Servindi, 28 de abril, 2015.- El hecho de que la Policía Nacional del Perú opera al servicio de las empresas mineras fue denunciado en diciembre de 2013 en un informe que señala la existencia de convenios secretos que atentan contra la independencia de las fuerzas de seguridad pública en una practica similar al mercenarismo.

Se trata del informe: Policía mercenaria al servicio de las Empresas Mineras publicado el 2 de diciembre de 2013 y que hoy cobra especial actualidad en vista del celo policial por reprimir la protesta de agricultores contra el proyecto minero Tía María.

Aún la ciudadanía se encuentra consternada por la difusión de un vídeo que muestra a un efectivo policial colocando un arma punzo cortante en la mano de un agricultor detenido.

Un fotógrafo del diario El Comercio registró la imagen la cual horas después aparece en el portal del diario Correo, del mismo grupo editorial, mostrándo al agricultor como un agresivo y violentista "anti minero".

Una vez que el ardid policial fue develado ha provocado una ola de indignación en la población que el día de ayer se movilizó numerosamente en Lima y Arequipa en solidaridad con los agricultores del Valle de Tambo y en rechazo al proyecto minero y la actuación policial.

El informe sobre la mercenarización de la policía

El informe sobre el actuar policial fue elaborado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Asociación para los Pueblos Amenazados, Derechos Humanos Sin Fronteras y el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides).

Argumenta cómo esos convenios socavan el monopolio del uso de la fuerza por Estado y lejos de contribuir a la solución pacífica de los conflictos, agudiza la violencia y produce severas vulneraciones de los derechos humanos.

Así sucedió en los conflictos con minera Yanacocha en Cajamarca y con la minera Xstrata Tintaya en Espinar, Cusco, y hacen presumir que se dicho contubernio se esté repitiendo en el caso de la empresa Southern en Arequipa.

En Cajamarca y Espinar las protestas ciudadanas fueron respondidas con una represión muy violenta, y detrás de la acción policial existen convenios entre la Policía Nacional y las empresas mineras.

Las cuatro organizaciones exigen la inmediata anulación de los convenios entre las fuerzas de seguridad peruanas y las empresas mineras y exigen al gobierno respetar los derechos de la población y garantizar su protección. Asimismo, demandan la instalación de una Comisión de la Verdad sobre los derechos humanos y la minería en el Perú.

La colaboración de la PNP con las empresas mineras contradice las directrices para la Economía y los Derechos Humanos, así como los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, dos iniciativas internacionales impulsadas por las Naciones Unidas.

Acceda al informe completo con un clic en los siguientes enlaces: