Por Cristina Sánchez

Servindi, 30 de julio, 2016.- Desde hace varios años, diversas instituciones nacionales e internacionales han unido fuerzas para conservar los bosques de la Amazonía peruana a través de un enfoque de desarrollo sostenible. A partir de esto, diversos conceptos como el de DCI, REDD+ y RIA suenan en varios espacios e iniciativas. Pero, ¿qué significan realmente? A continuación, revisaremos estos tres conceptos, con el objetivo de conocer un poco más lo que se le viene al país en lo que respecta a la región Amazónica.

La DCI

La Declaración Conjunta de Intención (DCI) es un documento que se firmó el 24 de noviembre de 2014 en la Semana del Clima celebrada en Nueva York. A través de este documento, Noruega, Alemania y Perú se comprometieron en luchar contra el cambio climático aplicando el enfoque de desarrollo sostenible en los sectores agrícolas, forestales, y la minería ambientalmente adecuada en el Perú. El desarrollo de la DCI se ha planificado en las siguientes 3 fases: 

El principal objetivo del DCI es contribuir a reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del calentamiento global, en el Perú. En lo que respecta al financiamiento, Noruega donará 300 millones de USD, pudiendo ser utilizados solo 50 millones de USD durante la fase 1 y 2. De esta forma, queda establecido que el resto, 250 millones de USD, serán para la fase 3 que representan el pago por los resultados de la reducción verificada de emisiones de GEI.

Actualmente la DCI se encuentra en la segunda fase, la de transformación. Si bien ya se han realizado algunas actividades, el Gobierno peruano, a través del Programa Bosques, aún se encuentra diseñando esta fase incluyendo las sugerencias de los distintos grupos de interés. La tercera fase, la de contribuciones por reducción verificadas de emisiones, estaría enmarcada en el concepto de REDD+, que revisaremos a continuación.

REDD+

La primera vez que se empezó a mencionar el concepto de REDD+ en el Perú fue en el 2011, cuando se aprueba el Plan Nacional de preparación de este enfoque. Es en este momento que se empieza a contemplar que algunos sectores ven que su aplicación en el Perú podría ser beneficiosa para la conservación de los bosques amazónicos.

Después de diversos estudios de suelo y sociales su aplicación empezó a tomar forma con la firma de la DCI. A pesar de esto, cabe resaltar que REDD+ aún está en un proceso de construcción en el mundo y es motivo de controversias y de críticas.

REDD+ es uno de los enfoques para enfrentar la mitigación climática, que tal como lo dicen sus siglas, busca reducir las emisiones de carbono causada por la deforestación y degradación de los bosques. Se le agregó el “+” o “plus” por el enfoque de conservación que debe caracterizarlo.

El objetivo de REED+ es compensar con dinero las emisiones de dióxido de carbono (CO2) que se emiten en el bosque a través de bonos de carbono que serían financiados por los países que necesitan reducir sus emisiones. De esta forma, se le otorgaría un beneficio económico a quienes conservan los bosques y realizan prácticas sustentables.

El mecanismo requiere calcular la cantidad de carbono que un territorio contiene de manera específica, luego calcular el impacto de las emisiones de carbono que ocasionarían actividades de deforestación y degradación, y finalmente valorizar el aporte económico por la conservación de la emisión evitada mediante la protección de los bosques.

A pesar de lo beneficioso que suena una iniciativa como REDD+, se han identificado riesgos y falencias. Por este motivo, en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o COP 16, desarrollada en Cancún, México, el 2010, se aprobaron las denominadas salvaguardas de Cancún.

Las salvaguardas son políticas y procedimientos que buscan evitar los daños sociales, de gobernanza o ambientales durante la preparación e implementación de REDD+. A continuación, revisaremos las cinco principales salvaguardas que necesitan ser aplicadas en el contexto peruano:

RIA

Por su parte, las organizaciones indígenas han desarrollado una propuesta que lleva la denominación de REDD+ Indígena Amazónica (RIA) para reducir las emisiones de GEI, pero desde la perspectiva de los pueblos indígenas y no tanto del mercado o de los países industrializados. Esta propuesta es liderada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), quiénes también coinciden en reducir las emisiones de GEI, pero sin mercantilizar los bosques a través de los bonos de carbono.

Lo que propone RIA es ver al bosque de una forma integral u holística, como un territorio integral que brinda diversos servicios ecosistémicos a la humanidad. De esta forma, busca que se reconozca y compense el valor del bosque de manera integral y no solo por su función de captura de carbono.

Desde esa perspectiva también se plantea valorar los distintos planes de vida colectiva de las comunidades y pueblos que lo habitan y que lo protegen. Entre los principales ejes de RIA se encuentra así la titulación territorial indígena, el manejo forestal comunitario y la gobernanza forestal comunitaria.

Después de diversas reuniones de discusión entre AIDESEP y el Ministerio del Ambiente (MINAM), las organizaciones indígenas han logrado incluir la propuesta de RIA oficialmente por el MINAM y la cooperación internacional, en diversos planes y estrategias nacionales. Asimismo, ONU-REDD y la cooperación alemana mediante su agencia GIZ han desarrollado estudios y actividades con AIDESEP para desarrollar RIA. A esta iniciativa se ha sumado también USAID a través del programa ICAA. El documento DCI también considera la propuesta de RIA como uno de sus componentes de cooperación.

Finalmente, cabe resaltar que en las anteriores Conferencias de las Partes (COP) hubo grandes avances en lo que respecta a acuerdos de apertura a enfoques alternativos o innovadores de REDD+. Por esto, es necesario que se siga conociendo y debatiendo todo lo concerniente a esta propuesta, con el fin de que la voz de los pueblos indígenas sea tomada en cuenta y se respeten sus derechos colectivos con los estándares más elevados de protección, asegurando su participación y su consentimiento previo libre e informado como el propio documento de la DCI lo contempla.