Irene Horejs, embajadora de la Unión Europea en el Perú. Imagen: Andina
- Organizaciones de la sociedad civil rechazan "campaña de difamación" que pretende involucrarlas como promotoras de conflictos sociales.
Servindi, 18 de junio, 2015.- La embajadora de la Unión Europea Irene Horejs pidió al Estado peruano evitar dar crédito a las acusaciones de algunos medios informativos acerca del supuesto financiamiento de organizaciones no gubernamentales (ONG) a personas o colectivos relacionadas a los conflictos sociales, como el de Tía María.
Mediante una carta enviada a la ministra de Relaciones Exteriores del Perú, Ana María Sánchez, destacó su apoyo a la sociedad civil peruana a través del respaldo a las instituciones encargadas de promover desarrollo. Además, aseguró que el financiamiento es fiscalizado por sus propias agencias de cooperación así como la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
Ante esto, la representación europea mencionó que “la atribución sumaria y sin pruebas de la responsabilidad de un conflicto social a ONG europeas no solo sería injusta sino que podría llevar a opacar la comprensión del conflicto”.
Aunque este documento fue enviado el 25 de mayo del 2015, recién se hizo público hace unos días a través de un artículo del periodista Marco Sifuentes.
Oenegés rechazan ser promotores de conflictos sociales
De otro lado, el lunes 15 de junio, representantes y directores de diversas oenegés afiliadas a la Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC), expresaron su discrepancia a lo que consideran una “campaña de difamación” por parte de un sector del gobierno y formulada por un grupo de la prensa nacional.
Julia Cuadros Falla, directora ejecutiva de CooperAcción y presidenta de la ANC declaró que las oenegés trabajan más de 50 años en el país en temas como educación, salud, ambiente, trabajo, juventud, entre otros, y desmintió que los fondos que reciban para estas actividades se destinen a financiar conflictos sociales.
Piden derogación de Resolución Directoral
Asimismo, las entidades civiles expresaron que la Resolución Directoral (RD) Nº 085-2015/APCI-DE, aprobada el 19 de mayo, es parte de una campaña del Estado peruano para colocar obstáculos en las acciones de las oenegés nacionales y extranjeras.
Explicaron que se envió un documento a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), pidiendo la revisión de tal resolución que modifica la Directiva que define los procedimientos de registro de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) y Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional (ENIEX).
Los representantes de las oenegés desaprueban que la norma comprenda una nueva definición de “supervisión”, además de la exigencia de fiscalización por la APCI como condición para la renovación de la inscripción.
Ante esta situación, la representante de la ANC, aclaró que las ONG respetan y promueven la fiscalización; no obstante indicó que “no se puede utilizar a un organismo público para intentar acallar aquellas instituciones y organizaciones que le son incómodas a cualquier actor, ya sea gubernamental o privado”.
Siete organizaciones bajo lupa
Julia Cuadros también confirmó que actualmente siete organizaciones ambientalistas, pertenecientes a la Red Muqui han entrado en este proceso de supervisión, luego de criticar y analizar el proceso del conflicto por el proyecto cuprífero Tía María en Arequipa.
La situación es considerada como una amenaza de cierre de la organización para que continúen ejerciendo sus investigaciones acerca de los impactos ambientales de las actividades extractivas.
Por ello, remarcó que sostendrá reuniones con la directora de la APCI, Rosa Herrera Acosta y la ministra de Relaciones Exteriores, Ana María Sánchez Vargas, durante esta semana.
“Hoy quienes están cuestionados son los políticos”
Glatzer Tuesta, director del Instituto de Defensa Legal (IDL), también cuestionó al Estado y a la clase política por su incapacidad de resolver problemas que terminan convirtiéndose en conflictos sociales.
Tuesta recordó que “quienes hoy están cuestionados por no rendir cuentas, porque no se sabe de dónde viene la plata que usan para sus campañas son los políticos. De repente creen que todos somos de su condición y quieren cargarnos a nosotros de esa responsabilidad” expresó.
Por su parte, Eduardo Ballón, representante del Grupo Propuesta Ciudadana, opinó que en el país, es posible que una oenegé esté implicada en actos de corrupción, no obstante aclaró que sí existen mecanismos claramente establecidos para su sanción.
“No hay ningún derecho a sospechar de corrupción de todo un sector, en un estilo bárbaro, equivalente a sospechar que todos los directivos de la CONFIEP evaden impuestos porque su vicepresidente lo hizo".
"Tampoco se puede afirmar que todos los congresistas de la República roban el sueldo de sus funcionarios y trabajadores porque dos congresistas han sido sancionados por ese delito” indicó.
