El ingreso al evento de presentación de los estudios es libre, inscribiéndose en este formulario.

Servindi, 26 de abril, 2016.- La asociación Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) organiza el evento "Cambio Climático y Transformación de los Bosques; Desafíos para los Gobiernos Regionales Tras el Acuerdo de París”,

El evento se realizará el martes 26 de abril a partir de las 5:30 de la tarde en Sonesta Hotel El Olivar, situado en Pancho Fierro 194, San Isidro y servirá para que DAR presenta sus últimas investigaciones sobre Cambio de Uso de Suelos y Financiamiento Climático.

El evento contará con la presencia de: Fabiola Muñoz, Directora Ejecutiva del Servicio Nacional Forestal; Fisseha Abissa, Oficial de Operaciones del Fondo de Inversión Climática del Banco Mundial; Gustavo Suárez de Freitas, Director Ejecutivo del Programa Nacional de Bosques, y Jaime Fernández-Baca, Especialista de Cambio Climático del BID.

El certamen tiene la finalidad de brindar información de las responsabilidades asumidas por el Estado Peruano y la sociedad en conjunto. Es importante señalar, que el  Perú cuenta con más de 613 millones de dólares que proviene de fondos nacionales e internacionales para la Conservación de los Bosques en el Perú.

El Perú ocupa el tercer lugar de los países más vulnerable al Cambio Climático, sin embargo, destina solo la tercera parte de los Fondos climáticos Internacionales para enfrentar sus impactos.

Problemática de fondo

Es importante señalar que el Perú posee 69 millones de hectáreas de bosques húmedos amazónicos equivalentes a casi la mitad del territorio del país y constituyen la segunda reserva de carbono más extensa de Sudamérica. Sin embargo, dicha superficie de bosques disminuye a un ritmo promedio de 113 mil hectáreas por año.

Sin embargo, una concepción del siglo pasado que imaginaba los recursos forestales como despensas inagotables, dejó como herencia una maraña de más de 160 normas -algunas de ellas dadas hace 50 años- relacionadas al proceso de titulación de tierras en la Amazonía.

La concepción predominante era ver a la Amazonía como un terreno extenso apropiado para una masiva expansión agropecuaria, apunta una nota informativa de DAR.

Bajo esa normativa, las actividades que se pueden desarrollar en un área están en función a las posibilidades de aprovechamiento económico de la misma (capacidad de uso de esa tierra). Es decir que la adjudicación de tierras en la segunda reserva de carbono más extensa de Suramérica se realiza con criterios principalmente económicos y no ambientales

Por ejemplo, en un bosque en tierra que se ha definido como agropecuaria, la autoridad forestal permite al interesado la eliminación de hasta un 70% de su cobertura boscosa aun cuando resulta factible cambiar las características de la tierra, haciendo uso de abonos químicos y otras tecnologías con los que se pueda  justificar su uso con fines agropecuarios.

El desorden normativo, funciones poco claras entre las autoridades competentes, escasa valoración del recurso forestal, aunada a los intereses crecientes por impulsar actividades agropecuarias en Amazonía (palma aceitera, cacao, café y otros) facilitan el ingreso de grupos económicos que pueden aprovechar los vacíos legales para expandir sus plantaciones, reduciendo los bosques y generando conflictos socioambientales con las poblaciones locales.

DAR observa que se están generado modificaciones importantes en el paisaje amazónico: los bosques se van fragmentando, se crean “parches” que no se conectan entre sí; lo que origina la extinción de especies y el incremento en la incidencia de incendios forestales.

Se trata de nuevas amenazas que se deben abordar con un criterio de desarrollo económico sostenible, acorde con los desafíos que nos trae el cambio climático.

En este contexto, el gobierno peruano ha  estado trabajando para adaptar sus marcos institucionales, aumentado el financiamiento público y ha obtenido importantes fondos de la cooperación internacional con el objetivo de mejorar su gestión forestal y reducir la deforestación.

El año 2015 el Perú ha comprometido mediante (lo recolectado hasta la fecha, no lo ejecutado) acuerdos bilaterales y multilaterales fondos para bosques y cambio climático que en conjunto ascienden a US$ 613 millones.

El 72% de dicho financiamiento son donaciones y destacan los fondos que provendrían del gobierno de Noruega, que ascienden a US$ 300 millones. Del mismo modo, tras un análisis del presupuesto público, se encontró que el gobierno peruano ha cuadruplicado su gasto en estos rubros entre los años 2012-2015, llegando a alcanzar US$ 143 millones al final del periodo.

Sin embargo, hay mucho por mejorar en la gestión de esta nueva fuente de recursos financieros, señala DAR. El caso Loreto es ejemplificador. Esta región posee el 70% del total de los bosques del país, el 53% del stock de carbono nacional y en total captura el 32% del carbono de América del Sur.

Aun así, del total del financiamiento para bosques, tanto de origen nacional, como internacional, Loreto solo recibe S/. 0.28 por hectárea de bosque. Mientras que el promedio nacional está alrededor de los S/. 6.00  Este dato concreto nos sirve para plantear la pregunta de cómo debemos afrontar el reto de ejecutar los fondos climáticos mundiales derivados del nuevo Acuerdo de París.

Por supuesto que hay avances. Hay que continuar consolidando la institucionalidad ambiental. Fortalecer al nuevo SERFOR (1) y consolidar la institucionalización de la ENBCC (2) debe significar, en la práctica, el establecimiento de liderazgos compartidos entre los Ministerios de Agricultura, del Ambiente.

Solo así se puede iniciar una mejora en la ejecución de fondos climáticos; sin embargo nada esto llegará a buen puerto sino se involucra a los Gobiernos Regionales. Es paradójico pensar que la institucionalidad ambiental en formación, les asigna actividades y financiamiento sin  consultar ni pedir recomendaciones a pesar de que de ellos depende, implementar políticas derivadas de negociaciones tan lejanas y complejas como las que se llevaron a cabo en la COP21.

Notas:

(1) Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.

(2) Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático.