Nativos achuar y quechuas en el aeródromo de Andoas. Acusan fraude en la consulta previa por el Lote 192. Hoy jueves cumplen seis días de protesta. Foto: Puinamudt

- A propósito de las declaraciones de la viceministra de Interculturalidad

Por Ana Leyva V.

17 de setiembre, 2015.- Llama la atención que la viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, ofrezca declaraciones sobre el proceso de consulta previa en el Lote 192,  que en estricto no se ajustan a la verdad.

La viceministra ha señalado que “Nadie creía que iba a haber consulta previa en el 192, pero en medio de todas las dificultades se logró. No llegamos a acuerdos con todos, pero sí con la mitad (de representantes). El proceso tiene legitimidad”.

Estas declaraciones no reflejan lo que realmente ocurrió en el proceso de consulta, y genera cierta desazón, porque provienen precisamente de la representante de la entidad encargada de velar por el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y en particular, del derecho a la consulta previa.

Viceministra  Patricia Balbuena. Foto: Servindi

A continuación presentamos algunos de los aspectos más preocupantes de las declaraciones de la viceministra:

1.- La viceministra Balbuena ha dado a  entender  que se ha llevado a cabo un  proceso de consulta, cuando en realidad fue manejado como si existieran tres procesos paralelos: en dos se llegaron a acuerdos y en el tercero se dio por concluido el proceso cuando la etapa de diálogo apenas comenzaba.

Recordemos que en el caso del lote 192 son tres cuencas (Pastaza, Corrientes y Tigre) y tres pueblos (Quechua, Achuar y Quichua) los afectados. Estos pueblos estaban representados inicialmente por tres  federaciones: FEDIQUEP, FECONACO y FECONAT, respectivamente.

Cuatro meses antes de iniciarse la consulta se creó una nueva federación (ORIAP), que tiene como miembros una comunidad y media, ubicada en la cuenca del Pastaza. Todas las demás comunidades del Pastaza son parte de FEDIQUEP.

Hasta antes de la consulta las tres federaciones más importantes estuvieron coordinando sus agendas. FECONAT, tomó distancia debido a que el Estado consignó a ORIAP como federación dentro de su propuesta de plan de consulta. FECONAT hizo pública su molestia y decidió no asistir a la reunión preparatoria de la consulta previa donde se debía aprobar el plan de consulta.  Posteriormente, se supo que el Estado inició un proceso paralelo con las comunidades de FECONAT, para lo cual también aprobó  un plan de consulta.

Por su lado, ORIAP exigió ser reconocida como federación, pero las comunidades del Pastaza y del Corrientes cuestionaron su legitimidad. Para salir del impasse y demostrando voluntad de diálogo, estas últimas plantearon que la participación fuera por comunidades. ORIAP no aceptó y el Estado acordó abrir  con ella un diálogo por separado.

Se debe precisar que las consultas concluidas, cuyos acuerdos cita la viceministra en sus declaraciones, son las realizadas con las comunidades de FECONAT y ORIAP.

2.- La viceministra señala que FECONAT y ORIAP son el 50% de las comunidades afectadas. Esto tampoco es cierto.

La mayoría de comunidades afectadas por la actividad y la mayor cantidad de instalaciones petroleras (casi el 80%) se encuentra en territorio achuar del Corrientes y quechua del Pastaza. Tal afirmación se puede corroborar  en el Informe  411-2014-OEFA-DS-HID, que permite observar que de las 13 baterías productoras de fluidos del Lote 192 (antes 1AB), solo dos se ubican dentro las tierras de comunidades con las que se llegó a acuerdos.

3.- Es falso afirmar que en el diálogo entre el Estado y  las federaciones FEDIQUEP y FECONACO no se llegaron a acuerdos. Lo que ocurrió realmente es que el Estado dio por concluida la  etapa de diálogo  cuando éste apenas comenzaba.

La finalidad de la consulta es llegar acuerdos sobre la medida administrativa o legislativa que puede afectar derechos indígenas. Esto no quiere decir  que los acuerdos se tengan que producir necesariamente, pero sí que la voluntad de alcanzarlos debe darse entre las partes.

Lo que viene denunciando FEDIQUEP y FECONACO fue que la etapa de diálogo apenas se inició y que por lo tanto no hubo la posibilidad de consolidar acuerdos. Recapitulemos los hechos:

• El día 14 de julio, en la ciudad de Iquitos debió empezar la etapa de diálogo. Sin embargo, los representantes del Estado pidieron postergar la reunión para esperar la llegada de la Ministra de Energía y Minas de Lima.
• El 17 se instaló la reunión, sin la llegada de la ministra y sin que se tuviera respuesta a las principales propuestas de las comunidades, por lo que estas decidieron esperar la respuesta en Iquitos hasta el día 23 de julio. En esa fecha, el Estado aún no tenía respuestas a los temas pendientes, por lo que una vez más pidieron postergar la reunión hasta el día 14 de agosto. A solicitud de las comunidades se acordó que los equipos técnicos de ambas partes, trabajaran para acercar posiciones.
• El día 14 de agosto, en que se debía retomar la etapa de diálogo, el Estado sorprendió a las comunidades de FEDIQUEP y FECONACO reuniéndolas con las comunidades de las otras federaciones (FECONAT y ORIAP), con quienes ya tenían acuerdos logrados y solo un punto pendiente: el tema de beneficios directos por la explotación petrolera.
• Luego de lo ocurrido, y pese a las declaraciones de la viceministra que parecían dar por terminada la consulta, las comunidades de FEDIQUEP y FECONACO expresaron públicamente su voluntad de que el diálogo se retome. Ante ello, el Ministerio de Energía y Minas inicialmente abrió esa posibilidad, pero días más tarde cuando ya se tenía una fecha planteada y se realizaban coordinaciones para la realización de la reunión,  decidió, a través de un oficio, dar por concluida la etapa de diálogo.

Tal como ocurrieron los hechos, podemos decir, que el Estado no mostró buena fe, ni  flexibilidad. Es más forzó un acuerdo, pero sobre todo, en el caso de las comunidades de FEDIQUEP y FECONACO no hizo lo necesario para que el diálogo se retomara y  se llegaran a acuerdos o se consiguiera el consentimiento. Todo ello vicia de nulidad la decisión adoptada.

Ante lo ocurrido las comunidades de las cuencas del Pastaza y del Corrientes han impugnado administrativamente la medida adoptada y vienen tomando medidas de fuerza para hacerse escuchar. Quieren que se reabra el proceso de consulta para tratar:

• Titulación de sus tierras y el compromiso de no establecer servidumbres gratuitas sobre ellas. Asesoría técnica para el establecimiento de las compensaciones por las servidumbres.
• Nuevos estudios ambientales para los pozos en producción. Estudios ambientales y medidas de seguridad para los pozos de re-inyección del agua de producción.
• Financiamiento de los monitoreos ambientales comunitarios, con fondos distintos a los del fideicomiso.
• Un fondo fideicomiso para el desarrollo de las comunidades afectadas de 2.5% del valor de la producción fiscalizable o de 10 millones de soles por año, para las comunidades de cada cuenca.
• Que el Ministerio de Energía y Minas cumpla con asignar el presupuesto para la ONU a fin de que realice el estudio sobre remediación, según lo acordado en el acta del 10 de marzo.
• La implementación del estudio de salud y del plan de salud integral comprometidos en el acta del 10 de marzo.

Estas propuestas intentan modificar más de 45 años de explotación petrolera con graves impactos ambientales y sociales, pero también, superar la casi inexistente presencia del Estado en la zona y que se proteja el ambiente y  los derechos de las comunidades indígenas.

En otras palabras intentan establecer una relación más respetuosa entre quien explota el lote y su entorno y  hacer de la presencia del Estado una real garantía de los derechos de las comunidades y de la naturaleza.

Hasta el momento  estas demandas aún siguen pendientes, por lo que lamentablemente la consulta previa en el lote 192, constituye un nuevo desencuentro entre el Estado y las comunidades indígenas que aún se puede remediar con voluntad política.