Servindi, 3 de agosto, 2015.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.

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Mundo Indígena Perú - 3 de agosto de 2015

Omisiones presidenciales. En su último mensaje a la nación, el presidente de la República, Ollanta Humala, no hizo referencia alguna a las políticas ambientales que vaya a aplicar su gobierno en el año que le queda.

Asimismo, tampoco mencionó los avances -si los hay- en la implementación de la Consulta Previa, y menos anunció cuándo estará totalmente operativo el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace), órgano que concentrará todas las funciones referidas a permisos ambientales.

Otro punto que el presidente no aclaró fue qué ocurrirá con los conflictos socioambientales que actualmente tienen lugar en el país, como es el caso del conflicto por el proyecto Tía María, en Arequipa.

Tampoco se refirió sobre el futuro del Lote 192 ubicado en la región de Loreto, y cuya licitación con la empresa Pluspetrol Norte vence dentro de pocas semanas.

Contacto “controlado”. De manera categórica, la Federación Nativa del Río Madre de Dios y afluentes (Fenamad) y expertos en el tema de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, rechazaron el plan de contacto “controlado” anunciado por el Viceministerio de Interculturalidad.

Según dicha oficina, el citado plan, que afectará directamente a los indígenas aislados Mashco Piro de la selva sur del país, se inició debido a los reiterados avistamientos y encuentros entre indígenas aislados y comunidades en Madre de Dios.

Al respecto, la Fenamad expresó su extrañeza y preocupación ya que la viceministra Patricia Balbuena nunca habló de esta medida a pesar de las reuniones celebradas en Lima para tratar el tema de los pueblos en aislamiento.

Por su parte, Beatriz Huertas, antropóloga especialista en el tema, sostuvo que todo contacto, así sea “controlado”, acarrea el riesgo de colocar a los Mashco Piro en una situación de mayor vulnerabilidad inmunológica, social, cultural y política.

Tía María. Dirigentes sociales de la provincia arequipeña de Islay advirtieron que a la fecha desconocen el reinicio del diálogo con el Estado por el proyecto minero Tía María, de la empresa Southern Perú.

Así lo sostuvieron luego de que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) anunció que esta semana se retomarán las mesas de diálogo para debatir la viabilidad del proyecto minero en la citada provincia.

Jesús Cornejo, presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, señaló que no les llegó ninguna invitación para que participen en estas mesas. “No tenemos conocimiento de la llegada de los ministros”, sostuvo.

En tanto que Marilú Marroquín, presidenta de la Junta de Usuarios de La Ensenada - Mejía– Mollendo, tampoco conoce que el Gobierno retome estos espacios.

Lote 192. El abogado Henry Carhuatocto, del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS), consideró que la consulta previa del lote petrolero 192, es un proceso histórico porque implica un rediseño del contrato para beneficio de los indígenas.

El jurista que asesora las federaciones de las cuencas de los ríos Pastaza y Corrientes, cuestionó que el Estado no cuente hasta hoy con una respuesta a las propuestas de los pueblos presentadas en el marco de la Etapa de diálogo de la consulta previa.

Asimismo, consideró incomprensible que el Gobierno no haya respondido a la solicitud de las federaciones de que se establezca la creación de un fondo social de 1000 millones de dólares en el nuevo contrato.

Entre otras cosas, señaló también que la empresa que ingrese y pida sus servidumbres tiene que respetar la propiedad indígena, lo que implica que no haga uso de la Ley 30327.

Proyectos sin consulta. El exviceministro de Gestión Ambiental, José de Echave, denunció que funcionarios del Ministerio de Energía y Minas violaron la Ley de Consulta Previa para favorecer a 25 empresas mineras que ya están operando en distintos puntos del país.

Esto a raíz de que el Gobierno mantuvo oculta la base de datos de comunidades indígenas para evitar así que aquellas que se ubican sobre las zonas de los proyectos mineros sean consultadas.

En torno al conflicto por el proyecto Tía María en Arequipa, De Echave advirtió que la empresa Southern Perú aún no ha levantado las observaciones hechas por la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS) a su primer estudio de impacto ambiental.

Demanda de amparo. La comunidad campesina de Huisa, afectada por la minería en la provincia de Espinar, región Cusco, interpuso una demanda de amparo contra el Ministerio de Energía y Minas, la Dirección General de Asuntos Ambientales, y el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet).

Esto debido a la sistemática omisión de consultar la expedición de concesiones mineras, así como la exploración minera y la aprobación de estudios de Impacto ambiental en su territorio.

La comunidad pide se declare la nulidad de los actos administrativos no consultados y se ordene al Ministerio de Energía y Minas y al Ingemmet realizar un proceso de consulta previa, libre e informada.

Pasivos ambientales. El pasado 15 de julio, la Defensoría del Pueblo presentó el informe ¡Un llamado a la remediación! Avances y pendientes en la gestión estatal frente a los pasivos ambientales mineros e hidrocarburos.

En este el organismo constitucional autónomo advierte de la presencia de más de 4 mil pasivos de alto riesgo en todo el país, los cuales mantienen en situación de peligro a la población que se ubica en la zona y los alrededores.

Durante la presentación, el defensor del Pueblo Eduardo Vega Luna señaló que las “empresas que no remedian los daños ambientales que generaron no deben mantener concesiones vigentes, ni mucho menos tener nuevas concesiones”.

Igualmente, hizo énfasis en que la Ley Nº 30230, conocida como el “paquetazo antiambiental”, limita las funciones de supervisión y fiscalización por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).