¿Cuál es la realidad del gobierno de Evo Morales? ¿Es coherente su discurso de respeto a la Madre Tierra, el ambiente y los derechos de los indígenas? Una entrevista de Servindi sobre temas sustanciales nos brinda pistas esclarecedoras sobre lo que ocurre de veras en Bolivia.
Por Jonathan Hurtado
Servindi, 21 de octubre, 2015.- Hernán Ávila Montaño es sociólogo. Desde inicios del año 2013, ocupa el cargo de director ejecutivo del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) de Bolivia. Por aquel entonces ya tenía más de un década acompañando los procesos reivindicativos de las organizaciones indígenas y campesinas de tierras bajas de ese país.
En 2011, en el marco de la VIII Marcha en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), cuando Evo Morales llevaba un periodo en el gobierno, Ávila fue violentamente reprimido debido al apoyo que brindaba a las organizaciones indígenas.
Hoy el CEJIS, al igual que otras organizaciones defensoras de los derechos humanos en Bolivia, ve peligrar su funcionamiento por causa del gobierno.
Según explicó Ávila, en entrevista con Servindi, el Gobierno viene aprobando una serie de medidas que tendrían como fin doblegar la voluntad de dichas organizaciones, condicionar su opinión y evitar que el movimiento indígena campesino tenga la información para cuestionar al gobierno.
Sobre este tema y otros conversamos con el representante del CEJIS aprovechando una breve visita a La Paz, a mediados de mes, para tratar temas de derechos humanos, áreas protegidas e industrias extractivas. A continuación el diálogo sostenido:
- ¿Cómo evalúa el gobierno de Evo Morales? ¿Qué concepto tenían de él cuando llegó al poder y qué concepto tienen ahora?
El gobierno de Morales es fruto de una acumulación histórica de los movimientos sociales, urbanos, rurales, indígenas, campesinos. Después de la crisis que provoca el neoliberalismo, el pueblo boliviano, que tiene una tradición organizativa muy importante, logra proyectar una agenda nacional sobre temas estratégicos para Bolivia. Esta agenda consensuada no se entendería sin las movilizaciones previas, de lucha, de reivindicación por el agua, por la tierra, por la Asamblea Constituyente.
Morales entonces termina en el poder gracias a toda esta movilización. Ahora, el punto está en que una vez en el poder se inicia la Asamblea Constituyente en Bolivia, pero es una asamblea que no era parte de la agenda del partido de gobierno, más bien era una agenda de los movimientos sociales, que no podía evadir.
Entonces abre la Asamblea Constituyente. Los movimientos sociales están activamente movilizados, participando de este proceso, que lo concebía como algo propio. Pero el poder constituido de alguna manera estaba por detrás, como que vigilando que las cosas no se rebasen. Lo que ocurre cuando termina la Asamblea Constituyente es que el poder constituido se apropia del poder constituyente; los movimientos sociales delegan o encargan o dejan al poder constituido que se encargue de profundizar las transformaciones que habían logrado alcanzar.
Lo que está demostrado es que el poder constituido es incapaz de autotransformarse. O sea son los movimientos sociales los que debieron haber continuado en el mismo ímpetu profundizando el proceso que habían planteado con la nueva Constitución. Pero no, se deja al poder constituido y el poder constituido lo que hace en el fondo es replicar las viejas lógicas de manejo y gestión del poder, en vez de aplicar lo que la Asamblea y en la Constitución propone: un nuevo Estado Plurinacional que debería superar las viejas taras del colonialismo, de la exclusión. Al final terminan reproduciéndolas en la gestión del poder.
Lo más triste no es que replica las viejas lógicas del manejo del poder, sino que terminan aliados con los sectores conservadores y en este momento dentro del gobierno los partidos tradicionales se han reciclado ahí y los sectores más combativos están siendo ahora perseguidos.
- En cuanto al tema del extractivismo en Bolivia, y tomando como referencia lo dicho por usted más temprano, ¿se puede decir que el extractivismo campea en el país?
Sí. A pesar de que hay una economía con alta incidencia del Estado; es decir, el Estado participa en sectores estratégicos de la economía como los hidrocarburos, pero en el fondo detrás de estos intereses, de estos negocios, como el petróleo, están las transnacionales.
Y claro, la situación lo que nos da a entender es que los gobiernos "progresistas" de la región se han convertido para el capital transnacional, para los intereses capitalistas, en los mejores operadores. Porque resulta que lo primero que hacen estos gobiernos es neutralizar, debilitar y hacer desaparecer a gran parte de su sociedad civil.
Entonces, al no existir una sociedad civil crítica frente a los intereses transnacionales, no hay oposición. Por tanto, sus capitales están totalmente garantizados para generar las ganancias... están viviendo un paraíso en países como los nuestros.
- ¿Cómo así se estaría dando la participación de las transnacionales que señala?
Son intereses económicos grandes. Primero, Bolivia tiene un discurso nacionalista, tiene una agenda patriótica que le llaman, que es una propuesta de plan muy interesante que responde a todo el discurso y los planteamientos del movimiento indígena campesino. El tema es que ese es su plan al 2025, pero cuando observas lo que están haciendo en términos de legislación, hacen exactamente lo contrario.
Por ejemplo, en la agenda dicen que van a erradicar progresivamente el extractivismo porque esa es una herencia del colonialismo. ¿Pero qué están haciendo? Están legislando para allanar el camino a la inversión extranjera transnacional sobre hidrocarburos, sobre minería. En este momento se acaban de aprobar decretos que viabilizan las operaciones y que prácticamente dejan de lado los derechos que se convierten en resguardo de ciertas garantías, lo dejan de lado como la consulta, como el de la participación indígena en el monitoreo, o como el tema minero.
Yo no te puedo dar nombres de qué transnacionales o qué capitales están, pero te puedo decir con mucha certeza las políticas que benefician a la inversión extranjera, donde inclusive se le está liberando de responsabilidad sobre los efectos que pueda causar en la ley de inversiones sobre los capitales que puedan traer.
- El gobierno acaba de realizar una cumbre sobre cambio climático, ¿en la realidad qué tan interesado está el Gobierno en enfrentar este fenómeno?
Hay un discurso para la prensa y para la comunidad internacional de defensa de los derechos humanos, de defensa de los pueblos indígenas, de la Madre Tierra, etcétera, un discurso contra las transnacionales, contra el capitalismo; pero hacia dentro las políticas que se hacen son exactamente lo contrario.
Se impulsa, por ejemplo, la agroindustria, que no tienen ningún beneficio real para el pueblo boliviano; se impulsan actividades vinculadas a los intereses transnacionales, entonces es una contradicción absoluta, lamentablemente.
Se habla de defender la Madre Tierra, los bosques. Sin embargo, acaban de aprobar una ley donde se amplía el desbosque de 5 a 20 hectáreas por parcela, por familia; o se hace un acuerdo con los sectores agroindustriales para habilitar un millón de hectáreas por año para la producción agrícola. Entonces hay un conjunto de medidas, entre otras, vinculadas a la ley agraria que coartan la posibilidad de la redistribución de la tierra, por ejemplo.
Hay un discurso muy bonito, lírico hacia afuera y hay una acción totalmente contraria hacia adentro. Es una especie de hipocresía total.
- ¿Cuál es la situación de las organizaciones indígenas? ¿Se ha afectado la unidad?
Creo que las organizaciones están totalmente debilitadas, no solo las indígenas, también las de otros sectores de la sociedad civil, incluyendo las oenegés y otros defensores de derechos humanos. El caso de las oenegés va por la línea de buscar restricciones administrativas, jurídicas financieras desde el Estado; amenazando, por ejemplo, a las agencias que nos financian. A los pueblos indígenas les afecta eso directamente porque es dejarlos en indefensión, quitarles la posibilidad de contar con asesoramiento político y técnico, sobre los temas estratégicos que ellos deben debatir.
En este momento se han aprobado, por ejemplo, un conjunto de normas agrarias contrarias al movimiento indígena y campesino en Bolivia, pero no hay una capacidad de respuesta técnica, porque las oenegés están totalmente censuradas y, en algunos casos, autocensuradas, y con muy poca posibilidad de acción, ya no cuentan con recursos.
- ¿Qué tipo de presión ha sufrido el CEJIS de parte del Gobierno?
Nosotros tenemos un conjunto de notificaciones de instancias del Estado. Han buscado hasta documentación del año 1988, de hace más de 25 años, para decir que no hemos cumplido con algunas obligaciones laborales con nuestros trabajadores, cuando saben que no podemos probar eso porque toda la documentación que teníamos ha sido quemada por los grupos reaccionarios de la ultraderecha en Bolivia por defender a este gobierno.
El CEJIS (la sede de Santa Cruz) fue quemado e intervenido el año 2008, justamente porque estábamos al lado del proceso de cambio, y ahora es el mismo gobierno el que nos saca con esas entidades, que nos pide respaldo cuando saben que por defenderlos a ellos no tenemos en este momento los documentos.
Hemos entregado el informe de 60 proyectos llenados en sus formularios (del gobierno) y tenemos que entregar cada seis meses información de los ingresos y egresos de todo, además de los regulares y ordinarios que siempre hacemos, que es parte de la ley de la que somos respetuosos; pero se van inventando cosas para seguir presionándonos. Está la Ley 351 de adecuación de las personerías jurídicas, que es una ley dirigida a establecer los mecanismos de cómo disolver en el fondo a las oenegés.
Es decir, en los estatutos, los únicos que pueden disolver nuestra organización es la asamblea máxima, pero con esta ley no. Esta ley establece algunos mecanismos para que sea el Gobierno a partir de alguna acción, la que pueda disolver. Entonces en el fondo está esto. Está la búsqueda de doblegar nuestra voluntad, condicionar nuestra opinión y evitar que el movimiento indígena y campesino tenga la información para cuestionar las atrocidades que se están cometiendo en cuanto a sus derechos. Eso es lo que está por detrás.