Servindi, 29 de octubre, 2015.- La aprobación de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 215/2000 por una comisión especial de la Cámara de Diputados, enardeció los ánimos de la población originaria que anunció que "paralizará el país" y con ello los primeros Juegos Mundiales de los Pueblos Indígenas que se desarrollan en el estado de Tocantins.

El rechazo se debe a que este proyecto propone que sea el Congreso Nacional y no el Ministerio de Justicia -como ocurre hasta ahora- el que tenga la responsabilidad final sobre la demarcación de tierras indígenas.

Dicha medida lo que lograría, señalan, es que se afecten procesos de demarcación en curso y, naturalmente, otros nuevos que se quieran iniciar.

El rechazo y temor de los originarios estaría justificado en los estrechos vínculos entre el grupo impulsor de la medida en el Congreso y los grandes terratenientes, reticentes estos últimos a que se reconozcan derechos a la población nativa.

Según informan algunos medios, nativos del pueblo Pataxó vienen tomando contacto con otras etnias para evitar el desarrollo de los Juegos y enviar una carta de reclamo a Brasilia, capital y sede del Gobierno. Señalaron así que no pueden unirse a las celebraciones deportivas cuando saben "que sus cabezas están en juego".

Por su parte, voceros del pueblo Tupi Guaraní dijeron estar seguros de que la referida ley no pasará a otras instancias, pero de hacerlo manifestaron que sí perjudicará a los pueblos indígenas. No descartaron que se tome una postura más fuerte en caso de que la medida llegue a última instancia.

Luego de su aprobación en una comisión especial del Legislativo, la norma espera ser votada en el pleno de la Cámara de Diputados y Senadores, con dos rondas en cada una. Para que entre en vigor, la propuesta debe ser aprobada por dos terceras partes en ambas cámaras.

Descomunal gasto

Por su parte, el Consejo Misionero Indigenista (CIMI) reforzó su crítica a los Juegos Mundiales de los Pueblos Indígenas (JMPI 2015), que se iniciaron el 24 de este mes y que culminarán este sábado.

Cuestionaron así el presupuesto destinado a su ejecución, así como su dudoso propósito de visibilizar la realidad y riqueza de los pueblos indígenas.

Según Carlos Amastha, alcalde de Palmas, ciudad donde se celebran los Juegos, el costo total de la organización del evento asciende a 25 millones de dólares; es decir, diez veces el monto destinado por el gobierno en 2014 a la regularización de tierras indígenas.

La promesa de la regularización

A fin de ofrecer un panorama completo de la situación, el CIMI publicó el informe “¿Quién gana? ¿Quién pierde?” (en portugués) en el que critica que los Juegos distorsionen la realidad.

Los Juegos “ofrecen diversión y divulgan ampliamente un evento ‘bonito’ para fingir que los pueblos indígenas viven bien en Brasil y tienen sus derechos respetados”, se logra leer en una de sus páginas.

La publicación incide en que de los 1061 territorios reivindicados por las poblaciones originarias, desde la transición democrática en 1985, solo se han culminado 361 expedientes de regularización.

Sin olvidar las lamentables cifras de violencia contra pueblos indígenas que dejó el 2014: 138 homicidios, 31 intentos de asesinato, 785 infantes fallecidos, 21 muertes por inasistencia de salud, 135 suicidios y 84 invasiones de tierras.

Otro punto tiene que ver con las medidas impulsadas por Katia Abreu, ministra de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, que -señala la publicación- promueven la expulsión masiva de indígenas de sus territorios tradicionales y quilombos.

En ese marco, la Unión de Caciques Kraho cuestionó la participación de sus hermanos indígenas en los Juegos que promueve el gobierno, al cual se le acusa de promover el genocidio de los parientes Guaraní-Kaiowa en Mato Grosso do Sul y en otras regiones.

“¿Cómo podemos participar de un evento promovido por la señora Katia Abreu, una de las responsables del avance del movimiento anti-indígena en nuestro país?”, objetó.