Servindi, 1 de setiembre, 2016.-.Extrañeza causa la inusual celeridad con que la Fiscalía califica de "sabotaje" la causa del quinto derrame de petróleo ocurrido en la comunidad kukama Nueva Alianza, en Loreto, el domingo 28 de agosto.

Le peor es que los comuneros kukamas, que son los afectados directos del derrame debido a que no pueden consumir el agua ni los peces contaminados, deben cargar además con la sospecha de haber saboteado el ducto que los perjudicia a ellos mismos.

Así lo describe un pronunciamiento suscritos por cuatro entidades a quienes sorprende que el manido argumento de Petroperú, empresa encargado del Oleaducto Norperuano, tenga eco en las autoridades del Ministerio Público pese a que se trata de una entidad que carece de "independiencia y parcialidad" para opinar sobre las causas del derrame.

La Fiscalía ya adelantó opinión en el tema a pesar que aún no han culminado las investigaciones preliminares y sin que los organismos de supervisión como el OEFA u OSINERGMIN hayan emitido sus correspondientes informes técnicos.

El pronunciamiento suscrito por la Comisión de Justicia, Paz y Derechos Humanos del Vicariato de Iquitos, Radio Ucamara, la Parroquia Santa Rita de Castilla y el Instituto de Defensa Legal (IDL) si bien afirma que no se puede descartar la hipótesis del sabotaje exige una investigación "seria, objetiva e independiente" del Ministerio Público y el Poder Judicial.

De igual modo insiste en que Petroperú debe cumplir con sus obligaciones para con las poblaciones afectadas en los otros derrames, pues hasta la fecha, las comunidades afectadas por el derrame de Cuninico no han sido compensadas ni recibido atención en salud para los problemas surgidos como consecuencia de ingerir agua y comer pescados contaminados.

A continuación el pronunciamiento completo:

¿Hubo sabotaje en el reciente derrame en la comunidad de Nueva Alianza?

Por 
Comisión de Justicia y Paz – Derechos Humanos del Vicariato de Iquitos
Instituto de Defensa Legal (IDL)
Parroquia Santa Rita de Castilla
Radio Ucamara

Ante el apresuramiento de Petroperú por denunciar el supuesto sabotaje en el derrame ocurrido en la comunidad de Nueva Alianza, el domingo pasado en el distrito de Urarinas, provincia y región de Loreto, y ante las denuncias de que la población de la comunidad no permitió el ingreso de trabajadores de la empresa Lamor, contratada para la limpieza de la zona, en su territorio(1), los suscritos –quienes formamos parte del equipo de organizaciones que apoyan a las comunidades afectadas por el derrame: la Comisión de Justicia, Paz y Derechos Humanos del Vicariato de Iquitos, Radio Ucamara, la Parroquia Santa Rita de Castilla y el Instituto de Defensa Legal, con el apoyo de la CNDDHH– consideramos necesario señalar lo siguiente:

1. El Organismo de Evaluación y Fiscalización del Ambiente (OEFA) es el órgano estatal encargado de analizar las infracciones a normas ambientales y establecer responsabilidades en casos de derrame de petróleo, tal como lo hizo en el derrame en Cuninico en junio del año 2014. Cuninico. Preliminarmente, si bien se aprecia un corte en los ductos, aún no se tiene pruebas que fuera hecho por terceros. Antes bien, no se puede descartar la posibilidad de sabotaje, pero tampoco se puede apresurar conclusiones antes de concluidas las investigaciones de los órganos competentes(2).

2. De otro lado, Petroperú como responsable de no darle mantenimiento al Oleoducto Norperuano, según lo declarado OEFA en la resolución 844-2015-OEFA en el caso del derrame de Cuninico(3), no tiene la imparcialidad e independencia para pronunciarse sobre las causas del derrame. No puede ser juez y parte. Hay que recordar que en el caso de Cuninico, también Petroperú señaló que hubo sabotaje y denunció ante el Ministerio Público, a los que resulten responsables. Sin embargo, OEFA encontró responsabilidad administrativa en Petroperú por no dar el debido mantenimiento al Oleoducto Norperuano en la mencionada resolución.

3. No podemos olvidar que en su Resolución N° 844-2015-OEFA, de setiembre de 2015(4), en el marco del proceso administrativo sancionador abierto a pedido de la comunidad nativa Cuninico, OEFA encontró responsabilidad en Petroperú por 4 cosas: 1) demoró mucho en controlar el derrame; 2) no dio mantenimiento interno y externo al Oleoducto norperuano, 3) el derrame ocasionó daño real a la flora y fauna, y 4) el derrame ocasionó daño potencial a la vida y salud. Con ello, pasamos de la tesis del sabotaje, que exonera de responsabilidad a Petroperú a la tesis de la grave negligencia de Petroperú, por no dar mantenimiento al Oleoducto.

4. Según un poblador de la comunidad Nueva Alianza, entrevistado por el portal LaMula(5), el perito que participó en la diligencia de la Fiscal Ambiental de Nauta en el último derrame en la mencionada comunidad Nueva Alianza en Loreto fue puesto por Petroperú(6). (ver). Esto es preocupante, pues Petroperú es juez y parte, es decir es responsable de los derrames por no dar mantenimiento al oleoducto, y ahora brinda al perito sobre la base del cual la fiscal, declara que hubo sabotaje por terceros. Lo que ha debido hacer el Ministerio Público y la fiscal de Nauta, es nombrar un perito independiente. La fiscal puede utilizar el perito de Petroperú, pero lo que no puede hacer, es utilizar este informe para emitir acusación, pues no habría imparcialidad, tampoco puede adelantarse, pues no estamos en la etapa de acusación fiscal. Lo que está haciendo ella es adelantar la opinión del Ministerio Público, en base a un informe proporcionado de Petroperú, lo cual de alguna forma evidenciaría parcialidad.

5. El Ministerio Público se ha apresurado en señalar que existió sabotaje (según información del Diario La República, con fecha 25 de agosto de 2016), sin antes concluir la investigación preliminar y realizar las diligencias pertinentes, como la inspección en la zona de derrame con un perito especialista en este tipos de delitos y que esté designado en la nómina de profesionales del Ministerio Público. Asimismo, tampoco ha esperado los pronunciamientos de OEFA y OSINERGMIN. También hay que denunciar, que la mencionada fiscal acudió a la zona del derrame el 24 de agosto del 2016, es decir 4 días después de ocurrido el derrame, pese que la distancia de la ciudad de Nauta, lugar donde se encuentra el despacho de esta fiscalía a la Comunidad Nativa de Alianza, es aproximadamente 12 horas en deslizador rápido.

6. Ojalá tuviera el Ministerio Público esa misma celeridad en la investigación seguida contra el ex presidente del Directorio de Petroperú, por delito contra el medio ambiente en agravio de la comunidad de Cuninico y la sociedad, donde aún no formula acusación fiscal. Ello, a pesar de que OEFA ya investigó y encontró responsabilidad administrativa en Petroperú por no dar mantenimiento al Oleoducto Norperuano, con lo cual la fiscal ya cuenta con todos los elementos de convicción suficientes.

7. Según las propias autoridades de la comunidad nativa Nueva Alianza, razón por la que no dejaron ingresar a la empresa LAMOR, es porque la población de la comunidad consideraba que Petroperú, y no terceros trabajando para Petroperú, debían dar la cara e ir a la comunidad a dar las explicaciones del derrame, toda vez que están cansados de tanto derrame. Situación diferente ocurrió en Cuninico, donde la empresa de Petroperú acudió a dicha comunidad el mismo día que se reportó el derrame de petróleo, e informó a los afectados que la empresa Lamor se encargará de la limpieza del derrame, acudiendo según versión del apu Galo Vásquez Silva, aproximadamente 30 trabajadores con sus respectivos equipos de trabajo. En el caso de nueva Alianza, la empresa Lamor fueron a la comunidad solo tres personas para inspeccionar y no para limpiar.

8. Recordar que el territorio ancestral de las comunidades nativas, donde han vivido estas desde tiempo inmemoriales, es la "casa" de estos pueblos indígenas, y al ser su territorio, no solo tienen el derecho de saber cada cosa que ocurre en él, sino tienen el derecho a controlar quién ingresa en él y quién no, pues muchas personas quieren ingresar a su territorio para realizar actividades ilegales poniendo en peligro el acceso de la comunidad a los recursos naturales que garantizan su sobrevivencia (madereros ilegales, mineros ilegales, narcotráfico, colonos invasores, etc.,). Las comunidades nativas no se oponen a la limpieza, sino a la forma como el estado se relaciona con ellos, desconociendo su derecho a la autonomía, a la autodeterminación, al autogobierno, al control de su territorio, al acceso a los recursos naturales y que garantizan su sus subsistencia.

9. Expresar nuestra preocupación por la negativa de Paola Tatiana Mendoza del Río, Fiscal de la Fiscalía especializada en materia ambiental, quien en todo momento se negó a la grabación de la inspección fiscal y de la reunión en la zona del derrame y en la Asamblea convocada por las autoridades de la Comunidad, a pesar que la comunidad de Nueva Alianza había autorizado que periodistas de la Radio Ucamara grabarán. Todo ello es incompatible con el principio de publicidad en los procesos, más aún si son procesos penales, contenido en el artículo 139.4 de la Constitución.

10. Rechazamos cualquier intento de convertir a la comunidad nativa Kukama Nueva Alianza, de víctima del derrame (pues no podrán tomar el agua, ni comer el pescado, y menos dedicarse a la pesca, actividad principal) en culpables del derrame, pues ellas son las principales afectadas. El pago en la remediación a los comuneros en su territorio, jamás compensará el daño que los derrames ocasionan(7). Las poblaciones afectadas, como consecuencia del derrame, no pueden tomar agua limpia, han perdido su principal fuente de proteínas que son el pescado, y han perdido su principal actividad económica que les daba sustento, actividad que hoy día no pueden realizar. El pago por la reparación es lo menos que el Estado debe hacer para compensar la pérdida de su actividad económica principal como es la pesca(8).

11. Recordar que Petroperú ha reconocido, según consta en la Resolución N° 012-2016-OEFA(9) emitida por OEFA, que hizo “reducido mantenimiento” al Oleoducto norperuano por "política de austeridad". Es decir, prefirieron ahorrar en el mantenimiento, a pesar que ello ponía en peligro la salud, la integridad el ambiente y hasta la vida de las comunidades nativas ribereñas. De igual manera, que OEFA ha sancionado a Petroperú con 12 millones de soles por no cumplir con limpiar la quebrada de Cuninico en el plazo de 6 meses que le dio OEFA en la resolución 844-2015-OEFA, ocasionando que las medidas correctivas contra Petroperú inicialmente impuestas, se conviertan en medidas sancionadoras. Debemos recordar que hasta la fecha, las comunidades afectadas por el derrame de Cuninico no han sido compensadas como lo exige el anexo 4 del Decreto Supremo N°081-2007-EM, tampoco ha recibido atención en salud para los problemas surgidos como consecuencia de ingerir agua y comer pescados contaminados.

12. En atención a estos considerandos, los que suscribimos este pronunciamiento consideramos que si bien no se puede descartar el sabotaje, se debe esperar la investigación de OEFA que es el órgano competente en materia de infracciones a las normas ambientales, como consecuencia de derrames de petróleo. Exigimos una investigación seria, objetiva e independiente por Ministerio Público y el Poder Judicial, y en caso de acreditarse ilícitos penales, exigimos la sanción a los responsables de este derrame, independientemente de su autoría. Asimismo, insistimos una vez más que Petroperú debe cumplir con sus obligaciones para con las poblaciones afectadas en los otros derrames, pues hasta la fecha, las comunidades afectadas por el derrame de Cuninico no han sido compensadas como lo exige el anexo 4 del Decreto Supremo N°081-2007-EM, tampoco ha recibido atención en salud para los problemas surgidos como consecuencia de ingerir agua y comer pescados contaminados.

Notas: