Por Cooperacción

28 de abril, 2016.- El desorden territorial será una de las herencias que tendrá que asumir el próximo Gobierno. Pese a las promesas de Ollanta Humala de planificar el territorio, cinco años después, no se ha aprobado una Ley de Ordenamiento Territorial, es más, 13 regiones siguen estancadas en un largo proceso que demanda de un presupuesto y personal especializado del que adolecen.

El desorden territorial se perfila, además, como una de las piedras en el zapato para emprender el rumbo hacia la diversificación productiva, tal y como recomiendan organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En este escenario de parálisis, el territorio comunal se ha erigido en una referencia para los procesos de gestión territorial, gracias a la iniciativa desarrollada por Consorcio ACPIc, integrado por ONG peruanas y belga, durante cuatro años. En la actualidad, ya han puesto en marcha nueve procesos de ordenamiento en comunidades de Cusco, Huánuco y Áncash.

Doris Guarda, representante del Ministerio del Ambiente (MINAM) ha resaltado la importancia del ordenamiento territorial como herramienta para articular el territorio de acuerdo a sus potencialidades y limitaciones, para el manejo sostenible del ambiente y promover el uso adecuado de los recursos naturales. Guarda reseñó que existen obstáculos como la falta de equipamiento y de recursos humanos en las regiones.

Más allá de estos obstáculos, especialistas como Rafael Salgado, ingeniero ambiental de ADG, señalan a la Ley 32030 como una de las mayores limitaciones para el ordenamiento territorial. “Esta ley quitó la categoría de vinculante a los procesos de OT.

Esto quiere decir que por más que mediante un Plan de Ordenamiento Territorial se defina que un área es de conservación, al no ser vinculante, el Estado tiene la posibilidad de omitir lo establecido”.

Al respecto, Doris Guarda afirma que el OT orienta la toma de decisiones, por ello, corresponde a los que lo implementan que tomen las acciones necesarias. Un punto con el que disiente Ana Leyva, directora de CooperAcción, pues considera que ordenar y planificar van de la mano, por lo que estos procesos deberían ser vinculantes.

Leyva recordó que en Perú determinados sectores económicos suscitan miedo hacia el ordenamiento territorial de manera injustificada pues estas políticas públicas están presentes en los países desarrollados que buscan promover el desarrollo de manera sostenible.

Carlos Cabrera, del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), identificó el ordenamiento territorial como uno de los ejes necesarios para elevar los estándares de desarrollo del país que busca incorporarse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Una mirada desde lo local

“La gestión del territorio de manera compartida y consensuada es un camino imprescindible para el desarrollo sostenible. El ordenamiento territorial comunal ha permitido un aprendizaje acumulado de saberes ancestrales para gestionar el territorio que no deberían obviarse en los procesos oficial”, explicó Pierre Rouschop, representante de ADG, en el foro celebrado hoy día Territorio, Gobierno y Comunidad: fortaleciendo el ordenamiento territorial desde lo local a lo nacional”.

 “Con este proceso hemos podido conocer nuestros recursos, nuestro espacio y la disponibilidad de los mismos. Nos ha permitido identificar de una manera más objetiva las necesidades que tenemos y mejorar nuestra calidad de gasto porque ahora invertimos en proyectos que sí nos propician desarrollo”, cuenta José Romero, alcalde del distrito de Shupluy, en Áncash.

Las comunidades participan de estos procesos que terminan por constituirse en experiencias fundamentales para la adaptación y mitigación del cambio climático; garantizar la soberanía alimentaria del país; y mejorar la redistribución y uso sostenible de los recursos naturales, además de contribuir a la reducción de los conflictos socioambientales.

Cirilio Romero, alcalde de Mirachi, Huánuco, defiende de manera enérgica la necesidad de impulsar el ordenamiento territorial. “Si a veces los pueblos no emergemos es porque desconocemos nuestras potencialidades, lógicamente no lo aprovechamos debidamente o hasta lo desaprovechamos y lo depredamos.

Por eso, creo que el ordenamiento ya debe establecerse como una política pública de estricto cumplimiento”. “Necesitamos una ley que permita articular mejor los diversos instrumentos de planificación territorial; ayude a fortalecer la consulta y participación de las comunidades y la ciudadanía local y contribuya al proceso de descentralización fortaleciendo la articulación comunidad-distrito-provincia-región, lo cual es fundamental para alcanzar mayores niveles de gobernabilidad”, comenta Alejandro Chirinos, sociólogo de ACPIc.

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Fuente: CooperAcción