, serán citados por el escándalo de corrupción protagonizado por el ex asesor Carlos Moreno. En nuestra opinión, los obispos Raúl Chau y Adriano Tomasi también deberían ser investigados. Acá se muestran los vínculos de Moreno con la Hermandad del Señor de los Milagros: http://c16emergencia.blogspot.pe/2016/08/comunicado-n-062-2016-felicitacion.html

- Profundo rechazo ha generado Producciones Tondero por contratar a la actriz Magdiel Ugaz, maquillándola para que haga el papel de una mujer afroperuana, como si no existieran actrices con esos rasgos. Se trata de la práctica del “Blackface” que existía en Estados Unidos hasta hace unas décadas.

- Hablando de racismo, el 11 de diciembre se realizará la Carrera contra la Discriminación y el Racismo, organizada por la Defensoría del Pueblo. En Tumbes, tendrá carácter binacional.

- Concluyó el quinto Tinkuy, encuentro de escolares indígenas y afroperuanos. Esta vez fueron recibidos por el Presidente Kuczynski en Palacio de Gobierno.

- Hablando de niños, la actriz y cantante Magaly Solier está preparando un disco con canciones en quechua para niños que ella misma está componiendo.

La frase W:  

El Perú no llegará al siglo XXI mientras la policía no acepte que los campesinos son seres humanos