Por Silvana Baldovino
3 de mayo, 2016.- En los últimos años, muchos años, los peruanos hemos visto cómo la minería ilegal e informal destroza nuestros recursos, destruye nuestros ríos, violenta a niñas y mujeres, y genera mafias de todo tipo. Esta enfermedad se está comiendo al Perú.
Los esfuerzos del Estado son múltiples y a diferentes niveles, estos pueden ser cuestionados, ser insuficientes e incluso mejorarse, pero no podemos negar que algo hemos avanzado, aunque no tan rápido como avanza el delito. Como bien sabemos, cuando se destruye una draga se levantan dos, por eso no debemos bajar la guardia.
Hace unos días, uno de nuestros candidatos presidenciales firmó con CENAMI (Central Nacional de Mineros del Perú) una carta de compromiso, en donde se comprometía –si gana las elecciones– a derogar los Decretos Legislativos 1100 y 1105. El primero regula la interdicción de la minería ilegal en todo el país y establece medidas complementarias para esto, y el segundo establece disposiciones para el proceso de formalización de pequeña minería y minería artesanal.
regresaremos a tierra de nadie, no habrá control, competencias especiales y claro marco específico. Es decir, ya no existirán las zonas prohibidas y será una carta blanca para arrasar con todo
Estos dos decretos son dos de los ejes principales de la estrategia trazada por el Perú para combatir este flagelo que está matando sobre todo nuestra Amazonía. ¿Qué pasará si derogan los decretos? Pues regresaremos a tierra de nadie, no habrá control, competencias especiales y claro marco específico. Es decir, ya no existirán las zonas prohibidas y será una carta blanca para arrasar con todo.
El compromiso suscrito contempla también “beneficios” como la soñada exoneración tributaria. O sea, habrá más informalidad, más ilegalidad y más regímenes temporales que, según nuestra experiencia, se vuelven en permanentes y nos perjudican a todos los peruanos.
Este compromiso tiene costos sociales y ambientales que como peruana me niego a asumir. Con esto perdemos todos. Nuestros recursos no deben ser canjeados por promesas electorales.
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*Silvana Baldovino es directora del Programa de Conservación de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).