Servindi, 21 de mayo, 2015.- El Colegio Médico del Perú demandó al Gobierno actuar con responsabilidad ambiental  y  revisar las leyes que afectan al medio ambiente y comunidades y que fueron  emitidas bajo la “supuesta intención de promover la inversión” .

La exigencia fue hecha a través de un pronunciamiento publicado el 17 de mayo por la referida institución, en el que además demanda al Gobierno una política medioambiental responsable, así como el cese de la violencia y la corrupción.

El documento publicado en el diario La República, solicita al Gobierno acciones de protección y no solo palabras, para mejorar la calidad de vida de la población.

El Colegio Médico consideró que los conflictos sociales ocurridos en Espinar (Cuzco), Pichanaki (Junín) y Tía María (Arequipa)  son el reflejo de la desconfianza de la población ante la falta de un política medioambiental responsable.

Asimismo, denunció graves deficiencias cometidas por el Estado en el manejo de cada uno de los casos referidos.

Espinar

El Colegio denunció que las comunidades de Espinar continúan expuestas a “agentes químicos provenientes de la actividad minera con consecuencias sobre la vida y la salud de la población”.

Señaló también que no ha recibido respuesta del Ministerio de Salud al pedido de información que le hizo sobre su intervención en el caso.

Indicó que la mesa de diálogo instalada por el Gobierno tras el violento conflicto socioambiental del año 2012 no se desarrolló de acuerdo a las “normas, procesos y actividades establecidos en la Constitución”.

Pichanaki

En el pronunciamiento, el Colegio Médico lamentó la “casi nula preocupación del Estado por los problemas medioambientales de nuestras poblaciones”.

Denunció que las empresas petroleras afectaron de forma irreparable una importante zona agrícola en Pichanaki  y no paliaron las deficientes condiciones sanitarias.

“Las autoridades deben explicar el contraste entre los supuestos beneficios de la actividad extractiva, las sustancias contaminantes y la grave postergación sanitaria”, afirmó.

Tía María

La institución consideró que la militarización de la provincia de Islay y la declaración de “estado de emergencia” no son el camino para “acallar la indignación popular”.

Señaló que dada la vulnerabilidad de la zona agrícola del Valle de Tambo,  el Gobierno debe desarrollar una plena voluntad de diálogo, evitar la violencia y respetar el parecer de sus habitantes.

Finalmente, el Colegio Médico demandó al Estado revisar la reciente normatividad relacionada al medio ambiente que “protege los intereses de grupos económicos” bajo la “supuesta intención de promover la inversión”.

Aseguró que bajo dichas normas se aprueban proyectos que afectan el ecosistema y “contravienen sin un diálogo honesto la voluntad de las comunidades”.

Consideró que es necesario trazar un nuevo rumbo “a mediano y largo plazo”  hacia un país más armónico que cuide la naturaleza y proteja a las comunidades.