Servindi, 22 de setiembre, 2016.- Tras siete años y cuatro meses de proceso, la Sala Penal liquidadora y transitoria de Bagua absolvió de ocho delitos a los 52 procesados —inicialmente 53, uno fallecido— por los sucesos de la Curva del Diablo, en Bagua, incidente ocurrido el 5 de junio de 2009, el cual dejó como saldo doce efectivos policiales fallecidos.

La sala, conformada por Gonzalo Zabarburú Saavedra (presidente y director de debates), Norberto Cabrera Barrantes (segundo vocal) y Enrique Montenegro Guimaraes (3er vocal); sentenció que no se comprobó que los nativos hayan manipulado armas de fuego que ultimaran a los policías acaecidos en aquel fallido operativo.

Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal (IDL) y uno de los defensores de las víctimas, saludó esta decisión y reiteró a través de su red social facebook esta tarde que no se contaba con suficientes pruebas para inculpar a los procesados.

“No está probado que hayan arrebatado las armas a los policías y con ellas los asesinaron porque las declaraciones auto inculpatorias iniciales fueron obtenidas sin las garantías de ley porque no tenían abogados, lo hicieron sin intérpretes y bajo apremios ilegales de golpes" indicó.

"además porque en juicio oral con las garantías del debido proceso aclararon rectificar estas declaraciones. Finalmente sobre el delito de daños, la Fiscalía no probó quienes cometieron los hechos”, sostuvo el defensor.

El tribunal no llegó a comprobar la responsabilidad penal por el delito de homicidio calificado.

Asimismo, a los procesados se les imputó la comisión de otros siete delitos, tales como lesiones graves, disturbios, obstaculización de los servicios públicos, daños agravados, motín, tenencia ilegal de armas de fuego y arrebato de armas de uso oficial en su modalidad agravada.

“Está demostrado el delito pero no se ha identificado a los autores”, sostuvo Juan José Quispe.

La lectura de la resolución se hizo en lengua española, awajun y wampis. Un aspecto gravitante en esta sentencia ha sido al aspecto intercultural al ponderar los hechos.

“El tribunal reconoce el pluralismo cultural y jurídico, la importancia de los peritajes antropológicos para una mejor comprensión de la cultura indígena, reconoce la supremacía de los tratados internacionales así como el respeto de las disposiciones contenidas en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Convenio 169 y el control de convencionalidad”, indicó el abogado de IDL.

¿Y dónde están los responsables?

Una de las responsabilidades políticas más determinantes fue la de la entonces ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, a quien la Comisión Lombardi responsabiliza por el fracaso del operativo policial llevado a cabo, precisamente, en la Curva del Diablo, hechos que motivaron este proceso.

Otra figura política que no asumió sus responsabilidades fue el entonces primer ministro, Yehude Simon, a quien se responsabilizó de no ofrecer una solución política a los hechos de violencia que se venían dando durante tu gestión en el premierato. 

También se encuentra el ministro de Defensa Ánterp Flores-Araoz y por último, la actual segunda vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, por entonces ministra de Comercio Exterior y quien jugó un papel importante en los hechos al ejercer presión sobre la opinión pública para la aprobación del TLC con los Estados Unidos.

Ella, según el informe de la Comisión Lombardi, también se encuentra dentro de los responsables políticos por los muertos de lo sucedido en Bagua. 

Accede al fallo completo con un clic en el siguiente enlace:

- Corte Superior de Justicia de Amazonas: Fallo judicial Caso; Curva del Diablo (PDF, 392 páginas):