Servindi, 8 de agosto, 2016.- Representantes de las comunidades indígenas involucradas en la Zona Reservada Yaguas, en el departamento de Loreto, exigen que se le categorice como Reserva Comunal y no como Parque Nacional como lo impulsa el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

Manifiestan que Yaguas es el hogar milenario que ha sido ocupado por sus ancestros hasta sus actuales descendientes y que corresponden a cinco pueblos originarios: Ticuna, Yagua, Quichua, Huitoto y Bora.

Mediante un pronunciamiento dirigido al presidente Pedro Pablo Kuczynski y a otras autoridades, plantean que la Zona Reservada Yaguas debe ser categorizada como Reserva Comunal, bajo la administración de las comunidades que utilizan dicha zona.

Indican que dicha Reserva Comunal debe propíciar una gran alianza de 'aprovechamiento + conservación' entre el pueblo indígena y el Estado peruano. lo que denominan "manejo holístico integral indígena”.

La Zona Reservada Yaguas abarca 867 mil 927.57 hectáreas de las cuencas de los ríos Yaguas, Putumayo y Coyuhé, en los distritos de Putumayo en la provincia del mismo nombre y los distritos de Pebas, San Pablo y Ramón Castilla en la provincia de Ramón Castilla en la región Loreto.

El pronunciamiento rechaza la campaña iniciada por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp y el Instituto del Bien Común (IBC) para inducir y sorprender a la opinión pública con la imposición como Parque Nacional de la actual Zona Reservada, afirman los suscritos.

Los suscritos lamentan que algunos funcionarios del Sernanp siguen sin entender la realidad cultural ambiental, y denuncian que a través de guardaespaldas restringen el ingreso a la zona y el uso tradicional de los recursos lo que genera "múltiples conflictos”.

En tal sentido proponen que se implemente el proceso de consulta previa, libre, informada y de buena fe con participación de las comunidades involucradas y las organizaciones a las que están asociadas.

También solicitan la intervención inmediata de la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Pueblos Amazónicos, Andinos y Medio Ambiente del Congreso de la República con el fin de supervisar el respeto a la consulta y concertación, antes que la imposición.

El pronunciamiento es suscrito por Jorge Pérez Rubio, presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), Henderson Rengifo, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), y Edwin Vásquez Campos, presidente de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).

Asimismo, firman Miller Narváez Santana, delegado de la comunidad nativa Primavera: Dora Vega Torres, lideresa de la comunidad nativa Álamo: Abraham Zunta Vasto, Apu de la comunidad nativa Santa Rosa de Cauchillo, y Carlos Gonzales Enocaisa, Apu de la comunidad nativa Huapapa.

Además del presidente de la República el pronunciamiento se dirige a Elsa Galarza, ministra del Ambiente; a Fernando Meléndez, gobernador de Loreto; a Eduardo Vega Luna, Defensor del Pueblo; a Pedro Gamboa, jefe del (Sernanp), la Comisión de Pueblos del Congreso de la República, la opinión pública y la comunidad internacional.

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