Foto: Asociación Martine Anstett

Servindi, 7 de julio, 2016.- Compartimos un artículo escrito por Isabel López Meza, integrante del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad - IIDS, a propósito del inicio de las reuniones entre el Ministerio de Justicia y la representación legal de los beneficiarios de una medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el conflicto Conga.

En estas reuniones también participa César Estrada Chuquilín, comunicador social indígena de Cajamarca, quien ha cumplido una destacable labor periodística al informar sobre el impacto que tendría el proyecto minero Conga en las comunidades y las fuentes de agua de la región Cajamarca. 

Esta tarea le ha valido una serie de agresiones, incluso físicas, por parte de efectivos policiales y de la seguridad privada al servicio de Yanacocha.

Su caso fue presentado junto al de otros defensores del agua y la vida de la región, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto motivó que en mayo de 2014, el organismo supranacional emita una medida cautelar en la que ordena al Estado peruano resguardar la integridad de todos ellos.

¿Cuánto de pesadilla quedará todavía? Retrato de un comunicador indígena en el caso Conga

Por Isabel López Meza / IIDS

Desde el año 2011, la vida de César Estrada ha cambiado de manera irreversible. Cuando observa que alguien le sigue, sabe que es hora de mudarse, porque en seguida vendrá lo de siempre: mensajes de amenazas de muerte debajo de su puerta y, quizás después, intentos de asesinato. Sí, intentos de asesinato, persecución, intimidación, difamación, acoso, más amenazas, agresiones físicas y robo de sus herramientas de trabajo: celular, cámara fotográfica, filmadora y laptop.

Su vida corre peligro. Lo sabe. Pero dice que no dejará de informar sobre las violaciones de derechos humanos y daños al medio ambiente y al agua que ocurren en la región de Cajamarca, como consecuencia de la imposición violenta y no consentida del megaproyecto minero Conga en territorio indígena rondero, que es también cabecera de cuenca.   

―Debo defender la naturaleza, pues de ella subsistimos. Somos miles de personas que vivimos de la agricultura y la ganadería. Esa es la condición que tengo. Nunca voy a arrodillarme a las transnacionales ―dice César Estrada, mientras se acomoda en la silla y endereza la espalda. Sus ojos brillan. Una sonrisa se dibuja en su rostro. Son las 4 y media de la tarde del lunes 9 de mayo de 2016, en la ciudad de Lima, donde se encuentra por unos días por temas de salud.

César Estrada es comunicador social indígena y rondero. Nació en la comunidad Valle Laguna Azul, distrito de Huasmín, provincia de Celendín, región de Cajamarca. Él desciende del pueblo originario Coremarca. Tiene 31 años. Y también es uno de los comuneros ronderos afectados por el megaproyecto minero Conga, el cual contempla la destrucción de cuatro lagunas: El Perol, Mala, Azul, Chica, y otras lagunas que los pueblos indígenas han identificado y que no han sido visibilizadas por la Empresa Minera Yanacocha S.R.L. La labor de César Estrada se enfoca en denunciar todo lo relacionado a este megaproyecto.

―Para mí, ser rondero significa defender nuestros territorios y nuestros derechos que son vulnerados por las transnacionales.

César también es rondero. Empezó a rondar desde los 14 años. Es decir, desde esa edad forma parte de las rondas campesinas, organizaciones consuetudinarias de autogobierno de los pueblos originarios, como alternativa de seguridad, justicia y desarrollo.

―Cuando la empresa minera Yanacocha se enteró que dentro de las comunidades existían personas que informaban sobre lo ocurrido, llegaron las amenazas. Empezaron con el corte de las líneas. Hacía los despachos en vivo y, sin ninguna razón, se iba la señal. Luego, llegaron las amenazas de muerte a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas. Me decían que desista. Me calificaban de extremista, que me estaba oponiendo al desarrollo de Cajamarca.

Elita Yopla, su esposa, lo acompaña en la entrevista. Ella, según César Estrada, hace las veces de su seguridad. Todo el día para con él. Hoy, a pesar de estar en Lima, no es un día distinto. César no puede estar solo. Tiene miedo de que un día terminen con su vida. Dice que el único responsable de esto será la empresa Minera Yanacocha.

Su estado de salud es similar a su situación de seguridad. Tiene desprendimiento de retina en el ojo izquierdo, la columna desviada, problemas de riñón y también en el pulmón izquierdo, como consecuencia de los golpes que ha recibido por parte de personal de la Policía (Dirección Nacional de Operaciones-DINOES) y de trabajadores o allegados de la empresa Minera Yanacocha.

―Son secuelas que tal vez se borrarán con la tumba. Por una situación de recursos y discriminación, no he podido atenderme a tiempo. Vivo limitado. Estoy más que preso. Si me llegan a sentenciar a los 33 años, mi vida tendría una mínima diferencia, porque ahora ya me siento preso. Vivo problemas de salud. No puedo estudiar. Tengo limitaciones para trabajar. Y debo vivir de manera clandestina. Ya no puedo andar libremente.

Un tono de amargura aparece en la voz de César Estrada cuando habla de su situación actual. Según dice, todas las denuncias que hizo han sido archivadas. Y ahora enfrenta un proceso judicial en el que el Ministerio Público ha solicitado 33 años de pena privativa de la libertad en su contra. César es acusado de los delitos de secuestro y hurto agravado en presunto agravio de la empresaria Rosalia Huamán Marchena, trabajadora de Yanacocha, y otras personas.

Para la defensa legal de César Estrada, las declaraciones ofrecidas por los presuntos agraviados contienen contradicciones sustanciales que invalidan su contenido; y los medios documentales no ostentan pertinencia, necesidad o utilidad con los cargos atribuidos. Es por ello que la denuncia contra César Estrada es arbitraria y constituye un acto más de criminalización por parte del Estado contra aquellos que se oponen al megaproyecto Conga.

Los hechos por los cuales él y otros ronderos son acusados ocurrieron el 11 de diciembre de 2013. Según los inculpados, aquel día, la señora Rosalía y acompañantes fueron intervenidos por las autoridades jurisdiccionales ronderas de la Base Valle Laguna Azul, por transitar en un vehículo ligado a la empresa Minera Yanacocha S.R.L. en territorio rondero, pese a que la Asamblea de rondas campesinas ya había prohibido el tránsito de estos vehículos dentro de su ámbito territorial.

Esta prohibición de las rondas campesinas fue dada según su derecho consuetudinario, y debido a la imposición violenta, no consentida e inconsulta del megaproyecto minero Conga. Los acusados han señalado que ellos no estuvieron presentes en el momento de la intervención por parte de las autoridades ronderas, pues llegaron al lugar de los hechos horas después.

―El inicio del juicio oral se pospuso tres veces ―dice César Estrada.

Así como él, otras autoridades jurisdiccionales ronderas y líderes de las comunidades y rondas campesinas que se oponen al megaproyecto minero Conga son criminalizadas arbitrariamente, y han llegado a tener más de 100 investigaciones penales en su contra cada uno.

Por ejemplo, Ydelso Hernández Llamo, expresidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P), tiene por lo menos 114 investigaciones penales en su contra; mientras que el rondero Manuel Ramos Campos, actual Concejero del Gobierno Regional de Cajamarca por la provincia de Hualgayoc-Bambamarca, por lo menos 69 investigaciones penales.

―Si va a Cajamarca y se reúne con cualquier comunero, cada uno tiene algo que contar. La situación se ha agudizado. Los mandatos de los organismos internacionales son letra muerta para el Estado.

Silencio. El brillo en los ojos de César es más notorio.

César Estrada se ha visto obligado a detener su trabajo de comunicador social, mientras vela por su integridad y la de su familia. Paradójicamente, el 29 de abril de este año, recibió el 1º premio de la asociación francesa Martine Anstett por su labor como comunicador y rondero indígena en la defensa de los derechos de las comunidades y rondas campesinas de la región Cajamarca, que resisten la imposición violenta del megaproyecto Conga.

César fue nominado a este premio por el mismo Relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de Naciones Unidas, Michel Forst. Días antes, el 18 de abril, la comunera Máxima Acuña Atalaya había recibido el premio medioambiental Goldman, también por su defensa de los pueblos originarios en el caso Conga.

―No fui a recibir el premio, debido a las amenazas que sufro. Días antes, tuve que cancelar mi viaje. La policía me está llamando a cada rato para que declare. Mi estado de salud empeora y debo hacerme tratar.

César tuvo miedo de que su situación de riesgo empeorase si viajaba a recibir el premio. Y es que, en el caso de Máxima Acuña, tras regresar de Nueva York, donde recibió el premio Goldman, ella denunció que hubo disparos de armas de fuego en las cercanías de su casa, en su predio denominado Tragadero Grande, situado en la zona donde se desarrollaría el megaproyecto minero Conga.

―Si las empresas operadoras nos dieran todo un registro de líneas telefónicas que he usado, veríamos que sobrepaso las 50 líneas entre Claro y Movistar, a nombre de mí y de terceros ―dice César, mientras mira a Elita, su esposa.

César cambia de número de celular constantemente. Según él, así evita que tanto la Policía como personal de la empresa Minera Yanacocha sigan su rastro.

―La primera vez que me amenazaron me dijeron: ‘te tenemos identificado. Nosotros te advertimos, porque conocemos que eres del lugar y más te vale que te retires y salgas del lugar, porque estás malinformando el proyecto. El proyecto trae mucho desarrollo para la población’.

La amenaza llegó mediante un mensaje de texto, seguida de una llamada telefónica. Y, desde allí, las amenazas se hicieron rutinarias.

―El 29 de noviembre de 2011, junto a otros compañeros ronderos, fuimos reprimidos por parte de la Policía Nacional. Ese día, subimos a las lagunas de Conga para hacer una movilización contra el megaproyecto Conga. Producto de esta diligencia, fue herido el compañero Elmer Campos. Él quedó parapléjico y se encuentra condenado de por vida a no poder caminar. Eso sucedió en el lado de Celendín, cruce de Maquimaqui, a unos 300 metros de la laguna Azul. Yo estaba en la laguna Mamacocha, con las delegaciones de Cajamarca. Estamos hablando de 1500 personas de todo Bambamarca.

Según dice César Estrada, por la zona donde él se encontraba, había un helicóptero que lanzaba bombas lacrimógenas desde el aire. Personal de la policía también lo hacía desde tierra. Las unidades que transportaron a los comuneros hasta la laguna quedaron destrozadas por los disparos. Varios de sus compañeros y compañeras fueron detenidos.

―En medio de todo eso, yo tenía que reportar en vivo. Teníamos que denunciar esos hechos. Ese día estaba informando a radio Coremarca. La jornada empezó a las 2 de la tarde. Me enteré de que el compañero Elmer Campos fue herido cuando pasó la represión, cerca de las 5 de la tarde. Subí a un cerro para llamar a los compañeros de Celendín. Y allí, me informaron de lo sucedido. Tuve que permanecer en la laguna Mamacocha hasta el siguiente día, porque teníamos que informar de lo que sucedió a través de los medios.

Aquel día, cerca de 1500 ronderos y comuneros pasaron la noche en la laguna Mamacocha. Según describe César, instalaron algunas carpas y se taparon con plásticos de la lluvia. Otros durmieron en los mismos carros que los llevaron hasta allá.

―Sin cenar, sin alimentos. Todo fue destruido por parte de la Policía. Tuvimos que alejarnos un kilómetro de la Policía para hacer guardia cerca de la laguna Mamacocha.

Desde el 24 de noviembre de 2011, Cajamarca se encontraba en paro indefinido. Miles de personas de distintas provincias y distritos de la región Cajamarca salían a marchar en contra del megaproyecto minero Conga. La demanda era que el Estado declarara inviable dicho megaproyecto. Conforme pasaban los días, la situación se tornó violenta. Empezaron a registrarse detenidos.

El 4 de diciembre de 2011, el Presidente de la República, Ollanta Humala, decretó el Estado de Emergencia por 60 días en las provincias de Cajamarca, Hualgayoc, Celendín y Comtumazá. La ciudad de Cajamarca se encontró rodeada de las Fuerzas Armadas y efectivos de la DINOES.

―El 6 de diciembre de 2011, fui golpeado hasta quedar inconsciente en la Plaza de Armas de Cajamarca.

Aquel día, César Estrada fue golpeado por personal de la Policía Nacional cuando empezó a fotografiar los abusos que ellos cometían en contra de unas ronderas de la provincia de Hualgayoc-Bambamarca, del centro poblado El Tambo.

―Empiezo a fotografiar con mi cámara. Y a los minutos, me encontré rodeado de efectivos de la Policía. Empezaron a golpearme con los palos.

Ese día, en Cajamarca, había una movilización por parte de las comunidades en contra del megaproyecto minero Conga.

―Yo fui hasta Cajamarca para apoyar la movilización. En primer lugar, en mi calidad de rondero, porque también soy afectado por el megaproyecto Conga. En segundo lugar, por mi labor como comunicador social. Tenía que cubrir lo sucedido. Los policías me dejaron ensangrentado. Eso es lo que he podido rescatar en algunas fotos. Me dejaron inconsciente. Desperté en la casa de un familiar. Habían traído un doctor particular para que me vea. Ese día me quitaron mi celular, la cámara filmadora. Fui a reclamar. Y nunca me las devolvieron.

Desde mayo de 2014, él, 46 líderes ronderos, la familia Chaupe y el rondero Luis Mayta son beneficiarios de una Medida Cautelar ―es decir, medida de protección― otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por encontrarse su vida e integridad en situación de gravedad, urgencia e irreparabilidad por su oposición al megaproyecto Conga. La CIDH requirió al Estado peruano que adoptase medidas de protección para garantizar la vida e integridad de los beneficiarios; sin embargo, hasta la fecha, el Estado no lo ha hecho.

―Mi situación ha empeorado ―dice César Estrada. Y su voz se hace más firme.

Según relata, desde mayo de 2014 hasta la fecha, se ha reunido en tres oportunidades con representantes del Estado, sin llegar a ninguna medida concreta.

―Hemos transmitido nuestros reclamos y solicitudes, pero el Estado no ha hecho nada.

Con representantes del Ministerio del Interior… En ninguna de las reuniones, dice César Estrada, el Estado ha mostrado interés en implementar tales medidas de protección.

―Yo solicito medidas de protección y que se hagan cargo de mi salud. Eso es más que todo lo que pido, pero el Estado no me escucha.

La premiación de César Estrada pasó desapercibida para casi todos los medios nacionales y también instituciones del Estado. Recién el 11 de mayo de 2016, César pudo reunirse con el Jefe de Gabinete de Asesores la Defensoría del Pueblo. El mismo Defensor no lo pudo atender, debido a su agenda.

―No es novedad la falta de cobertura mediática. ¿Qué puedo esperar de los medios nacionales? Nunca van a tener el coraje de decir que un comunicador social indígena, que trabaja con un medio alternativo, tuvo este galardón.

Una sonrisa vuelve a dibujarse en el rostro de César. Su espalda está muy erguida. Y sus ojos no parpadean por unos instantes. Dice que talvez se ha sentido solo en algunos momentos, pero eso no lo detiene. Justo ahora trabaja en un proyecto independiente. Consiste en armar una red con comunicadores sociales indígenas a nivel nacional.

―Vamos a sacar una plataforma de página web para difundir las noticias de nuestros pueblos indígenas. Difusión, reclamos, necesidades.

Sus ojos brillan cuando relata sus futuros proyectos. Y, ahora, que es hora de marcharse, quiere dejar un mensaje a sus compañeros comunicadores indígenas que también pasan lo mismo que él en Perú y otras partes del mundo.

―Nuestra lucha tiene que continuar. No se sientan solos. Así como yo he pasado momentos difíciles, sé que también ustedes lo pasan y lo estarán pasando. Pese a todo, tenemos que seguir firmes en la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión. Poco a poco, tenemos que reagruparnos y hacer una red nacional para contrarrestar todos los ataques de la prensa nacional que difunden sus mentiras, nos difaman, nos discriminan. Va a llegar un momento en el que vamos a estar muy por encima de ellos. Eso.

La lucha continúa. César sigue de pie.

***

Entre las nueve y diez de la mañana del jueves 2 de junio, César Estrada recibió seis mensajes de texto, en los cuales lo amenazaban de muerte a él, su esposa Elita y sus abogadas. Los mensajes provenían de diferentes números de celulares:

945 931 487

9.11 am: «PERRO CONCHA DE TU MADRE, SIGUES JODIENDO, VAMOS A VER QUIEN GANA Y QUIN PIERDE HIJO DE PUTA MAL NACIDO».

9.40 am: «HOY TUS ABOGADITOS BRILLARON POR SU AUCENCIA, ES LO MEJOR QUE HAN HECHO, POR LO QUE TAMPOCO LOS VAMOS A PERDONAR, ESTA VES TODOS TUBIERON SUERTE».

951 687 617

9.19 am: «SI TE SALVASTE CORRIENDOTE DE UN LUGAR A OTRO PUES FIJATE QUE TUS MEDIDAS DE SEGURIDAD NO FUNCIONARA POR MUCHO TIEMPO, DISFRUTA TUS ULTIMOS DIAS».

9.49 am: «SI QUIEREN A SU VIDA ES MEJOR QUE SE QUEDEN CALLADOS, LAS DENUNCIAS QUE TIENEN NO LES BASTA, ENTONCES LES DAREMOS LO QUE QUIEREN».

951 681 118

9.31 am: «AHORA TAMBIEN TE DAS EL LUJO DE SALIR A PROTESTAR EN CONTRA DE CANDIDATOS, TU Y TU MUJER VAN A MORIR DEGOLLADOS PERRO MAL NACIDO».

941 963 822

9.39 am: «VAMOS A VER SI SIGUES TODO CAMPANTE TE VIMOS EL LUNES, NO TE DURARA ESA CARA DE MOSCA MUERTA, MALDITO DESGRACIADO, POCO A POCO TE VAS QUEDANDO SOLO»

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El jueves 16 de junio, César Estrada sostuvo una reunión con representantes del Ministerio de Justicia. Allí, él, y en nombre del resto de sus hermanos/as ronderos/as también beneficiarios/as de la Medida Cautelar otorgada por la CIDH, exigió al Estado la implementación de la misma. César informó que la Policía Nacional se ha denegado a brindarle seguridad policial, pues dice que no le corresponde al Departamento de Seguridad del Estado del Frente Policial de Cajamarca dar cumplimiento a la Medida Cautelar.

Su abogada María Torres, del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, enfatizó que «la Directiva a la que hacen alusión para denegar la seguridad a César establece explícitamente que el Ministro del Interior, por Resolución Ministerial, puede determinar el resguardo policial para ‘funcionarios públicos y otras personalidades’».

En la reunión del 16 de junio, César Estrada y la representación legal del resto de beneficiarios acordaron con el Estado sostener una próxima reunión de trabajo en las subsisguientes semanas, en la que participarán funcionarios con poder de decisión de las entidades del Estado competentes para dar cumplimiento a la Medida Cautelar.

Entre las entidades que los beneficiarios solicitan estén presentes se encuentran el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, el Poder Judicial, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Cultura y el Gobierno Regional de Cajamarca.

¿Será este Gobierno capaz de cumplir con sus obligaciones internacionales y proteger efectivamente la vida e integridad de 46 líderes de las comunidades y rondas campesinas de Cajamarca, la familia Chaupe, el rondero Luis Mayta y el comunicador social indígena César Estrada antes del 28 de julio?

Mientras el Estado se pone de acuerdo para ver cuándo y cómo implementarán las medidas cautelares, las vidas de César y los otros beneficiarios seguirán en peligro. ¿Cuánto tiempo más? «¿Cuánto de pesadilla quedará todavía?». (1)

Nota:

1. Esta frase forma parte de «Sueño de una noche de verano», una canción del trovador cubano Silvio Rodríguez.